Los casos evaluados son unos seis en la ciudad y se evalúa iniciar un amparo judicial que contemple esos casos sin resolución, mientras que desde el FpV reconocieron que se desconoce la cifra exacta de rechazos porque coexisten distintas cuestiones como estar contemplados en amparos familiares o patologías.

En tanto, la abogada Patricia Dolagaray aseguró que "en algunos casos, con pedir el desarchivo y agregar documentación, se podrá rehabilitar el beneficio; en otros casos, como está vigente un decreto del '97 que establece ciertas pautas para el otorgamiento, habría que realizar un amparo para declarar la inconstitucionalidad y obtener el beneficio".

Por su parte, el edil macrista Horacio Espeluse se comprometió a gestionar los casos puntuales junto a la dependencia local del Ministerio de Desarrollo Social. "Todas las situaciones son atendibles, tomamos los planteos y ver cómo podemos ayudar. No está en nuestras manos, pero sí colaborar y hacer las gestiones necesarias", completó.