Paralelamente al inicio de sumario administrativo contra ocho penitenciarios, se conoció que el grupo buscó el apoyo profesional para enfrentar la situación que, por ahora y de acuerdo a lo denunciado, los coloca en un "incumplimiento de sus deberes".

Oficialmente se informó que mediante Resolución 187, "la Inspección General de Seguridad ordenó la apertura de sumario administrativo a ocho agentes penitenciarios por infracción e incumplimientos de sus deberes".

Inmediatamente se agrega que el organismo (integrado por un director de cada fuerza política con representación legislativa) ha ordenado "la apertura de sumario administrativo al adjuntor Luis Mauricio Pelegrina Martínez; al suboficial subayudante Juan Carlos Sosa Villanueva; al suboficial subayudante Mario Alfredo Morales Ortiz; al suboficial ayudante Leonardo Martín Burgos; al agente Fernando Gabriel Calderón Cichinelli; al agente Pablo Miguel Berardo Montenegro; subayudante Alfredo Gabriel Gómez Zabala y a la agente Mariel Fernanda Sáez Ampuero", para finalizar señalando que el IGS investiga a estos penitenciarios basados en el artículo 10 de la Constitución y por el artículo 8, incisos a, c y e de artículo 8, de la Ley 7.493 (NR: estos artículos hablan de cumplir fielmente la Constitución Nacional, Provincial y demás leyes y reglamentos, las disposiciones y órdenes de sus superiores jerárquicos, dados por éstos conforme a sus atribuciones y competencia; Someterse al régimen disciplinario y observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa).

Amparo

El personal fue notificado ayer a la misma hora en que se hacía público el decreto, es decir a las 14.

Desde hace tiempo, empleados, profesionales y no profesionales con prestación en el Servicio Penitenciario, buscaron el asesoramiento de un estudio de abogados.

Asesoramiento legal

Así, la doctora Laura Rodríguez Galante, quien venía asesorando a este grupo de penitenciarios, destacó que éste reclamo que tomó estado público es el último de una serie hechos con anterioridad en sede administrativa, los que han sido rechazados en forma sistemática, infundada y con vicios administrativos, incluso algunos no han tenido respuesta en lo absoluto.

Consultada la profesional sobre las medidas a seguir, teniendo en cuenta que con esta investigación el personal quedaría en disponibilidad (lo que significa que son separados de su cargo intertanto se investiga el delito que se les imputa, cobrando un salario considerablemente reducido) aclaró.

"La notificación de la resolución es muy reciente y vamos a comenzar a estudiar la defensa técnico-jurídica de los penitenciarios en disponibilidad. A partir de la fecha comienza a correr el plazo de 10 días para hacer una presentación ante la Justicia, un amparo, para que sea alguien imparcial y fuera del ámbito penitenciario el que juzgue la conducta de los mentados agentes".