El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Ordoñez dijo que, por estos días se vive un clima de constante preocupación entre los trabajadores de la Dirección de Vialidad Nacional, regional San Juan ante la posibilidad de que la repartición pública sea privatizada, a partir de la empresa Corredores Viales S.A, creada por un decreto del presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Periodismo On Line, en Canal 35, Ordoñez especificó que “la incertidumbre sigue avanzando a pasos agigantados”, pese a que recibieron una nota del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien aseguró la continuidad del organismo y puestos de trabajo.

“En la nota, dice que Vialidad es el órgano mas federal de todo el país y hoy cuando entramos al Sistema de Comunicación Oficial que se maneja en el Estado, ya no figura Vialidad Nacional, sino Corredores Viales S.A”, señaló el sindicalista.

Ordoñez aseguró que “ya no se trata de una propuesta ni una intención”, sino que la desaparición de Vialidad Nacional “ya es una realidad”.

“La única que se animó a decirlo fue Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción) que el almuerzo de la Cámara Argentina de la Construcción ya hablaba de la ex Vialidad Nacional, pero los demás siguen mintiendo diciendo que no harán eso pero lo hacen”.

En total son 10 artículos del DNU que pretende crear la Sociedad Anónima, en uno de los cuales se establece que dicha creación no está bajo la órbita de ley de procedimientos administrativos y la ley de obras públicas ni de contrataciones del Estado.

“Aquí se deja libre albedrío de una Sociedad Anónima la adjudicación del presupuesto de Vialidad Nacional, sin ningún tipo de control porque las leyes mencionadas no serán aplicadas. Ya no apuntan a un desarrollo armónico y de integración de todos los lugares del país, sino a realizar obras que tengan un recupero interesante para las empresas”, manifestó Ordoñez.

Según el dirigente de trabajadores viales, lo que se busca con esta medida es “el punta pie inicial para dar otra vez el manejo de la obra pública a la parte contratista”.

Consultado sobre la posibilidad de despidos, en caso que Vialidad Nacional se privatice, Carlos Ordoñez indicó que “pasaremos de ser empleados del Estado a otro tipo de organización”.

“Pasaremos a un contrato privado, con la aplicación de la ley de contrato de trabajo, perdemos convenios, derechos adquiridos, por eso la preocupación es grande”, indicó el titular de Trabajadores Viales.

Actualmente, en San Juan trabajan 224 agentes, de los cuales el 10% corresponden a planta permanente y en un 90% contratados.

Desde que se conoció esta posible medida, los trabajadores viales vienen realizando asambleas y hoy en Buenos Aires se realizará un plenario de secretarios generales para determinar las medidas a seguir.

“Tenemos que tener definiciones urgentes porque esto sigue avanzando y no se detiene”.

Ayer, el vicegobernador Marcelo Lima recibió a un grupo de trabajadores del distrito local y recibió un petitorio, solicitando que el parlamento sanjuanino se expida sobre el DNU, lo cual será tratado en la sesión de mañana.

“Esto no solo es un problema de los trabajadores, va más allá porque afecta a toda la sociedad ya que se dispondrá de miles y millones de pesos en forma discrecional, donde muchas provincias quedarán postergadas”, indicó Ordoñez.

Por su parte, la diputada nacional, Florencia Peñaloza, como integrante de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se reunió con dirigentes del Sindicato de Trabajadores Viales para tratar de frenar el decreto.

“Desde que nos enteramos la existencia del decreto me manifesté en contra de la medida por el peligro de que cambie el régimen laboral. Hay que preservar las instituciones en Argentina”, destacó la legisladora.

Peñaloza dijo que intentó hablar con el delegado regional de Vialidad Nacional, Sergio Aldunate, quien se encontraba en la repartición.

“Nos dijo que nos iba a atender y después salió por la puerta de atrás y nos mandó a decir que no tenía tiempo para nosotros”, contó Peñaloza, quien estaba acompañada por Mauricio Ibarra y el diputado provincial Carlos Munisaga.

“Saben que lo que están haciendo está mal”.

En la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación ya se emitió un pedido de informe respecto a la medida.

“Esto seguramente lo llevaremos al recinto porque consideramos que fue una medida sorpresiva, maliciosa, el gobierno se está manejando muy mal con esta medida”, sostuvo Peñaloza.

La legisladora agregó también que preocupa la falta de control que habrá en el manejo de recursos para obras viales.

“Hay muchas cosas en juego y por eso lo quisieron hacer en silencio y sorprendernos a todos”, añadió la diputada nacional.

Según el decreto 794/2017 del Ministerio de Transporte, publicado en el Boletín Oficial, el 51% de la nueva empresa quedará en poder de la cartera que conduce Guillermo Detrich, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad será tenedora del restante 49 por ciento.

No obstante, según se aclara en los considerandos, “en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”.