La crisis que vive el peronismo por el desdoblamiento electoral de sus intendentes y la frágil mayoría de un voto que el PJ sostiene en el Senado sobre la oposición, con el obligado desempate del vicegobernador Carlos Ciurca, ha dejado varada en terreno pantanoso la oportunidad histórica que tiene el peronismo en el mismo período de gobierno de colocar a su segundo juez en la Suprema Corte de Justicia, al fiscal de Estado y a un miembro en el Tribunal de Cuentas.

El receso legislativo de enero por acuerdos paritarios, la mayoría de los legisladores vacacionando y el gobernador Francisco Pérez descansando en Mar del Plata (vuelve hoy) tornan imposible hacer algo ahora. 

Pero la jugada electoral de los intendentes separatistas es la causa central para que hoy sea inviable cualquier diálogo al respecto entre el gobernador y los senadores del PJ, cuyas consecuencias se harán sentir más allá del período vacacional.

De hecho, referentes del peronismo que prefirieron un prudente anonimato, coincidieron en diálogo con Diario UNO: “Con el tema del desdoblamiento esto no se va a poder tratar hasta marzo o abril”.

Los cargos en cuestión son de por vida para el elegido, por lo que es fundamental para el gobernador Pérez y para el Partido Justicialista cubrirlos. En el tablero de la política y la construcción de poder, estos puestos se ocupan con hombres o mujeres afines al partido que gobierna y que tiene la mayoría en el Senado, al momento de la designación.

El delicado problema que enfrenta Pérez a la hora de definir a estos candidatos es el mismísimo PJ, herido con sus enfrentamientos internos, situación que en el Senado se trata de disimular pero no se puede evitar.

A esto se suma la situación del peronismo en la Cámara Alta cuyas cifras, sumando a un legislador aliado, lo pone empatado con la oposición en 19 votos.

Ese escenario obliga, primero, a que Ciurca desempate con el voto número 20 y lo más complejo, a que el Poder Ejecutivo se asegure esos votos en la tropa propia, pero dividida para poder cubrir esos cargos.

Uno de los operadores consultados dijo claramente: “Si el PJ se ordena no habrá problemas; pero si no es así, avanzar será muy complicado”

De los 18 senadores peronistas, 10 responden a Ciurca, sumándose a este bloque interno el único legislador aliado que tiene el PJ en la Cámara Alta. Otros 4 responden a los hermanos Omar y Emir Félix del Sur provincial y los 4 restantes a Juan Carlos Mazzón, líder del sector azul y operador político de primera mano en la Casa Rosada. Ningún senador responde directamente a Pérez.

Ciurca y los Félix impulsaron la ola separatista contra las órdenes explícitas y cara a cara de Mazzón que no logró impedirlo quedando enfrentados. Esto es, ni más ni menos, lo que hay que ordenar en el PJ. 

Para acordar candidatos para la Corte, la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas, todos tienen su cuota de poder. Los tres sectores no pueden lograr imponer un nombre por si solos, pero además, todos juntos tampoco pueden imponerle un candidato al gobernador.

Pérez no tendrá senadores propios, pero tiene la facultad legal de nominar al candidato lo que neutraliza cualquier intento de imposición.

Con las aguas internas turbulentas y un año corto por los tiempos electorales, el PJ tendrá que encontrar espacios de reflexión y consenso dejando a un lado las peleas internas para acordar a los próximos ocupantes de estos cargos.

La demora por Joaquín De Rosas y la espera para el retiro de Carlos Böhm

Inexplicablemente, el Poder Ejecutivo no nominó de inmediato al Senado a un postulante para la Fiscalía de Estado que ocupaba Joaquín de Rosas, cuando este fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento el año pasado.

El gobernador Francisco Pérez justificó en su momento no haberlo hecho porque De Rosas había acudido a la Corte de la Nación con un recurso de queja para revertir su destitución.

Pérez consideraba que la decisión del Jury no estaba firme y que si la Corte le daba la razón a De Rosas, la Provincia podía enfrentarse a un juicio millonario por cubrir el cargo con anticipación.

Pero esa demanda podría durar años en la Corte nacional y a Pérez le quedan meses para cubrir el cargo.

El otro puesto a ocupar es el del juez de la Suprema Corte de Justicia Carlos Böhm quien en octubre presentó ante Pérez su renuncia para acogerse a la jubilación, dimisión que hará efectiva cuando el trámite del retiro por parte de la ANSES esté concluido, por lo que aún sigue en su puesto.

Al día de hoy, el trámite está dando vueltas y al parecer el Gobierno provincial no utilizó su influencia, aprovechando la estrecha amistad que tiene Pérez con el titular de ANSES, Diego Bossio, para darle prioridad al papeleo jubilatorio de Böhm y asegurar su salida antes de fin de año. Pérez sólo anticipó, hace más de un mes, que una mujer sería nominada a la Corte y quien suena más fuerte es Miriam Gallardo, ex senadora del PJ por varios períodos.

Su postulación podría conformar a todos los sectores porque es una ex integrante de la Cámara Alta, respetada y apreciada por sus pares, lo que, incluso, habilitaría la posibilidad de que consiguiera apoyo de la oposición radical.