Mensaje del Poder Judicial: haga lo que haga la política, el órgano de la Magistratura no se va a paralizar. Errores no forzados de ambos bandos y una definición para 2023. Bruglia y Bertuzzi salen si hay acuerdo para otras ternas. La pulseada por los abogados porteños.
Por Gabriel Morini
La semana será clave por el desarrollo de dos acontecimientos que tendrán su clímax el viernes próximo. Ese día será la definición por la integración –vía elecciones- del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bastión de Horacio Rodríguez Larreta y el PRO para la selección de jueces para el fuero porteño que, a cómo están los precedentes, cada vez será más relevante si en los próximos 4 años se fortalece la autonomía, por el poder que puede concentrar.
El segundo hito se desarrollará puertas afuera de su homólogo a nivel nacional con la finalización de los actuales mandatos para el viernes y tras el fallo de la Corte Suprema que desplazó al senador kirchnerista Martín Doñate de la integración de 20 miembros para reconocer a Luis Juez como el representante del Senado para la segunda minoría que prescribía la ley de 1998. Lo cierto es que la pelota quedó del lado de la política y el devenir de los acontecimientos hará avanzar un casillero al sector que menos errores cometa. Fruto del apuro o de la bronca, luego de la decisión del máximo Tribunal hubo gaffes repartidos. Pero en los pasillos judiciales existe una sola certeza: más allá de las decisiones que tomen desde los otros poderes, la intención es no permitir que se paralice el funcionamiento del Consejo, una tarea no menor si se toma en cuenta la escasez de ternas elevadas.
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El 18 de noviembre caducan los mandatos de transición, vigentes desde que el 17 de mayo se operativizó el fallo de la Corte del 16 de diciembre último en el que se había emplazado al Congreso a sancionar una nueva ley para el Consejo en 120 días o se restauraría el formato de 20 miembros previo a la reforma de 2006. Sobre ese escenario es que se basó el caso en el que la Corte sentenció que fue un ardid la decisión –fuera del plazo- de partir el bloque de Senadores por parte del kirchnerismo que se fraccionó para capturar la banca por la segunda minoría, en una idea que se le atribuye a Cristina de Kirchner. Juez fue repuesto por una semana pero desde la presidencia del Senado no hubo visos de acatamiento del fallo, lo que hubiera significado que se lo nombre por una semana.
El fallo es sobre un caso particular, pero el considerando 8, como explicó Ámbito, es a su vez preformativo de lo que puede venir: allí se considera una maniobra reprochable haber intentado dividir artificialmente el bloque para ocupar un lugar de representación dentro del órgano de selección de magistrados. Pero nada de ello impide a Cristina remitir de nuevo el nombre de Doñate o de algún integrante de Unidad Ciudadana para el próximo mandato. Lo que es seguro es la eventual judicialización de cualquier nombramiento. Desde el miércoles pasado, el senador es considerado un exmiembro del cuerpo. Tanto que se lo eliminó de la lista de mails que reciben los consejeros con el material de trabajo de las comisiones.
La sorpresa, la furia o el desconcierto empujaron a los senadores oficialistas a un error no forzado: al día siguiente del fallo dieron una conferencia de prensa en la que denunciaron que la Corte había avasallado funciones propias de organización del Senado con su fallo. El problema es que la presentación fue conjunta entre los denominados Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular. El bloque del Frente de Todos fue el que terminó presentando sus objeciones, actuando como uno solo, precisamente lo que llevó a que el fallo fuese adverso al considerar que la división había sido ficticia. Guste o no, esa presentación va a ser utilizada para cuestionar que ahora sí pueda nominarse a un representante de Unidad Ciudadana.
A Juez no le fue mejor. Una confusión de roles lo llevó a reclamar a la presidencia del Consejo y de la Corte condensada en Horacio Rosatti que le tome juramento sin dilaciones. Faltaba un paso no menor que es que el Senado remita formalmente quienes son sus representantes. Tampoco acudió a primera instancia del fuero contencioso administrativo federal para que exigiera a la presidencia de la Cámara que se cumpla con la decisión de la Corte. Quedó petrificado y sin mejor idea que ir a cenar en televisión y sentenciar que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”. Lo paró en seco una escritora española que no se priva de opinar de casi ningún tema argentino. Su estrategia terminó siendo búmeran, porque se comió buena porción de los pocos días de vigencia que le quedaban a la sentencia. En similar desorientación, los consejeros de la oposición intentaron forzar a Rosatti a que le tome juramento, encabezados por s de la Torre. Apenas juntaron 4 firmas, la mitad de lo que se necesita para tomar las decisiones por la mínima mayoría, incluyendo a dos que están de salida. Desde la otra vereda, desde el bloque oficialista, llamaron a convocar a un plenario pero los escritos ingresaron magros de firmas. Nadie parece alcanzar siquiera el número mágico de 8 voluntades para ir en alguna dirección. Ese es el verdadero problema.
En el medio, hubo un cuestionamiento que irritó a un sector del Poder Judicial donde se advertía una inacción o parálisis del Consejo. Se detectó que contenida en aquella manifestación había una profecía autocumplida que había emanado de una orden sigilosa de bloqueo constante. La fuente que irradió ese mensaje no provenía del kirchnerismo, sino que estaba muy cerca del expresdiente Mauricio Macri. Si hay algo que la Corte no piensa permitir es que se paralice el funcionamiento de un órgano constitucional. Sobre esa premisa guiará un plan de acción lo que también repercute en la otra orilla: ¿Podría funcionar sin que el Senado termine de definir a quiénes enviará en representación de la segunda minoría?
La consejera oficialista Vanesa Siley advirtió que actualmente había 19 concursos pendientes de resolución lo que implicaba que faltaban 19 vacantes. En realidad, es un poco peor. El Consejo tiene en Selección 16 concursos en instancia final pero que son múltiples varios de ellos lo que representa, en realidad, 51 cargos vacantes. Un mensaje subterráneo también cruzó varias vocalías: el concurso para reemplazar a (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi va a salir de la mano del resto. No antes.
Si bien no fueron prolíficos en ternas durante la transición, a la supuesta parálisis desde el Consejo le contestaron con toda la batería de mejoras administrativas, estructurales, edilicias, informáticas y tecnológicas que implementaron desde mayo a la actualidad. Ha sido el fuerte y sobre lo que se depositó altas expectativas a partir de una dinámica de integración con el máximo Tribunal.
El Consejo Ciudad tiene una característica envidiable: el equilibrio de poder entre el sector del PRO a nivel judicial que encarna Daniel “Tano” Angelici y el peronismo porteño, con absoluta preeminencia del primero, hace que no transite por ninguno de los problemas que su homólogo de Nación. Y además, en total anonimato pese a ser uno de los vectores de poder dentro de las estructuras judiciales. Este viernes definirá su integración de abogados pero con el protagonismo ya fuera de las sombras de Genoveva Ferrero, la actual secretaria de administración y presupuesto del cuerpo, pero por sobre todo mujer de confianza de Horacio Rodríguez Larreta que, incluso, había sido firme aspirante a ocupar un lugar en el Consejo Nación. Va como primera consejera en la lista que secunda Javier Concepción, un abogado que estuvo ligado a Franja Morada y asociado al poderoso Darío Richarte. El tercer lugar de la nómina es para Leandro Halperín también ligado a la Franja, especialista en políticas penitenciarias y legislador por la lista de Martín Lousteau, que debió asumir su banca ante el fallecimiento de la periodista Débora Pérez Volpin. Enfrente, se postula Jorge Rizzo, por Gente de Derecho y fuerte opositor al actual oficialismo del CPACF que tendrá lugar asegurado. La disputa, a partir del D´Hondt es por la tercer plaza.
Una curiosidad llamó la atención durante la campaña: Ferrero salió al cruce de un proyecto presentado por el “Lilito” Hernán Reyes para limitar honorarios a los mandatarios de la Procuración en ejecuciones fiscales. Aunque pareció un tema menor, hubo algo que empezó a crujir en el equilibrio de poder del dispositivo porteño.
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