La paridad de fuerzas entre el oficialismo y Juntos por el Cambio en el Congreso abrió un nuevo frente de conflicto entre ambos sectores. En esta oportunidad, la puja se desató por la conformación de las comisiones legislativas, claves en definición de los proyectos que luego se debaten en el recinto. Los negociadores de uno y otro sector no logran acordar las reglas básicas del reparto y, de persistir esta indefinición, fracasarán sin remedio las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

En la Cámara de Diputados el oficialismo, en su condición de primera minoría (cuenta con 118 miembros), aspira a mantener la presidencia de las comisiones más relevantes. Desde Juntos por el Cambio, con 116 diputados, replican que, por haber triunfado en las últimas elecciones legislativas, le corresponden algunas de esas presidencias.

“La gente votó y el oficialismo perdió. Nosotros reclamamos lo que nos corresponde por la representatividad de nuestro Interbloque, que no es otra cosa que lo que votó la gente”, insisten.

El Frente de Todos considera que, por ejercer el gobierno, debería presidir las comisiones de gestión más importantes y, con el aporte de diputados aliados, garantizarse la mayoría. Esta fue la regla que se aplicó en diciembre pasado cuando se constituyó la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller. Sin embargo, la oposición no está dispuesta a hacer mayores concesiones. “Nosotros pretendemos presidir al menos la mitad de las comisiones más relevantes”, lanzó un encumbrado miembro de Juntos por el Cambio.

Esta semana será clave en una eventual definición. Si bien hay buena voluntad en ambos sectores para llegar a un acuerdo, lo cierto es que las negociaciones, a cargo de las secretarias parlamentarias Paula Penacca –del Frente de Todos- y Silvia Lospennato -Juntos por el Cambio-, están por ahora estancadas. De persistir esta situación, fracasarán las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno, pues este fin de semana vence el plazo para despachar los dictámenes correspondientes en las comisiones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, insiste en convocar la semana próxima al menos a una sesión extraordinaria con temas no conflictivos. El Poder Ejecutivo envió un temario por demás ambicioso, con 18 proyectos de ley, para debatir durante este mes. Ni la Cámara baja ni el Senado pudieron sesionar hasta ahora: la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque de diputados oficialistas y las desinteligencias dentro del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI ralentizaron las negociaciones para poner en marcha la maquinaria parlamentaria.

Los proyectos

De los 18 proyectos que propuso el Poder Ejecutivo a ser debatidos en sesiones extraordinarias, tres corresponden a expedientes remitidos al Senado. Uno de ellos es la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura –declarada inconstitucional por la Corte Suprema-, al que se suman el Consenso Fiscal, suscripto entre la Nación y la mayoría de los gobernadores, y una nueva ley de hidrocarburos. Como sucede en la Cámara baja, los senadores tampoco tienen expectativa de apurar dichas iniciativas antes del 1° de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias.

A la Cámara de Diputados le corresponde el tratamiento de los restantes proyectos, entre los que se destacan el régimen de fomento a la actividad agroindustrial; la ley de promoción de la electromovilidad; la ley de promoción de inversiones en la industria automotriz y autopartista y la modificación de la legislación sobre Compre Argentino.