Esta mañana el Gobierno municipal de San Pedro que conduce el Intendente Pablo Guacone presentó en la Fiscalía local, a cargo de Marcelo Manso, una denuncia contra los concejales del Acuerdo Cívico y Social Martín Pando (UCR) y Víctor Secchi (Gen), a quienes sindican como los organizadores de una toma masiva de terrenos por parte de familias carenciadas que montaron viviendas precarias durante el fin de semana.

La presentación realizada a través del Director de Asesoría Letrada municipal Daniel Porta fue acompañada por cuatro testimonios de ciudadanos que hicieron exposiciones civiles en las que relatan cómo esos dos concejales y el empleado municipal Hugo Arbouy (esposo de la ex Secretaria de Desarrollo Humano Marta Perret) les habrían indicado los terrenos a usurpar y que “los iban ayudar con ladrillos, chapas y todo lo que necesitaran”.

Uno de los testimonios señala que “hace 15 días concurrieron a su domicilo el Sr. Martín Pando y el Sr. Arbouy Hugo en una camioneta blanca”, que le manifestaron que “estaban en conocimiento de su problema habitacional” y que había “un terreno baldío propiedad del municipio el cual podían tomar”.

Detalla que “el 18 de septiembre a las 11.30, junto con sus vecinos se reunieron” en una esquina cercana al predio a tomar, “donde también se encontraban el Sr. Pando, el Sr. Arbouy y el Sr. Secchi, donde dichas personas le manifestaron de meterse en el terreno” y que “lo hicieran de noche”.

A las 23.00 estaban allí, aunque “dichas personas (los concejales) no cumplieron con la promesa y no aparecieron más”.

Otro testimonio cuenta que mantuvo con los tres citados una reunión en otros terrenos, más alejados de la zona donde se produjeron cinco tomas masivas en pocos días, donde recibieron promesas de “terrenos para vivir y materiales”.

Otro de los testimonios presentados por la gestión del ahora kirchnerista intendente Guacone señala que el 14 de septiembre recibió la visita de “un auto color gris” con los tres denunciados, y que “le manifestaron que podía ocupar un terreno municipal”, con la ubicación precisa.

El tercer testimonio es similar a los anteriores, y hay un cuarto que asegura que el miércoles pasado “a raíz de su problema (habitacional) se acercó al bloque de concejales de la Municipalidad de San Pedro, donde fue atendida por el Sr. Víctor Secchi y el Sr. Pando Martín, los cuales le manifestaron que no podían solucionar su problema, pero si ella se animaba le ofrecieron usurpar un terreno fiscal”.

La denuncia llega luego de que durante el fin de semana un centenar de familias tomara masivamente cinco terrenos -cuatro de propiedad privada y uno público que ya fue desalojado por decisión municipal- en una zona donde, como bien señala un exhaustivo informe publicado por el semanario local La Opinión, están ubicados la mayoría de los barrios que corresponden a planes sociales de viviendas y donde existen algunos asentamientos irregulares.

Además, en esa zona está el barrio San Francisco de Asís, construido a través del Plan Federal de Viviendas, que fuera masivamente tomado una semana antes de las elecciones de 2007 y que provocó la apertura de varias causas penales.

Entre esas causas, figura una en la que están imputados el ex Intendente municipal y ahora Diputado coordinador de campaña de Julio Cobos Mario Barbieri, el ex Director de Viviendas Flavio Peiró, y la ingeniera Alejandra Giribaldi, de la empresa constructora Giribaldi Hnos., que tuvo a su cargo la obra.

Los tres imputados están citados a prestar declaración indagatoria los próximos 6, 7 y 8 de octubre en los Tribunales Federales de San Nicolás que tiene a su cargo el Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, y cuyo Fiscal es el Dr. Juan Patricio Murray. El mismo agente judicial que intervino en la detención de ruralistas que ralizaban un acto en el cantero central de la Ruta 9 cuando se desató el conflicto con el campo y llevó a los tribunales a la mesa de enlace en pleno.

La sospecha de comisión de delito en esa causa está fundada en el informe del perito de la Corte Suprema Carlos Eduardo Fuchs, quien concluyó que “la calidad de las viviendas en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad”.

La causa fue iniciada tras una denuncia del bloque de Concejales Justicialista, quienes recibieron la queja de más de 40 vecinos adjudicatarios de las viviendas por el mal estado de la construcción. Para los implicados, se trata de una “persecución política”.