Por su parte, el titular del IPV, Marcelo Ferraris, sostuvo que tiene la intención de mantener una reunión con la letrada la próxima semana.

Con la finalidad de preservar la identidad de su representada, la abogada decidió identificarla sólo con su nombre de pila, Ivana, quien venía reclamando desde hace unos dos años la entrega de la vivienda. El IPV se negaba a la posibilidad indicando que debía ser entregada a ella y a su ex pareja, de quien se está divorciando.

La causa principal del divorcio tiene que ver con el hecho de que Ivana fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su ex pareja. No obstante, en las mediaciones que se lograron homologar en la Justicia, el hombre accedió a la posibilidad de dar la tenencia de sus hijos a la mujer, y de escriturar la vivienda a nombre de los chicos.

Ivana llevó el instrumento legal homologado ante el IPV pero aun así el Instituto decidió solicitarle que se contacte con su ex pareja para recibir ambos la vivienda.

Aramayo indicó que la institución no sólo ignoró un acuerdo legal sino que generó un ámbito que implicaba una mayor vulneración a su representada. Añadió que durante el proceso la institución amenazó con quitarle a Ivana la vivienda, una situación difícil de imaginar dado que el terreno era de la mujer antes de que el IPV otorgara los fondos a una cooperativa que finalmente se encargó de construir la vivienda. Es decir, no podía quitarle el terreno que la mujer tenía escriturado a su nombre, dado que le había sido cedido por su padre cuando Ivana era soltera. El hecho es que pese a la presentación del amparo -que la Justicia de primera instancia rechazó-, el IPV presentó "sendos recursos" a fin de desactivar la acción que buscaba proteger a la mujer de la violencia institucional ejercida. A ello se agrega que en medio del proceso, la entidad notificó a Ivana bajo amenaza de quitarle la vivienda si no se presentaba con su ex pareja a ocuparla. A ello agregó la posibilidad de acusarla de "falseamiento de datos".

"El IPV no sólo no quiso solucionar, sino quiso escarmentar en nuestra contra por haber presentado el recurso", sostuvo Aramayo al afirmar que el fallo de la Corte le da la razón y sienta un importante precedente para todas las mujeres que podrían sufrir esta violencia por parte de la institución. Ahora indicó que no sólo pedirá la indemnización por los dos años que la mujer tuvo que pagar alquiler, sino además elevará una acción por daño moral en perjuicio de Ivana.