Era diciembre de 2011. Cristina Fernández acababa de ganar su segunda presidencia con 54,1 por ciento de los votos. Había anunciado un reordenamiento del ya desbordado gasto nacional, al que bautizó “sintonía fina” y del que después se olvidó. En el sistema previsional, la idea de contener las cuentas había empezado antes.

Las elegidas fueron las provincias que no habían traspasado sus cajas jubilatorias y a las que Anses compensaba. Anses les exigió reformas previsionales (con alto costo político para los gobernadores): subir la edad y reducir el cálculo del haber, entre otras cosas. La opción era perder el auxilio de Anses.

La pelea hizo historia en Córdoba. La Provincia pasó a recibir cero pesos durante años. Impuso distintos recortes por emergencia y finalmente reformó su ley previsional por etapas hasta “armonizar” sus normas con las de Anses.

Ese diciembre de 2011 fue casi surrealista en Santa Cruz. El gobierno recién iniciado de Daniel Peralta, después de resistirse, se dispuso a cumplir la receta de la “armonización” que le exigían la Casa Rosada, la Anses y el jefe político del kirchnerismo en Santa Cruz, Máximo Kirchner. 

Pero la protesta gremial (una veintena de ciudadanos y 17 policías heridos) le hizo guardar maletín en bolsa. Dos amigos del hijo de Cristina Fernández a los que hicieron diputados, Matías Bezi y Mauricio Gómez Bull, pasaron en un rato de tratar de convencer a los otros legisladores de aprobar la norma a decir que la reforma atentaba “contra los derechos de los trabajadores”. 

Máximo ordenó renunciar a todos los funcionarios que había colocado con Peralta. La alianza se rompió. La reforma no se hizo. El cristinismo imponía tragos amargos a sus enemigos, pero sacaba la cola a cualquier jeringa cuando le tocaba.

Lo bien que hubiera venido

¿Se hubiera salvado Santa Cruz si hubiera “armonizado” su extravagante sistema previsional, por el que una mujer se puede jubilar a cualquier edad con tal de haber aportado 28 años o un docente puede hacerlo con aportes por 25?

Tal vez. Según los datos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con Provincias (DNCFP), entre 2005 y 2015 el gasto previsional de Santa Cruz se multiplicó 25,4 veces (o lo que es lo mismo, aumentó 2.440 por ciento), mientras el gasto jubilatorio del resto de las provincias (lo paguen ellas o Anses) se multiplicó por 15,5 (o creció 1.450 por ciento).

Más específico. Entre 2009 (en 2010 Córdoba tuvo que empezar a restringir su Caja) y 2015, el gasto previsional del Estado cordobés creció 332 por ciento. En el mismo lapso, el santacruceño trepó 517 por ciento. Si hubiera tenido la trayectoria cordobesa, en 2015 Santa Cruz habría ahorrado casi 1.800 millones de pesos. Si a eso se suma el 30 por ciento de aumento de los presupuestos vía inflación de 2016, esa cifra no sería inferior a 2.300 millones.

Ayer, Cristina Fernández responsabilizó por los sueldos santacruceños impagos al presidente Mauricio Macri, por descontarle en lo que va del año 871,4 millones (apenas la mitad) de un total de 1.634 millones de pesos, que previamente le fue adelantando a Santa Cruz para que Alicia Kirchner pudiera pagar sueldos. Hubieran hecho la reforma: les hubiera sobrado plata.

La propia expresidenta confiesa los insólitos beneficios que regalaba a su provincia para evitarle los ajustes que su Anses imponía, al mismo tiempo, a distritos enemigos. La nota que citó Cristina dice que “sólo en 2015, la asistencia (adelantos de Nación) fue de 4.736 millones de pesos, que luego fue incorporada al programa de desendeudamiento provincial”. O sea: en 2015 la Nación le dio a Santa Cruz fondos discrecionales equivalentes a ¡18,7 por ciento! del gasto total de Santa Cruz y luego se los condonó.

El aluvión de empleo público santacruceño que parece estar en la base del problema (Santa Cruz destina hoy todo su dinero a sueldos y aún así no los paga) tampoco empezó con Peralta. Cristina Fernández lo acusa de haber sumado 10 mil empleados en su segundo mandato, como si alguna vez lo hubiera cuestionado por eso a un gobernador del Frente para la Victoria que jamás hubiera llegado ahí sin su visto bueno.

Los números de la DNCFP muestran que, desde 2003 a 2015, el empleo público santacruceño (sólo de la administración provincial) nunca dejó de crecer y se duplicó en esos 12 años. Aumentó 103 por ciento. En el mismo lapso, el empleo público del resto de las provincias creció 59 por ciento.

Santa Cruz también picó en punta en los salarios: en pesos corrientes, el gasto salarial de los gobiernos K subió 3.440 por ciento, muchísimo más que el 2.520 por ciento que creció el gasto en sueldos estatales del resto de las provincias del país.

Santa Cruz afronta su propia pésima herencia. Se hartaron de advertirlo políticos opositores y especialistas cuando el desborde se disimulaba con el inequitativo y arbitrario reparto de fondos nacionales. Cristina sólo puede quejarse de que a Santa Cruz ya no le regalen miles de millones que nunca le correspondieron.