Además el bloque requiere que se le facilite una copia del Padrón Provincial de Beneficiarios, "motiva la presente, la necesidad de contar con datos actualizados a los fines de avanzar con la labor parlamentaria en la que nos encontramos avocados", expresó Bárbaro.

El legislador recordó que en principio "la Ley hablaba de un plazo a mayo de este año; pero logramos prorrogarlo hasta agosto, que es cuando el Iprodha debería dar una respuesta a quienes están en situación de desalojo. Con ese objetivo hicimos un pedido de informes para que el Instituto remita a la Cámara de Representantes, el listado de las familias inscriptas en ese padrón que debió elaborar al 31 de diciembre del 2015; cuáles son los problemas, en qué lugares de la provincia y cuántas personas son realmente", explicó.

En junio del año pasado, se aprobó un Proyecto de Ley para sustituir los artículos 1 y 2 de la Ley XII- Nº 28 (y su modificatoria Ley XII-Nº 29), y quedaron suspendidas hasta el 31 de agosto de 2016, las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y de producción agropecuaria cuando se verifica una ocupación superior a ocho años.

En la normativa -presentada por los diputados Héctor Bárbaro y Myriam Duarte-, se incluye a los predios urbanos y rurales, sean éstos fiscales o privados. La vigencia de esta suspensión por el plazo señalado, está sujeta a que los beneficiarios hayan acreditado en el expediente judicial antes del 31 de diciembre de 2015, que se encuentren empadronados tal como lo prevé el Artículo 6 de la Ley.