Por Luciana Bertoia

Patricia Bullrich se zambulló de lleno en el escándalo de la visita de diputados libertarios a los genocidas detenidos en el penal de Ezeiza: no la condenó, diferenció a los represores de la dictadura de los peores criminales o “asesinos seriales” y atacó a uno de los jueces que señaló que ella –como responsable del Servicio Penitenciario Federal (SPF)-- debería explicar cómo se gestó el encuentro. “Yo no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver o no. A mí me parece que lo que estamos viviendo en la Argentina es una construcción de libertad. Si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ese detenido formó parte de lo que ellos consideran un momento trágico de la Argentina, bueno, lo puede ir a ver. Yo estoy a cargo del sistema”, dijo. Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudió los dichos de la ministra de Seguridad. “No nos podemos extrañar de lo que opine Bullrich. Está a tono con la defensa de sus amigos, los genocidas, y con lo que niega. Quiere borrar toda la verdad”, denunció.

El 11 de julio pasado –dos días después del desfile en el que Javier Milei y Victoria Villarruel se subieron a un tanque de guerra– seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) llegaron a la Unidad 31 a reunirse con Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos contra la humanidad. La excursión fue organizada por Beltrán Benedit, quien viene hace tiempo visitando penales y diciendo –como publicó este diario– que trabaja por la liberación de los “patriotas”. Lo acompañaron Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro.

El escándalo estalló cinco días después con una publicación del portal La Política Online. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscó encapsular el asunto mientras llegaban pedidos de remoción desde los organismos de derechos humanos, el colectivo de abogados y abogadas de lesa, Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y sus trabajadores (FIT). Hasta la oposición amigable le pidió a Menem que los llamara al orden.

Milei –en medio de la interna con su vicepresidenta, con quien tienen relación varios de los diputados– salió a desmarcarse. Dijo que él no lo hubiera hecho, pero que hay libertad dentro de su espacio. Tampoco desautorizó al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien escribió una oda a los indultos y dijo que los represores deberían estar en sus casas recibiendo el amor de sus familias.

Sin embargo, Bullrich recibió el viernes un pedido de la justicia para que explique cómo se organizó la visita del 11 de julio, después de que trascendiera un mensaje de Benedit en el que definía como un excelente colaborador a Fernando Martínez, titular del SPF.

“En primer lugar, fue una sola persona, (Alejandro) Slokar, que me pidió (informes). Estoy evaluando cómo responderle. ¿En qué términos me hace esa pregunta? En todo caso, me podría preguntar todos los que entran a la cárcel”, dijo en una entrevista con Radio Rivadavia.

“Diputados piden entrar a una cárcel todo el tiempo. Ahora cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a (Julio) de Vido no preguntaban por qué, cuando estaban condenados por corrupción”, chicaneó la ministra de Seguridad poniendo en pie de igualdad casos de corrupción con delitos contra la humanidad –como las desapariciones forzadas de personas o la apropiación de niños y niñas. “Para mí todos los detenidos que pueden recibir visitas pueden recibir visitas dentro del marco de la ley. Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no me pregunte cuando entran organismos de derechos humanos a ver asesinos seriales. Vamos con la misma vara para todos”, continuó.

Cuando le consultaron si ella hubiese ido a entrevistarse con Astiz, evitó definirse. “Estas son decisiones personales de las personas que fueron, no son decisiones orgánicas, ya lo aclaró Martín Menem. Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace”, afirmó sin calificar a los criminales de lesa humanidad.

Agregó que hubo diputados que le pidieron ir al régimen de máxima seguridad, donde están los detenidos por narcotráfico, pero que ella no lo permitió porque ahí están los “peores asesinos seriales”. En ese sentido, la ministra enfatizó: “Ahí sí que no entra nadie porque no queremos convertir ese lugar en un circo porque se va a ver a las personas que justamente queremos que estén aisladas para que no cometan delitos”.

En rigor de verdad, no fue Slokar quien le envió un oficio para que explique la visita. Fue Daniel Obligado, juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que condenó a Astiz y a otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y es el responsable de la ejecución de la pena. Antes, Slokar –como coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal– lo había exhortado a reconstruir el episodio y tomar las medidas necesarias.

En su oficio, Slokar afirmaba algo que contrasta con la caracterización que hace Bullrich de los genocidas. El camarista afirmó que todos ellos, al no decir qué hicieron con los desaparecidos y con los bebés apropiados, continúan cometiendo sus crímenes. Es lo que se define como un delito continuado.

“El ataque a Slokar es absolutamente repudiable. Ojalá hubiera muchos jueces como él. La actitud que ha tomado es la que corresponde y nosotros lo apoyamos ampliamente”, subraya Taty Almeida.

“Los que cometieron los peores delitos –que son la privación ilegal de la libertad, la tortura, la violación, la desaparición y el tirar personas vivas al mar– son los que están en la cárcel. Y es justamente a estos genocidas a quienes fueron a visitar”, dice Mabel Careaga. Su mamá, Ester Ballestrino de Careaga, fue una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración de Astiz, llevadas a la ESMA y asesinadas en un vuelo de la muerte. “No es casual que haya sido Obligado quien pidió informes. Fue el juez que escuchó todos los testimonios y evaluó todas las pruebas contra estas personas que están condenadas. Saber de la visita nos causa un profundo dolor a los familiares. Además, están reivindicando a personas que dieron un golpe de Estado. Por eso pedimos que se los separe de sus cargos porque lo que hicieron es una afrenta para la democracia”, añade la referente de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

Una nueva provocación

“No es la primera vez que Bullrich ensaya una ‘jerarquización de delincuentes’, relativizando la gravedad de los crímenes que cometieron quienes están detenidos por delitos de lesa humanidad”, dice la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Su cuestionamiento al pedido que le hace el Poder Judicial, el intento de hacer pasar una decisión política de la coalición gobernante por decisiones individuales, no hace más que demostrar su acuerdo con las visitas, que son un paso más en el camino a la impunidad”, agrega.

Para su colega Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la ministra busca “despolitizar” la visita. “Son diputados nacionales y fueron en tal carácter, en un vehículo de la Cámara, a visitar a quienes desde el aparato de Estado cometieron los crímenes más atroces. No son presos comunes. Bullrich no para de decir burradas”, resalta.

"No se trata de visitar o no, sino de explicar si estos actos no forman parte de acción de apología del terrorismo de Estado", aporta Ana Soffiantini, sobreviviente de la ESMA e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que denunció a Benedit. "La ministra debería explicar por qué les otorga a los mayores asesinos seriales de nuestra historia reciente estos privilegios, los cuales niega a otros detenidos. ¿Será que convalida su accionar durante la última dictadura cívico-militar?", se pregunta.

Graciela Lois estudia desde hace décadas lo que pasó en la ESMA. Su marido, Ricardo Lois, estuvo allí. Conoce al detalle los crímenes de los que fueron capaces Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y otros de los que participaron del encuentro. “En el mundo paralelo de esta gestión, los delincuentes son los niños, los pobres, la gente en situación de calle o los trabajadores despedidos. En ese mundo paralelo, los asesinos debidamente juzgados y condenados son patriotas. Quienes vivimos en el país real tenemos memoria”, dice.