Además de utilizar los fondos del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) para financiar su campaña presidencial, Patricia Bullrich le facturaba honorarios a la fundación a través de una consultora inexistente. La maniobra de la precandidata del PRO fue denunciada por el diputado del Frente de Todos (FDT), Rodolfo Tailhade, quien reveló la documentación que da cuenta de la estafa. La titular del PRO en uso de licencia ya enfrenta una denuncia de la Inspección General de Justicia (IGJ), que detectó el mecanismo irregular con que Bullrich financiaba su campaña mediante donaciones destinadas al pago de pasajes, catering, alquiler de salones y estadías ligados a actividades políticas; así como el pago de honorarios a su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman.

"La misteriosa consultora EyS Brainstorm le facturó todos los meses de 2022 a la ONG de Bullrich", señaló Tailhade en un video que difundió en sus redes sociales. A modo de ejemplo, el diputado exhibió dos facturas presentadas en diciembre, por un valor de 400 mil pesos cada una, que fueron realizadas en concepto de "disertación en seminarios". La misma denominación observó la IGJ al momento de cuestionar los ingresos de la fundación, ya que alrededor de 400 personas físicas y jurídicas que pagaron "seminarios" durante encuentros relacionados a la campaña de la exministra de Seguridad habrían aportado bajo esa categoría.

Pero lo que llama la atención son los datos de la desconocida consultora. En efecto, las facturas que se observan en el video indican que EyS Brainstorm es una empresa constituida en la misma dirección (sobre la calle Berutti) y el mismo CUIT que figuran en la constancia de inscripción de Bullrich. De esta forma, la precandidata del Juntos por el Cambio sería la destinataria de al menos dos pagos realizados en diciembre del año pasado por la organización sin fines de lucro que ella misma preside. Aunque la resolución firmada por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, ya había señalado el pago de honorarios a miembros de la comisión directiva, entre ellos Milman, que cobró 2.766.170 pesos por "servicios de coordinación de equipos"; y la propia Bullrich por un total de 3.550.000 pesos a través de once facturas; en este caso se trataría de una operación para desviar fondos a la precandidata presidencial mediante facturas de una empresa de consultoría inexistente.

"Bullrich no solo está usando ilegalmente la ONG para recaudar fondos y financiar su campaña presidencial, sino que también se lleva todos los meses una moneda a su bolso de su asociación civil sin fines de lucro", sentenció Tailhade. Y advirtió sobre los riesgos que implicaría para el país un triunfo en las elecciones de la candidata protegida de Mauricio Macri: "Díganle chau a Vaca Muerta, al litio, a los fondos de la Anses, a todo", dijo.

"Lucro indebido"

Según se desprende de la presentación de la IGJ, el total de los ingresos del IEES cuestionados asciende a 65 millones de pesos, que fueron aportados durante 2022 por 400 personas humanas y jurídicas de todo el país vinculadas a negocios en los rubros agroindustrial, seguros, bancos y casinos, a cambio de "seminarios" ofrecidos por el instituto. Paralelamente, la organización financió actos de campaña, viajes, hospedajes y honorarios del círculo más cercano a Bullrich.

La exministra “procuró para sí un lucro indebido” al usar “dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno para afrontar gastos de su propia y particular campaña”, explica la IGJ. La denuncia por violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos cayó en manos del fiscal Carlos Stornelli, actor clave del espionaje ilegal durante el gobierno macrista, y el juez federal Sebastián Ramos, vinculado con el exministro porteño Marcelo D’Alessandro.

En el marco de la investigación, a principios de enero se había realizado una visita de inspección a la sede social del IEES, en Avenida de Mayo 953. En esa ocasión, se negó el acceso de las autoridades debido a "tareas de mantenimiento. Se trata de las mismas oficinas en las que, de acuerdo a la declaración de Ivana Bohdziewicz -exasesora de Milman- en la causa que investiga el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, se habrían borrado los registros de los celulares de las colaboradoras del diputado, uno de los principales apuntados por la querella.