La semana en que más frentes de conflicto se le abrieron en simultáneo a Javier Milei no empañó la calma financiera que conquistó un mes atrás Luis Caputo al sacrificar más reservas para mantener a raya al dólar paralelo. El cortoplacismo de Estado festeja que la brecha con el oficial no haya vuelto a superar el 40% y que la inflación apunte a romper en agosto el piso hasta ahora impenetrable del 4% mensual. Lo que cruje es todo lo demás: el desplome del consumo no encuentra fondo, el sector privado no deja de destruir empleos y el ajuste fiscal que recayó sobre las jubilaciones y la obra pública empieza a mostrar sus patas cortas. 

La novedad, no obstante, es cómo la lógica del apriete público y el patoterismo digital que se impuso en las redes sociales y el discurso gubernamental se extendió también al mundo de los negocios. Aunque siempre tuvieron vasos comunicantes, el rechazo de Diputados al DNU que otorgó $100 mil millones sin control a la SIDE expuso el rol clave que tienen la extorsión, el espionaje y el miedo para el plan económico de la ultraderecha. No solo en lo más encumbrado del estabishment sino también entre las Pymes, que en muchos casos se cuidan de ventilar sus penurias por temor a escraches y represalias. 

El rechazo al incremento de los fondos reservados reunió una abrumadora mayoría de 156 a 52 gracias a Mauricio Macri, que pareció agotar su paciencia tras haber prestado hasta ahora sin grandes contraprestaciones su colaboración al shock regresivo mileísta. La respuesta de Santiago Caputo, el principal damnificado y mentor del nuevo ‘señor cinco’, Sergio Neiffert, no tardó en llegar a través de la red de trolls que suele retuitear el Presidente. “Basta, Mauricio, no vamos a usar tu pliego para la hidrovía. Bien ahí votando con el kirchnerismo”, escribió el diputado bonaerense Agustín Romo, supernumerario de la banda del Gordo Dan. Fue lo más suave que le dijeron. 

El negocio de la autopista fluvial que surcan unos 4.500 buques al año y por la que sale el 80% de las exportaciones argentinas ronda los U$S 200 millones anuales y manejarlo era una de las exigencias que planteó Macri a Milei apenas asumió, a cambio de su apoyo. La propuesta de Guillermo Dietrich para Transporte e Infraestructura apuntaba entre otras cosas a completar la faena que ambos se habían propuesto en 2018: copar ese negocio de la mano del grupo Vicentin y asignárselo por tres décadas a los zares del norte santafesino, en una nueva licitación cuyos pliegos llegó a redactar la consultora Latinoconsult. 

Esta semana, en medio de la revuelta parlamentaria del PRO y del recrudecimiento de la interna con Victoria Villarruel por la visita de un grupo de diputados a los genocidas presos en Ezeiza, la Administración General de Puertos (AGP) adelantó su intención de aumentar el peaje que pagan los cargueros, de U$S 3,06 a U$S 4,98 por tonelada. No pudo ser más inoportuna, con la soja 20% debajo de lo que valía en enero y la liquidación de granos paralizada por el atraso del dólar oficial. La Unión Industrial y la poderosa Cámara Aceitera lo rechazaron airadamente. 

Detrás está la trama del negocio fluvial, cruzada por el contrabando de bienes legales e ilegales, con el trasfondo geopolítico del Cuerpo de Ingenieros estadounidense presionando para que ninguna empresa china de las que ya dominan puertos y acopios se quede también con el dragado y balizamiento del Paraná-Paraguay. Las alternativas son dos: volver a licitar todos los trabajos como en los 90 o mantener el esquema híbrido actual, con la AGP a cargo de cobrar el peaje y subcontratar las tareas, que hoy realizan por separado el grupo EMEPA (de Gabriel Romero) y la belga Jan de Nul. 

¿Qué pretende Macri? En el Gobierno creen que empuja al consorcio holandés Boskalis Dredging International, apadrinado por el lobby de la casa real de Orange y la reina Máxima Zorreguieta, que era parte del plan original con las familias Vicentin, Nardelli y Padoan. La realidad es que el expresidente mantiene viva la relación con los herederos del quebrado holding santafesino, que siguió cultivando Dietrich. No parece la opción más solvente. Justo esta semana, la Algodonera Avellaneda (parte del mismo grupo Vicentin) cerró un acuerdo con la Asociación Obrera Textil (AOT) para rebajar un 25% los sueldos de sus 420 empleados a cambio de no echarlos. 

Góndolas sin piso

La recesión es tan fulminante que los gremios trocaron sus prioridades. Ahora el imperativo es contener los despidos y ya ninguno sueña con recuperar el poder adquisitivo perdido. En las últimas dos semanas, según la medición de alta frecuencia de la consultora LCG, el precio de los alimentos y bebidas no se movió. No es para menos: en un informe preliminar que giró a los supermercados sobre la semana del 12 al 18 de agosto, Scentia dio cuenta de un desplome récord del 27,6% interanual de las ventas. Con ese dato, agosto acumula la mayor caída de la era Milei: 22,6%.

Las Pymes que van quebrando tratan de hacerlo sin hacer olas. Lo detectaron EPyCA y Marca Pyme, las consultoras que estimaron el mes pasado que 2024 va a terminar con 180 mil empleos formales privados menos y unas 10 mil empresas medianas y chicas cerradas, sobre todo en la industria. Lo mismo que con Macri pero más rápido. Una de esas fábricas en crisis, con menos del 20% de su capacidad instalada en uso, accedió a informar su situación con la condición de que no se consigne su nombre. “Si les hacen lo que les hacen a famosos y a políticos, imaginate lo que le pueden hacer a un piojo como yo”, le dijo el dueño al economista que hacía el relevamiento. 

Esos patrones más chicos que se debaten entre el cierre y la continuidad enfrentan también una metralla de intimaciones de la AFIP, llamativa de parte de un Presidente que definía en campaña a los evasores como héroes. “Nos quieren hacer entrar en el blanqueo a toda costa y por eso nos revolean deudas de hace diez años, incluso de antes del blanqueo anterior”, sollozó uno de los intimados. Una tenaza clásica del poder político sobre el económico (la AFIP y la SIDE coordinadas), aunque nunca hasta ahora de uso tan generalizado. 

El brote verde que brilla en la economía real es el del real estate, que no casualmente ovacionó a Milei y a Caputo en una convención en Hilton diez días atrás. El colegio de escribanos porteño informó anteayer que julio fue el mes con más escrituras de compraventa en más de seis años. No alcanza para traccionar la actividad de la construcción mientras la obra pública siga paralizada. De hecho, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, filo-mileísta, advirtió que “el colapso de la ruta 22 es una vergüenza” y que “la vida y el trabajo de nuestra gente están en riesgo mientras Vialidad Nacional sigue generando caos y poniendo en peligro a todos”. 

De la calle online a la Calle 19

¿Creerá el ministro de Economía que su sobrino puede extorsionar también a alguien en Washington para que el Fondo Monetario suelte otro préstamo récord como el que le dio a Macri? ¿Tendrá algún as bajo la manga para que países árabes a punto de declararle la guerra a Israel le entreguen los U$S 40 mil millones que ambiciona a un mandatario que sobreactuó como ninguno su alineamiento con “Occidente” y habla como si Nikita Kruschev viviera todavía? Difícil saberlo. Lo único seguro es que su apuesta por el triunfo de Donald Trump ―y por una gestión suya ante el cuartel general de la calle 19 para que suelte el líquido― se sigue derritiendo al calor del repunte en las encuestas de Kamala Harris.  

El Banco Central consiguió de todos modos comprar U$S 230 millones esta semana, su mejor registro desde mediados de mayo. No fue por una mayor liquidación del agro sino porque el resto de la economía demandó la mitad de lo habitual para el pago de importaciones. Por un lado por la expectativa de que Milei cumpla y baje el impuesto PAIS en septiembre. Por otro, por el desplome inédito de la actividad. 

La hiperrecesión también funciona como una extorsión, silenciosa pero inflexible, sobre un empresariado que no atina a reaccionar y que empieza a ceder como dique de contención de la crisis social. Claro que el impacto es mayor sobre los trabajadores, contra quienes inclinó todavía más la cancha la reforma laboral contenida en la Ley Bases. 

Se vio en la embotelladora mexicana FEMSA, que envasa Coca-Cola, donde un grupo de obreros fueron despedidos por reclamar mejores condiciones laborales. Sus abogados habían logrado que la Justicia ordene revertir sus cesantías por “discriminatorias”, pero los de la compañía interpusieron esta semana los primeros oficios que invocan la Ley Bases para rechazar la reincorporación. La libertad se respira en el aire.