La comuna de Paso de la Patria busca dejar atrás años de desmanejo y daño ambiental debido al mal tratamiento de los residuos urbanos. Los basurales a cielo abierto fueron durante varias gestiones pasadas una constante en la villa turística, al punto tal que esa situación derivó en una condena judicial contra el Municipio paseño dictada en 2010 ante la denuncia y reclamo que presentó ante el Juzgado de Paz de la localidad el entonces defensor oficial de Pobres y Ausentes N° 1 de Corrientes, Enzo Di Tella.

Casi una década después del fallo judicial, y con la obligatoriedad de la comuna de Paso de la Patria de cumplir con el cese de los basurales a cielo abierto, en la villa turística finalmente se puso en marcha el tratamiento y clasificación-separación en origen de los residuos, como así también la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento y clasificación de residuos sólidos urbanos.

Según se informó, días atrás el Municipio estableció un plan de gestión diferenciada de los residuos sólidos urbanos, debiendo hacerse cargo de la separación en origen de los mismos. Esto, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado, movilizó a la clasificación de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos de Paso de la Patria y se determinó además la separación en origen, debiendo cada unidad generadora de residuos sólidos hacerse cargo de la separación del residuos. 

El acatamiento de lo dictaminado por la Justicia obliga además a que el generador de residuos deba clasificar en origen dichos desperdicios, en dos fracciones: reciclables y no reciclables. Los residuos reciclables deberán ser dispuestos en bolsas verdes y los no reciclables, en bolsas negras con el objeto de reducir el volumen de los residuos a deponerse finalmente.

Etapas judiciales

La ejecución de la sentencia por parte del municipio se debió a la concreción de etapas ejecutivas y a constantes gestiones por parte del juez de Paz de Paso de la Patria, Alejandro Sánchez Martínez, magistrado que fue quien falló en la causa y condenó a la comuna de la villa turística en julio de 2010. Entre las gestiones y la concreción de las etapas ejecutivas de la condena, el juez Sánchez Martínez logró como resultado de las distintas audiencias conciliatorias la construcción de una planta de tratamiento y clasificación de residuos sólidos urbanos, que está en funcionamiento.

“Ante el cumplimiento de la sentencia por parte de la municipalidad, como integrantes de un poder del Estado, estamos dedicándonos no solo a obtener un ambiente sano sino también cumpliendo con el deber de hacer justicia y controlando la efectiva ejecución de la sentencia ambiental, donde el juez del proceso participa activamente porque es parte del ambiente y lo debe garantizar”, dijo Sánchez Martínez.

Tras la sentencia, desde aquel año el juez Sánchez Martínez viene gestionando la ejecución y, en este marco, en abril pasado se alcanzó una reunión entre el magistrado, la gestión a cargo de la municipalidad que encabeza el intendente Guillermo Osnaghi y la actual defensora oficial de Pobres y Ausentes N° 1 de Corrientes, Roxana López Duarte, y técnicos del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).

Primera etapa en Bella Vista

El tratamiento diferenciado de los residuos implica un proceso extenso, en el que el vecino aparece como primer actor involucrado, mientras que el Estado carga con la responsabilidad de brindar herramientas para ese fin.

En ese sentido, son varios los Municipios que ya llevan un tiempo considerable trabajando  sobre el tratamiento y diferenciación de los residuos.

En el mes de abril pasado, en el marco del  Programa de Gestión Integral de Residuos, la comuna bellavistense inició un plan piloto para recolección de residuos domiciliarios de manera diferenciada. 

La actividad, en principio ejecutada en una zona específica de la ciudad, incluyó la entrega de bolsas, recicladas y discriminadas por colores  y leyendas con asesoramiento para la diferenciación de los residuos por parte de los vecinos, unos 500, del punto elegido para la ejecución de la prueba.

Un año atrás, los municipios de  Virasoro, Colonia Liebig, San Carlos, Garabí, Alvear, Ituzaingó, La Cruz, Villa Olivari, Garruchos, Estación Torrent, San Antonio de Apipé, Yapeyú y Santo Tomé suscribieron un acuerdo  junto al Gobierno de la provincia  para el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos.