Luego de los cruces entre sus candidatos, la alianza derechista opositora acordó calmar las aguas y se vio obligada a exponer algunos de sus “puntos programáticos”. Más beneficios para los empresarios y mayor poder al aparato represivo para con los sectores más vulnerables, entre otros. Un sinceramiento en una campaña en la que el Frente de Todos también apela a las frases vacías y promesas idílicas.
Este lunes se reunió la mesa nacional de Juntos (ex Juntos por el Cambio) convocada por Alfredo Cornejo de la UCR. El motivo fue la suba de tensión de los cruces entre los integrantes de ese espacio. Facundo Manes, figura puesta por el radicalismo para intentar ganar espacio al interior de la coalición, se cruzó con Larreta, Santilli y Carrió en las últimas semanas.
Esta última, en diversos medios, subió la apuesta acusándolo de mitómano. Al mismo tiempo, agregando tensión a la coalición derechista, pidió instrumentar un “Compromiso Ético”, cuyo primer punto implica “no mentir”. La respuesta fue el llamado de Cornejo a la reunión de urgencia mencionada. El encuentro no terminó como pedía la líder de la Coalición Cívica pero sí con una suerte de acuerdo de no agresión. Al mismo tiempo, se definieron una serie de lineamientos programáticos genéricos, pero con clara lógica.
Este fuego cruzado al interior de la coalición derechista no tiene nada que ver con diferencias de orientación política o económica. En eso siempre hubo coincidencias. Precisamente esos puntos de acuerdo son los que venían tratando de ocultar en campaña, ya que esas mismas recetas llevaron a la debacle de su gobierno y al hundimiento social y económico de millones de personas.
Este lunes sacaron a la luz algunos de sus objetivos políticos, a fin de sellar un acuerdo que calme un poco el ruido de las disputas internas y, a la vez, deje en claro a los grandes empresarios que ellos están totalmente dispuestos a tomar su agenda y representar sus intereses.
Entre algunos de los principales puntos del documento que hicieron público, los partidos que integran Juntos señalan que “es urgente la adopción de políticas que promuevan el trabajo y la producción. Para ello se requieren reglas claras que alienten la inversión por parte del sector privado, entre ellas una reforma impositiva que reduzca la carga tributaria y la normalización financiera que permita el acceso al financiamiento sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, principales generadores del empleo en todo el país”.
Además, plantean que “la política de seguridad debe despojarse de la concepción ideológica que le impone el Gobierno. No debe haber contemplaciones con los delincuentes y debe fortalecerse la gestión de las fuerzas de seguridad en todo el país”.
Los lineamientos que ahora hacen públicos se condicen con los intereses de siempre de los grandes empresarios. Pero también, en particular, con los pedidos y declaraciones que vienen haciendo desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) durante los últimos días. La central empresaria dejó trascender que elabora un documento que hará público en los momentos “calientes” de la campaña electoral. De esta forma buscan presionar por derecha en el escenario electoral para que sus “propuestas” de siempre sean tomadas por las coaliciones de los partidos tradicionales.
Casi de forma sincronizada la semana pasada se conoció también una edición de la Encuesta a Ejecutivos que elabora IDEA. Entre las principales conclusiones los empresarios destacaron que en la actualidad “se agudizan los factores fiscales y de legislación laboral como barreras para el aumento del nivel de empleo”. Es decir, el reiterado pedido de beneficios impositivos empresariales y reforma laboral.
Los puntos programáticos (si así pudieran llamarse) que ahora expone Juntos vienen a dejar en claro al sector del gran empresariado que, a pesar de las rispideces internas, están “Juntos” para representar sus intereses y llevar adelante las reformas necesarias para maximizar sus beneficios, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.
Del otro lado de la grieta política, el Frente de Todos también hace gestos para mostrarse más cercano a los intereses del gran empresariado. Por más que levanta un discurso crítico, en los hechos sus medidas más importantes están lejos de cuestionar exigencias o reclamos. En las últimas semanas se registró un claro cambio cuando desde la misma vicepresidencia de la nación se aseguró que se usarían los DEG otorgados por el FMI para pagar la misma deuda que existe con ese organismo internacional. Como se recordará, meses atrás el discurso era otro y se hablaba de usar esos fondos para la recuperación económica y enfrentar la pandemia. Esa parte del relato quedó atrás.
La tónica electoral del Frente de Todos se mantiene, desde el inicio de la campaña, en las mismas coordenadas: hablar de un pasado idílico cuando fueron Gobierno; y eximirse de las responsabilidades de la dura realidad que enfrentan millones cargando todo en la pandemia y la herencia recibida por el macrismo. Sin embargo, el Gobierno nacional fue quien optó por tomar unas decisiones y no otras, priorizar ciertos intereses y no otros.
El pago de la deuda externa sin investigarla, el cuidado de los intereses de los grandes laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada en medio de la pandemia, mientras a la par se eliminó el IFE, se recortó el gasto social y se ajustaron las jubilaciones con la eliminación de la movilidad jubilatoria, fueron todas medidas tomadas por el oficialismo actual.
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