La utilización sistemática de la Justicia como herramienta de persecución, aunque sea sólo a través de un grupo de funcionarios judiciales, puede explotarle en la cara al gobierno, como sucedió con la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Se ha denunciado y después acallado que en la causa de los cuadernos salían en libertad quienes declaraban lo que el fiscal o el juez querían escuchar. Y que los demás terminaban encarcelados en situaciones humillantes y dolorosas hasta que declaraban lo que se les pedía.

Hasta que uno de esos empresarios hizo la denuncia con grabaciones de audio y video, con fotografías y documentos. Es una denuncia que pone en tela de juicio todas las declaraciones obtenidas en esa causa y que constituyen la única prueba.

El personaje central de la denuncia contra Stornelli, el abogado Marcelo D’Alessio, embarra a medio macrismo: su tío es el escribano General de la Nación, Carlos Marcelo D’Alessio, un hombre de la más estrecha confianza de Mauricio Macri. Su relación cercana con el fiscal Stornelli está comprobada al igual que con el periodista de Clarín, Daniel Santoro.

El fiscal dice que se trata de una “operación berreta”, pero esta denuncia tiene audios, fotos, videos y testimonios de los perjudicados. Hay fotos que lo muestran en una relación de confianza con D’Alessio, con el que intercambió más de 150 mensajes. En cambio, la llamada causa de los cuadernos no tiene cuadernos sino fotocopias.

D’Alessio es un personaje típico del law fare, la metodología inducida por los servicios de inteligencia norteamericanos para socavar y perseguir a gobiernos o movimientos populares. El dispositivo utiliza servicios de inteligencia, más periodistas y medios ahora oficialistas y funcionarios judiciales.

No es un falso influyente, D’Alessio tiene relaciones y fotos con todos esos estamentos del law fare. Y en las grabaciones y videos se jacta de haber proporcionado información para diversas operaciones mediático-judiciales. No es un tonto, un charlatán desbocado o un mitómano que quiere darse importancia. Es un personaje oscuro relacionado con altas esferas del oficialismo. Y la excusa que da frente a las pruebas incontrastables es que simuló el chantaje para conseguir información.

Iba a pasar que en algún momento saliera a la luz este personaje o algún equivalente. Porque el método se repite y queda expuesto. Pero el desastre económico, usado también para favorecer a las empresas de los funcionarios del gobierno terminó por afectar al empresario más fuerte del país, Paolo Rocca, el jefe de Techint, a quien Macri le sacó por decreto los subsidios a la explotación en Vaca Muerta. 

A pesar de los obstáculos, la guerra judicial sigue. Durante la semana, la Cámara Comercial hizo cerrar las cuentas por las que la empresa C5N paga los salarios de sus trabajadores.

El sistema cuida celosamente el negocio de la televisión. Comparado con las redes, la gráfica y la radio, la televisión es el medio más cerrado. No se permite diversidad de voces, apenas matices. El canal de cable ultraoficialista TN se derrumbó y Clarín no encuentra la forma de levantarlo. El único canal crítico del gobierno, C5N, es de cable y es el que tiene mayor ráting. Iba a pasar en un año electoral:el gobierno está apurado por cambiar programación y contenido. Metió preso a Cristóbal López, el dueño, y presiona para que lo venda a un amigo del poder. Las intenciones del gobierno encuentran siempre el soporte en algún sector del Poder Judicial para enmascarar la persecución política y la censura. En un proceso de quiebra, los trabajadores son los acreedores principales. No les pueden impedir cobrar sus salarios.

Al mismo tiempo, fueron procesados 92 intendentes por supuesta corrupción en la recolección y tratamiento de la basura. No es que está investigando si realizaron las obras convenidas. Procesaron a todos al voleo. No tan al voleo. Por ejemplo, el ex intendente anti “k” de Bariloche, Omar Goyé, fue sobreseído y nunca realizó las obras que tendría que haber hecho. Pero procesaron al ex intendente Rafael Williams, de Esquel, que realizó la obra para el reciclaje de la basura. Los procesaron a todos. Ruido mediático, portadas de medios oficialistas, notas en la televisión y la radio sobre la corrupción de los intendentes peronistas. Después, cuando todos se olviden, se verá. Iba a pasar. Todo el andamiaje de persecución sistemática está en juego.

Además de los 92 intendentes peronistas, a fines de febrero comienza el desfile de casi cien ex funcionarios y empresarios, encabezados por Cristina Kirchner, citados a indagatoria en una ampliación de la causa de los cuadernos. El último en declarar será el ex ministro Julio De Vido. Más ruido sobre la corrupción peronista-kirchnerista para la campaña de reelección de Macri.

Sin propuestas creíbles y sin poder exhibir ni un sólo logro de su gestión, la corrupción estará en el centro de la campaña de Mauricio Macri. Tratará de contrarrestar con ese discurso el efecto de la tragedia económica. La lluvia de citaciones y procesamientos da la pauta.

No se trata de convencer a nadie que la corrupción no existió, sino que casi todas las causas están armadas en forma irregular y por funcionarios muy parcializados.

La insistencia con esta metodología, después de cuatro años de gobierno, sigue siendo el único argumento electoral. Pero la utilización a mansalva de la Justicia para perseguir a sus adversarios políticos ha degradado su credibilidad. Y una Justicia creíble es una garantía para la convivencia en paz. El país puede retroceder por ese camino a la época en que la violencia sustituyó a la Justicia.

Quizás resulte más fácil verlo en Brasil. Un juez que reconoció que no tenía pruebas, condenó “por íntima convicción” a Lula, que era el candidato con más respaldo, según las encuestas. El juez favoreció de esa manera el triunfo del candidato opositor, quien tras ganar, inmediatamente lo designó Ministro de Justicia. El juez fue corrompido con la promesa del poder para condenar a Lula.

Ahora la jueza que este magistrado dejó en su reemplazo, volvió a reconocer en otra causa que no tiene pruebas para demostrar que una quinta es propiedad de Lula, pero lo condenó porque tenía “la íntima convicción” de que la quinta era suya y que los arreglos que se le hicieron fueron en calidad de coima.

La desproporción es absurda. Cuando uno de los arrepentidos denunció que había direccionado coimas a empresarios y funcionarios para que se apruebe el soterramiento del Sarmiento, se llegó a suponer que la coima ascendía a ocho millones de dólares. Es la cifra que tenía José López en su poder cuando fue detenido. Las obras, finalmente comenzaron con el gobierno de Macri.

Pero las coimas por las que se acusa a Lula son un departamento en una playa muy popular, –como decir Mar de Ajó- en la primera causa. Y por los arreglos en una quinta, en la última condena. Los arreglos no llegan ni a 200 mil dólares. Es ridículo pensar que un presidente que supuestamente administró coimas de millones de dólares hubiera recibido esas migajas.

Las cantidades son absurdas cuando se las compara, y encima no tienen pruebas y lo tienen que condenar por “íntima convicción” y además, el juez es nombrado ministro por el candidato al que favoreció al encarcelar a Lula.

Algunas de esas situaciones se pueden extrapolar a la Argentina, donde la ex presidenta Cristina Kirchner es la política con más votos, según las encuestas. Pero es acusada de haber robado “un PBI”, –unos 600 mil millones de dólares. Y no se ha encontrado un solo peso que no estuviera declarado. No hay tesoros escondidos ni cuentas offshore.

La destrucción de la economía es evidente tanto para oficialistas como opositores. La demolición de la Justicia a manos del macrismo es una bomba de tiempo.