La instalación ilegal de una central termoeléctrica generó un fuerte impacto político hacia el interior del anterior gobierno municipal. Fue un laberinto autoconstruido del que nunca terminó de salir. Criticado por vecinos y sectores de la oposición, presionado por sus aliados en Cambiemos de Nación y Provincia. La luz verde inicial -que en definitiva permitió la construcción fuera de las normas- se transformó en una actitud dubitativa, para luego retomar el impulso inicial, pero ya sin suerte. En diciembre de 2018, al concluir un nuevo año legislativo, el expediente de la termoeléctrica quedó archivado. Habían pasado varios intentos fallidos promovidos por la bancada oficialista para pasar por encima de la ordenanza que prohíbe la instalación de nuevas empresas de tercera categoría y modificar de rural a industrial la zonificación del predio de la Ruta 6.

El nuevo gobierno sabe que se trata de un tema urticante y juega al distraído. Hasta el momento no se conoce ninguna medida concreta vinculada a la termoeléctrica. Hay silencio. Tampoco está claro cuál será la política energética que impulsará la gestión de Alberto Fernández. No se debe perder de vista que así como el desembarco en Luján de la termoeléctrica se cocinó en Nación, en los siguientes pasos también tendrá un rol destacado esa esfera estatal. Por otra parte, el escenario de emergencia energética denunciado por el gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministro Juan José Aranguren, como justificativo de estos proyectos, presenta hoy un escenario de bajo consumo producto de la crisis económica que impactó en la actividad industrial.

Esta semana, EL CIVISMO solicitó al área de Prensa acceder a una entrevista con el subsecretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Daniel Lansón. La intención era abordar diferentes temas concernientes a la nueva dependencia, incluida la cuestión de la central de energía. “No van a dar nota con Lansón”, fue la respuesta.

La última declaración pública de Boto sobre la termoeléctrica fue a este medio, antes de ser elegido intendente, cuando EL CIVISMO consultó a todos los candidatos cuál era su postura al respecto. En aquel momento, la respuesta no incluyó definiciones: “Todo lo vinculado a la instalación de la termoeléctrica en Luján se dio en un marco muy grande de irregularidades y el ocultamiento permanente de información por parte del Departamento Ejecutivo. Hay muchos manejos del oficialismo, tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante, que no se terminan de comprender, por lo cual creo que tenemos que recuperar la seriedad del Municipio, dotar a la administración de orden, transparencia y previsibilidad. En este, como en otros temas de gravedad que hemos denunciado en estos años, tendremos que ver en primer lugar con qué estado de situación real nos encontramos el 10 de diciembre y a partir de allí tomar las decisiones pertinentes, en las cuales los vecinos tienen que saber que todo lo que hagamos a partir de esa fecha va a ser en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las normas provinciales y municipales”.

Habló de “garantizar su cumplimiento ante cada tema y sin atropellar o arrogarnos roles que no nos corresponden o pertenecen a otros poderes del Estado. El intendente tiene que trabajar para dar respuestas, no para hacerse el distraído, hay que hacer cumplir las ordenanzas municipales y en los casos en que no estemos de acuerdo proponer otras alternativas, pero no se puede seguir en este estado de caos al cual nos han llevado estos 8 años de Cambiemos.

En modo genérico planteó “generar empleo de calidad, con empresas que quieran radicarse en Luján en el marco del cumplimiento de las normas, que tengan como prioridad cuidar el ambiente y no atentar contra la calidad de vida de ningún lujanense”.

El presidente del Concejo, Ariel Notta, tampoco articuló una respuesta contundente cuando se le preguntó si el tema formará parte de la agenda legislativa 2020: “Hoy el Concejo se abocará en los primeros meses a dos cosas. La primera serán las herramientas económicas y financieras en un Municipio que tiene la cuenta del Banco Provincia en menos 55 millones. Es una situación grave. Por otro lado, la arquitectura institucional que requiere el plan de gobierno. Son las dos cuestiones que de manera urgente vamos a empezar a tratar en función de lo que vayan aportando todos los bloques”.

Dos fuentes del deliberativo indicaron que la termoeléctrica no se tratará en lo inmediato, pero que sí volverá a las sesiones en el transcurso del año. “Lo que sí se sabe es que en algún momento va a regresar”, manifestó una de las personas consultas.

Por parte de Araucaria Energy, la empresa a cargo de la central, también hay silencio. Esta semana EL CIVISMO tomó contacto con el área de comunicación. “Por el momento no tenemos novedades”, fue la respuesta.

En materia de requisitos, el intento de Cambiemos durante 2018 fue avanzar en la rezonificación del predio. Ese paso resulta indispensable para que el emprendimiento pueda gestionar el denominado Certificado de Aptitud Ambiental, instancia que se tramita ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Recién entonces quedaría encuadrada para conseguir la habilitación municipal. El segundo de los requisitos está contemplado en la Ley de Radicación Industrial. En el caso de Luján se suma otro elemento a partir de la ya mencionada ordenanza que impide la radicación de empresas de tercera categoría. Su modificación fue otro de los intentos del entonces oficialismo. 

LA CORTE

Mientras se esperan definiciones en la esfera política, también se aguarda la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia por tres recursos de amparo, dos vinculados a las centrales de Pilar y el restante a la de Luján.

“Los casos son muy parecidos, aunque es mucho más flagrante el caso de Luján. Hablamos de una instalación de tercera categoría de forma totalmente ilegal. Para empezar la obra tendrían que haber contado con un Certificado de Aptitud Ambiental, para lo cual se requiere una zonificación industrial, cosa que no existe. Y esto requiere a su vez de procedimientos de participación ciudadana. Eso tampoco ocurrió. Son todos detalles que indican que estamos hablando de algo totalmente clandestino. En otros casos, la Corte ha declarado nulos los procedimientos en los cuales no hubo participación ciudadana”, explicó el abogado Gustavo Madeira, a cargo de impulsar las causas.