Por

CARLA PELLIZA

El PRO de Mauricio Macri no quiere afectar la gobernabilidad de Javier Milei pero, al mismo tiempo, tampoco quiere garantizar un apoyo ciego, sino negociarlo a cambio de un mayor respeto. La vieja exigencia del ex presidente que, hasta ahora, pasó por varios ultimátum, unas cuantas últimas oportunidades, y no se cumplió.

Con la complicación de la negociación por el Presupuesto 2025, dada la falta de acuerdo con los gobernadores, Macri tomó una decisión. Para él, es necesario respaldar a los jefes provinciales propios, cuya gestión es más importante que cualquier negociación, acuerdo o relación que pueda tener el partido con la Casa Rosada. Mauricio eligió. 

Las tres gobernaciones del PRO –en dos provincias y la CABA– son clave para el partido fundado por el ex jefe de Estado. Son el reflejo de la experiencia, de los buenos resultados, de la renovación, de los equipos. Es parte de lo que Mauricio tiene para ofrecer en campaña y sus líderes son los que, para él, tienen que escribir las listas del año que viene. Un objetivo que podría verse trunco si el gobierno logra avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, dejando la lapicera en manos del presidente.

Mandatarios amarillos, pero también de lo que fue Juntos por el Cambio, conversaron durante varios meses con el gobierno, plantearon sus demandas y, si bien se dejó espacio temporal para impulsar un posible cumplimiento, no encontraron acompañamiento en Casa Rosada. Las provincias necesitan recursos y, para eso, armaron su propio Presupuesto nacional, igual al de Milei pero con las necesidades de los distritos.

Hace semanas, Macri había dejado en claro que, llegado el momento, iba a respaldar a los suyos frente a la Casa Rosada. El 24 de octubre, después de una reunión entre gobernadores y Milei, los jefes provinciales amarillos se reunieron con Mauricio y, desde entonces, dejaron en claro la necesidad de avanzar con la sanción del Presupuesto pero “incluyendo como condición estas prioridades de los gobernadores e intendentes”.

Según se aclaró desde el PRO en ese momento, esas prioridades fueron “planteadas en los distintos encuentros con el Poder Ejecutivo desde el mes de marzo y son relevantes para la generación de empleo privado en cada uno de los territorios. Siempre garantizando, como ha demostrado nuestro partido con su voto en el Congreso, el equilibrio fiscal”.

Por eso, el macrismo planteó, desde finales de la semana pasada, la posibilidad de no acompañar el Presupuesto de Milei. Fue, justamente, para priorizar y preservar lo propio. El PRO, ahora sí, va a empezar a exigir mayor respeto. Esto no sólo implica el cumplimiento de acuerdos, sino también la inclusión del partido en la mesa que toma las decisiones.

Así como hace algunas semanas el último gran favor fue la negociación y el aporte de votos para sostener el veto a las universidades (una posición que le costó mucho a varios, la mayoría, de los diputados M), el PRO volvió a lanzar el ultimátum: la prueba final de amor con el gobierno fue no dar quórum en la sesión que buscó limitar la vigencia de los DNU y sostener el DNU que habilita a Luis Caputo a tomar deuda sin pasar por el Congreso.

En ese caso, desde el macrismo consideraron innecesario tensar la relación con el gobierno en una pelea que, de haberse habilitado la sesión, iban a perder con la oposición. Ahora, con la posibilidad de ganar tiempo, se acercaron al receso y hasta marzo podrían no volver a verse las caras. A pocas semanas del cierre de listas, cuando todos los apoyos y relaciones valgan un poco más que a esta altura del año.

La demora en la ejecución de ese ultimátum obedece al compromiso del PRO de no poner en peligro la gobernabilidad de Milei. Por lo tanto, sería lógico pensar en acercamientos puntuales y negociaciones quirúrgicas. Día a día, así se tomarán las decisiones, casi como si se tratara de un proceso para dejar una adicción.

En la UCR la situación no está menos complicada. Los radicales tampoco llegaron a un acuerdo por el Presupuesto 2025 y en el partido centenario apareció otra discusión interesante. El diputado Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, anticipó, en X, que “la designación de los jueces por decreto sin acuerdo del Senado será causal suficiente para promover juicio político contra el Presidente de la Nacían y los ministros que firmen. Y quienes consientan”. La advertencia hace referencia a la posibilidad de nombrar ministros de la Corte Suprema por DNU.

Desde el bloque de la UCR no se compartió esta posición porque, de avanzar con estos nombramientos, el Poder Ejecutivo lo haría en comisión durante el receso, de forma temporal, dándole más tiempo al Senado de tratar los pliegos y expedirse sobre el tema, como sucedió en la época de Macri.