Algo huele mal en Esquel. A pesar de todos los indicios que constan en el expediente sobre la responsabilidad de la Gendarmería Nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el juez federal Guido Otranto admitió a esa fuerza de seguridad como parte en la causa, y el abogado que la representa     ya tuvo acceso al caso a través de    fotocopias. Así lo confirmaron a PáginaI12 fuentes judiciales que calificaron la decisión del magistrado como “inentedible” teniendo en cuenta la nula colaboración que están teniendo los gendarmes para esclarecer un hecho del que fueron protagonistas. Por otra parte, la fuente afirmó que la justicia “no maneja esa línea”, en alusión a la presunta vinculación con este caso de un episodio violento en el que un puestero de la localidad de Epuyén habría apuñalado a un miembro de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Es una versión periodística, y aunque todo es posible para nosotros es de las hipótesis más improbables porque hay pruebas de los movimientos de Santiago los días posteriores a la fecha del incidente, llamadas telefónicas que realizó e incluso testimoniales donde cuentan que tenía pensado visitar el Pu Lof de Cushamen ese domingo”, expresó una de las fuentes consultadas. 

De hecho, la cuñada de Maldonado, Andrea Antico, aseguró ayer que “Santiago vivía comunicándose con su mamá, la última vez que hablaron fue el domingo previo, quieren poner el foco en otro lado y no hacerse cargo”. En diálogo con el periodista Werner Pertot en FM Futuröck, la esposa de Sergio Maldonado dijo sin ocultar su indignación: “No podemos creer que se empiece a embarrar este tema con otras versiones. Está acreditado que la última vez que se lo vio a Santiago fue en la comunidad. El resto no importa nada. Si Gendarmería es la que está comprometida, tienen que aportar las pruebas de que no lo tienen”. Y agregó que “todavía no tenemos el listado total de la Gendarmería, los handies que usaron, no hay un informe de la Gendarmería. Que presenten un informe, solo desvían hablando de Santiago”.

El juzgado habría aceptado tener a la Gendarmería como parte en tanto “autoridad denunciada”, pero según opinó uno de los investigadores “están nerviosos y por eso quieren saber qué pasa en la investigación”.

La causa penal por un ataque que habría realizado la RAM el 21 de julio contra el puestero Evaristo Julián Jones, en el cual él apuñaló a uno de los agresores, estuvo en boca de la ministra de Seguridad antes que en los encabezados de algunos medios. Antes de su cruce con el senador kirchnerista Ruperto Godoy, Bullrich estaba leyendo el detalle de esa denuncia penal que para el gobierno podría ser “una de las hipótesis que investiga el ministerio de Seguridad porque el apuñalado nunca apareció ni se atendió en los hospitales de la zona”. Para la fuente consultada, “esto es demasiado burdo, la ministra podría poner la misma energía en ordenar a la Gendarmería que colabore en lugar de insistir en tanto en su inocencia”. 

Esa fuerza recién ayer aportó un elemento básico como es el listado con nombre y apellido de los 130 efectivos que participaron del operativo represivo en el Pu Lof de Cushamen, el 1 de agosto, donde Maldonado fue visto por última vez según testimonios del expediente. 

Por otra parte, las tareas de peritaje de las muestras de sangre encontradas en uno de los camiones de Gendarmería, así como otros elementos detectados por los perros durante los rastrillajes y allanamientos están siendo analizadas por los expertos de la facultad de Farmacia y Bioquímica del UBA. En ese sentido, la ministra Bullrich deslizó durante su presentación en el Senado que sería necesaria una muestra de los padres para dar mayor certeza, pero los investigadores del caso entienden, al menos en primera instancia, que con la que aportó el hermano de Santiago, Sergio, sería suficiente. 

“La Ministra Bullrich quiere poner el foco en otro lado, como que nosotros no ayudamos, y todo lo contrario: nosotros queremos que aparezca Santiago. Desde Seguridad se comunicaron con los padres, ellos les dijeron que se comuniquen con nosotros que somos los que estamos al tanto de todo y estamos yendo y viniendo de Bariloche a Esquel. La primera comunicación con los funcionarios fue ocho días después”, se lamentó la cuñada de Maldonado.