Es parte de la obra que se hizo en el autódromo Juan Manuel Fangio. Detectaron sobreprecio en los zanjeos para los paredones de seguridad y empleados del Estado que nunca fueron a trabajar.
Cuando Esteban Reino asumió como intendente de la ciudad, los trabajadores de la Cooperativa El Mirador le pidieron a través de una nota que respete sus fuentes de empleo en el marco de las políticas sociales y las vinculadas a la obra pública que encararía su administración. Los integrantes de esta cooperativa, cuyo coordinador era Tomás Lapadula, ex subsecretario de Obras Públicas, indicaron que se sintieron “usados” por aquellos que tenían bajo su responsabilidad la tarea de coordinar y velar por la capacitación, formación y la inserción en la economía social como era el objetivo del Plan Argentina Trabaja. “Cuando preguntábamos al coordinador –Lapadula- sobre algunos de estos temas, nos contestaba que eso decían ellos, pero acá las cosas eran de otra manera y que él era quien manejaba todo, quien viajaba a Buenos Aires y conseguía la plata para nosotros. Pero nunca vimos un peso y si realmente estaba nunca supimos para qué se utilizaba. Sí notamos que cuando se llamaba al presidente, al secretario, o al tesorero para firmar cheques, remitos, o facturas donde figuraban materiales que nosotros no habíamos visto ni utilizado”, reconocieron. Los integrantes de la Cooperativa también tuvieron a su cargo la construcción de paredones y obras complementarias en el autódromo Juan Manuel Fangio. Justamente esta obra fue la primera que se relevó en el marco de la auditoría interna que lleva adelante la Municipalidad. Los integrantes de la cooperativa advirtieron: “en el autódromo, se nos dijo que había que hacer paredones, sacar guardarail y se nos tiró literalmente allí. Nosotros no somos negritos choripaneros o vagos que vivimos de un plan, ni tampoco especulamos para poder comprar dólares, sólo queremos tener un trabajo digno, aprovechar que tenemos una cooperativa, una matrícula y herramientas que nos permita ganarnos la vida honradamente”, se quejaron sin mencionar que los llevaron sólo para la foto de ocasión, ya que la mayor cantidad de metros de paredones estuvo a cargo de la firma Pretensados Balcarce. El resto, o lo poco que construyó la cooperativa, no sirve y habría que rehacerlo. En el gobierno de Cambiemos siguieron de cerca la evolución de la obras y fundamentalmente la responsabilidad de los funcionarios que tuvieron a su cargo esos trabajos. En conferencia de prensa, durante 2015, el intendente José Echeverría anunciaba que por medio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se firmaba un convenio para la concreción de obras de paredones para brindar de seguridad al Autódromo Juan Manuel Fangio. Las obras –por decisión del gobierno K- fueron destinadas para su ejecución a la Cooperativa El Mirador. El monto estimado para el hormigonado de los paredones fue en ese momento de 4 millones de pesos. Según supo La Vanguardia, de ese total se gastaron 2.800.000 pesos. Una parte se usó para llevar a adelante la construcción de paredones, y otra parte de este dinero se encuentra en materiales (hormigón y moldes) que fueron acopiados por la firma local que le garantizó al municipio su existencia.. En ese contexto, muchos se preguntan qué pasó con la diferencia de $ 1.200.000 respecto del monto que envió el gobierno nacional.
Polémica. Pero la obra preliminar a los paredones, un zanjeo de cerca de 3000 metros para la posterior colocación del hormigón (sólo hay 300 metros construidos), es lo que hace ruido. La administración kirchnerista pagó a un contratista de General Conesa $ 210.000 para esa tarea (la excavación de una zanja de 80 cm por 50 cm), a razón de $70 el metro lineal. Del análisis de la documentación a la que accedió en exclusivo La Vanguardia surgen dos datos que no cierran: el valor del metro de zanjeo (ya que en el sector se cobra por horas máquina y no por metro) y la cantidad de metros realizados; menos de lo estipulado, cerca del 10 % según consignaron fuentes consultadas al respecto. Hay dos pagos que figuran en el expediente. Uno por 100 mil pesos y otro por 110 mil, a la misma firma. Tampoco existió, al menos no figura en ese expediente, una recomendación oficial de alguna entidad sugiriendo la característica de las obras que se impulsaron. Un maquinista de la ciudad consultado por este diario, y a modo de referencia, explicó que el metro lineal se cobra en la actualidad $ 35 (el valor del trabajo contratado es el doble) y que la tarea encargada por la Municipalidad no podría demandar más de 10 días a un valor total de 105 mil pesos, la mitad de lo que abonó la gestión K. Otras fuentes del sector, incluso, aseguran que ese trabajo no puede costar más de 40 mil pesos.
Uso y abuso. Al margen de ser utilizados para las fotos de rigor y para que firmen facturas y remitos por montos y materiales que, en la mayoría de los casos no veían, los integrantes de la Cooperativa El Mirador aparecen como víctimas de un entramado en el que claramente se los utilizó para canalizar los fondos que llegaban de la Nación. Paralelamente les hicieron firmar certificaciones por obras supuestamente concluidas que, en verdad, estaban a mitad de camino. De las 23 personas de la cooperativa que figuraban en la nómina del Ministerio de Desarrollo Social que conducía la hoy gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, sólo 8 realizaban tareas, mientras que el resto cobraba un sueldo de 4 mil pesos pero no trabajaba. Además, los listados de asistencia eran completados de manera manuscrita y figuraban sus firmas, aunque no realizaban ningún tipo de tarea. El gobierno actual tomó nota de esta situación y depuró ese listado quedando en la actualidad quienes efectivamente trabajaban y sumando personas que esperaban conseguir una oportunidad laboral en reemplazo de los denominados ñoquis detectados por la auditoría.
Denuncia. La próxima semana funcionarios del gobierno se presentarían en la justicia para denunciar estas irregularidades y sobreprecios. Apuntan a los funcionarios que estuvieron a cargo de la obras y realizaron las contrataciones. Esta información ya estaría en manos del intendente Esteba Reino y la asesoría legal estaría trabajando ya, junto a los auditores, en el relevamiento de las obras realizadas por la gestión del doctor José Enrique Echeverría.
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