La sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital de ayer tuvo ribetes excepcionales en el marco de la transición hacia el nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre. 

En ese marco, los concejales bederistas, algunos ex aliados del quintelismo y dos ediles radicales dieron quórum para derogar tres ordenanzas sancionadas recientemente por el cuerpo que había criticado el intendente electo el pasado 5 de julio, Alberto Paredes Urquiza. Se trata de las ordenanzas que crearon la Autoridad Municipal Metropolitana de Transporte (5268), la Modificación al Organo regulador del Mercado Mayorista y al directorio de la empresa municipal de transporte Munibus. 

Sobre ellas Paredes Urquiza había expresado en varias oportunidades que excedían las facultades del gobierno actual y que perjudicaban la futura gestión. 

Por ello ayer, minutos después de obtener el quórum suficiente para sesionar, el bederista Heber Sirerol pidió incorporar para su tratamiento sobre tablas la derogación de las ordenanzas 5268, 5279 y 5280, que después fueron aprobadas por unanimidad.

Sin embargo otro punto de conflicto entre los distintos sectores del Justicialismo enfrentados por la gestión municipal, fue una modificación a la ordenanza que crea el Tribunal de Faltas Municipal en la que el quintelismo, por iniciativa del concejal Ernesto Pérez, pretendía corregir una incoherencia con la ordenanza que crea la Cámara de Apelaciones Municipal. Los ediles presentes en el recinto Santo Tomás Moro lograron frenar el proyecto y lo rechazaron por lo que no podrá volver a tratarse en 2015.

Al borde el escándalo

Ante la ausencia de las autoridades del cuerpo, para poder sesionar los concejales presentes -9 de un total de 15- eligieron a uno de ellos para que presida la sesión. De esta manera Jesús Sánchez asumió las funciones del viceintendente Armando Molina, a cargo del Ejecutivo y de los vicepresidentes ausentes. Sin embargo una vez iniciada las deliberaciones la concejal Alcira Brizuela le acercó en dos oportunidades una llamada telefónica al edil, llamado que fue ignorado por Sánchez pero que determinó posteriormente el abandono del recinto del secretario deliberativo, José Gordillo y la secretaria administrativa, Mónica Presse y generó tensión entre los ediles que pidieron sanciones para los funcionarios y para su par de bancada. 

El bederismo interpretó el gesto como una extorsión del quintelismo para hacer fracasar la sesión ante los intereses que el gobierno municipal tiene en ocupar los cargos creados por las ordenanzas en cuestión. Sin embargo el concejal Ernesto Pérez declaró en una emisora local que el intendente Ricardo Quintela tiene la facultad para vetar las ordenanzas aprobadas. Sin embargo para que el veto prospere este debe ser después convalidado con por los dos tercios del Concejo, situación que parece irreversible ya que ayer 10 ediles avalaron las derogaciones.

“Bochornosa”

Consultada por la situación vivida en el recinto del Concejo Deliberante capitalino, la edil Andrea Mercado Luna expresó su preocupación por lo que considera un “ataque a la institucionalidad”, al tiempo que calificó como “bochornosa” la retirada de los concejales quintelistas. 

“El secretario y la prosecretaria se han levantado y no sabemos bajo qué fundamento, porque se deben a la institución, no porque los levante alguien por un teléfono”, sostuvo la edil, en referencia a un llamado que habrían recibido los funcionarios.

Los presentes

Los concejales presentes en la sesión de ayer fueron: Jesús Sánchez, que obró de presidente, Andrea Mercado Luna, Daniel Marcos, Heber Sirerol, Diego Mazzuccelli, José Pistek, Carlos del Giorno, Gabriela Amoroso, Beatriz Molina Perea a los que posteriormente se les sumó Jorge Díaz.