En una audiencia pública sobre el tema, ayer se informó que la Cancillería junto con la Comisión de Energía Atómica han pedido informes a la Argentina, sin obtener respuesta hasta el momento. Además advirtieron que este país tiene derecho de construir una planta, pero ajustada a las normas internacionales.

Durante la audiencia pública, que tuvo lugar en la sala de sesiones del Senado, el vicecanciller Antonio Rivas mencionó que Paraguay pide a la OIEA salvaguardar los intereses y alegó que aunque no se abone la cuota - debe unos US$ 400.000 al organismo-, pueden solicitar asesoramiento en el tema, según el diario paraguayo Ultima Hora.

En Paraguay se sabe hasta el momento que la futura usina es solamente un proyecto para generar 250 megavatios, pero que no está definida su ubicación.

Rechazo enérgico

Con el objetivo de realizar la denuncia contra el proyecto que tendrá como sede a Formosa, el Senado paraguaya ratificó la semana pasada la Convención sobre Seguridad Nuclear, firmada por varios países el 17 de junio de 1994. Por la ausencia de plantas nucleares en el país, inicialmente el documento no fue considerado en el Congreso.

El 4 de julio pasado, el saliente presidente de Paraguay Federico Franco rechazó "respetuosa pero enérgica y definitivamente" estos planes de la Argentina.

Aunque precisó que la iniciativa es "todavía una idea", Franco dijo que aprovechó para transmitir su posición contraria debido a que una planta de ese tipo "afectará la soberanía del Paraguay".

La inquietud radica en la posibilidad de que se produzca alguna fuga radiactiva que pueda tener consecuencias en Paraguay, debido a la cercanía.

El tema deberá ser encarado por el nuevo gobierno que asumirá el 15 de agosto, encabezado por Horacio Cartes, elegido presidente en las elecciones nacionales del 21 de abril. También heredarán el dilema de la continuidad en el Mercosur.