Como los mejores culebrones televisivos, la historia de la polémica construcción del Centro de Servicios al Camionero proyectado en Uspallata promete seguir alargándose.

Es que si bien el último capítulo lo escribió la UTE adjudicataria Dorisol- EAG-Mercosur al pedir prórroga para el inicio de la obra, el municipio ahora mantiene en suspenso la decisión, supeditándola a rediscutir variables del convenio que en su momento firmaron los empresarios con el ex intendente Rubén Miranda, como obras de infraestructura en el predio y el exiguo canon del 5% que le aseguraría a la comuna.

De todos modos, la sociedad que impulsa un negocio que supera los $ 23 millones aún adeuda la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito ineludible para avanzar. “No se ha concedido ninguna prórroga. El tema está básicamente en el Impacto Ambiental y los costos, que son demasiado elevados para que los asuma el municipio”, señaló el secretario de Gobierno, Raúl Villafañe.

Las Heras esgrime una deuda heredada de $ 200 millones mayormente con proveedores, principal argumento para no afrontar otros compromisos. En el caso del complejo en Uspallata, el convenio suscripto por la UTE en la que participa el empresario Alfredo Vila y el ex cacique comunal Miranda, estipulaba una serie de obras de defensa aluvional que, en tiempos de aludes en la alta montaña, resultan clave.

Según Villafañe, “la intención no es perjudicar a nadie; estamos a favor del progreso y de crear fuentes de trabajo, pero hay que rever algunas variables que el proyecto original no ha tenido en cuenta, sobre todo responsabilidades que tocan al Municipio”. Amplía: “Indudablemente, el compromiso contraído por la gestión anterior fue durante una época de bonanza. No podemos gastar tanto ahora; si bien hay obras clave para los habitantes de la zona el costo deben solventarlo los beneficiarios del proyecto”.

Una de las cláusulas más controvertidas del convenio fue la que estipulaba un canon del 5% de los ingresos del concesionario para Las Heras. Es decir, sobre $ 10 millones mensuales que embolsaría la UTE, apenas $ 500 mil irían para el municipio. 

La cuenta surge de $ 342 a pagar por cada uno de los 1.000 camiones que diariamente van y vienen de Chile en concepto de desinfección de cargas y pesaje, servicios actualmente prestados por Iscamen y Vialidad. Además permitiría al concesionario recuperar la inversión en sólo 2 meses, algo que insisten en observar los transportistas nucleados en Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza). 

“No vemos cuál es el beneficio para la comunidad de recibir un 5% del canon. Se trata del erario público. La gente nos eligió para administrarlo y no podríamos explicárselo. Al ver la relación costo-beneficio surgen estas variables y resulta que queda poco para la comunidad, además de la necesidad de planes de contingencia para el corredor internacional que deben ser evaluados”, precisó Villafañe.

Por su parte, en el seno de la sociedad la actitud fue de pura estrategia. “No estoy al tanto”, se limitó a señalar Federico Magdalena, presidente de Cuenca del Sur S.A, el grupo que tiene a Dorisol como una unidad de negocio vinculada con los servicios de módulos para la industria petrolera.

No es el único punto. Además de la MIA y las obras necesarias para acondicionar el predio, el agua potable aparece como otro foco de disputa.

Actualmente, el municipio abastece a la zona con camiones-cisterna, y la pretensión sería que los socios también se hicieran cargo de una perforación “que garantice no sólo el consumo sino tener un pulmón en el lugar, por la contaminación que provocarían los camiones”.

Oposición de Aprocam

Mientras tanto, Aprocam apura una reunión el miércoles 17 próximo con la cámara madre del sector, Fadeacc, en Buenos Aires. Y hoy recibirá a sus partes del sector transportista de la VII Región chilena, con epicentro en Talca, para afianzar el apoyo cosechado en 2015 por la Asociación Gremial de Empresarios de Transporte Internacional de Chile (Agetich).

De acuerdo al vice de la entidad, Andrés Di Césare, “en vez de mejorarlo ellos (Las Heras) deben buscar la forma de abortarlo. También estamos de acuerdo con el progreso, sin que el costo salga del bolsillo del transportista”.

Más allá de vaivenes y gestiones, desde el municipio esperan que Dorisol-EAG-Mercosur Logística presente la demorada MIA para evitar que el predio se convierta “en un basural”. 

El llamado Parador está proyectado junto al complejo aduanero de Uspallata, con una inversión de $2 3,5 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. Parte del convenio suscripto con la comuna en 2014 prevé que la UTE explote el complejo por 15 años, aunque no está claro en manos de quién quedará la infraestructura disponible para entonces.

Con un playón capaz de contener a 1.600 camiones, contempla además servicio médico las 24 horas, taller mecánico, hotel para 60 personas, baños y locales comerciales.