El martes pasado,los representantes de 134 países votaron en contra de los fondos buitre en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sólo once a favor, encabezados por Estados Unidos. Dos días después, 176 diputados nacionales argentinos votaron en contra de los holdouts y 99 los beneficiaron indirectamente. Curiosa paradoja: a la  Argentina le fue mejor en la ONU, a pocas cuadras del despacho del juez Thomas Griessa,  que en su propio Parlamento.

Es cierto que se trata de una simplificación, porque, en realidad, la ONU votó a  favor de diseñar un marco legal que limite la acción internacional de los fondos buitre, en tanto el Congreso Nacional sancionó el cambio de la sede de pago para bonistas que aceptaron reprogramar sus acreencias en 2005 y 2010.

La votación en la ONU le dio aire político a la estrategia del gobierno y mostró la paradoja que implica el apoyo de la comunidad internacional frente al rechazo de la oposición doméstica al intento de gambetear el absurdo fallo de un juez municipal, que quiere que se le pague el 100% a los fondos buitres y frena el pago a bonistas que aceptaron quitas.

Los argumentos de la oposición para rechazar  al cambio de sede fueron tan pueriles que desnudaron la verdadera motivación de su voto. En realidad, compiten para ver quién le  pega más al gobierno y se convierte en principal enemigo del denostado populismo.

Los opositores dijeron que la ley no solucionaría el problema del default. El  gobierno tampoco cree que se trate de una solución total a un problema que no generó, sino que intenta  pilotear en medio de una brutal agresión externa. Pero cree que la situación mejora pagándole a los bonistas reestructurados. En todo caso, cuando el año termine y venza la cláusula de tratamiento igualitario, tal vez haya llegado el momento de discutir si se negocia con los buitres en otras condiciones, sin  temor a desatar un tsunami de reclamos de los bonistas reestructurados que hoy pedirían lo mismo que se le conceda a los holdouts.

Los opositores aseguraron que no era necesaria una ley para cambiar la sede de Nueva York a Buenos Aires. Pero el gobierno juzgó que lo establecido por ley sólo se cambia por otra ley.  En realidad, aunque no lo diga,  el cambio de sede es una olímpica gambeta al inaudito fallo del juez Griesa, para demostrar que la Argentina quiere pagarle a los bonistas que aceptaron quitas y que puede hacerlo.Y para ello requirió apoyo político.

La presidenta promulgó la norma pocas horas después de su sanción y urgió a sus colaboradores a constituir Nación Fideicomiso, el ente en el que se depositarán los 200 millones de dólares correspondientes al vencimiento de la deuda este fin de mes. Se verá entonces si los acreedores aceptan cobrar aquí lo que Griesa les niega en Nueva York. ¿Habrá algún anormal que no quiera cobrar en Buenos Aires?

Los opositores dijeron que algunos acreedores no lo harán porque Nación Fideicomiso no cumple con las condiciones del contrato firmado por los bonistas. Pero el movimiento se verá andando.            

Entre los 99 diputados que votaron en contra, estaban sentados algunos de los responsables de la pesada hipoteca externa, que se atreven a darle lecciones al gobierno que redujo el embrollo. Ni los argumentos de forma, ni de los fondos, alcanzan para explicar claramente porqué sólo tres diputados opositores se animaron a votar a favor: un radical ultraconvencido y afiliado hace 42 años, como Eduardo Santín; su correligionario Moreau, que suele priorizar las razones nacionales y populares;  y la ex militante del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, de Raúl Castells, Ramona Puyeta.  "Cuando está en juego nuestra soberanía y el futuro de varias generaciones, deben dejarse de lado ciertas diferencias", dijo sencillamente Puyeta. A ellos se sumó Omar Plaini, que no votó en contra como Facundo Moyano, porque en lugar de seguir a Massa se alineó con Scioli. Obviamente, ante una agresión externa no hay lugar para el disenso. Si en 1982 muchos argentinos condenaron la agresión inglesa en Malvinas pese a que el país padecía una dictadura sangrienta, cómo no respaldar a la defensa del interés nacional ejercida por un gobierno elegido democráticamente, pese a que esté en las antípodas ideológicas.

Tres candidatos presidenciales rechazaron en el recinto la iniciativa oficial: Julio Cobos, Hermes Binner y Sergio Massa, que apareció recién a la madrugada del jueves, a la hora de votar. Otro aspirante, Mauricio Macri, mandó a su tropa votar en contra. Serrucharon la rama del árbol sobre la cual se sentarán si llegan a la Rosada. Los legisladores de otra aspirante a la precandidatura, Elisa Carrió, se retiraron del recinto sin votar.

El líder del Frente Renovador se convirtió en el primer legislador cibernético, al explicar que no estaba en el recinto pero seguía la sesión por computadora. En tiempo en los que hasta el amor se cocina por Internet, algunos justificaron su proceder. En realidad, prefirió hacer campaña por los medios antes que tragarse el tedio del recinto. Massa presentó un proyecto propio y votó en contra del oficial, pero no tiró demasiado de la cuerda: fue jefe de Gabinete del gobierno cuando se tomaron decisiones sobre la deuda. Otros creen que influyó en su moderada posición la última encuesta que le encargó al peruano Sergio Bendixen,  que le reveló que sigue encabezando la intención de votos por cinco puntos sobre Daniel Scioli, pero también que el 38% de los encuestados sigue apoyando al gobierno de Cristina.

Cobos apenas pudo decir que existen "otras alternativas" a la que tomó el gobierno, pero no está claro cuáles son. Mauricio Macri no tuvo pruritos:desde un principio propició claramente  pagarle de una vez a los fondos buitre para no convertir a la Argentina en desacatada. Alentado por el triunfo municipal en Marcos Juárez, una ciudad con 23.247 electores en la que Macri remedó el triunfo menemista de 1997 en la localidad jujeña de Perico, el alcalde porteño anda por el interior diciendo que si fuera presidente de la Nación eliminaría las retenciones a las exportaciones agrícolas y el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Pero en la ciudad que gobierna, aumenta excesivamente los peajes y el impuesto por alumbrado, barrido y limpieza.  Acusa al gobierno de realizar demagogia, pero no se priva de ella, porque sabe  que hoy no se puede financiar el Estado argentino sin las retenciones a la soja.  Pide bajar el déficit fiscal y reducir simultáneamente los ingresos. Ni Mandrake podría lograrlo. Salvo que Macri haya girado a la izquierda  sin avisar y piense cubrir esa mermas tributaria con un gravamen a la renta financiera, o un aumento de los aportes patronales a la previsión social, lo cual es una deuda del gobiernokirchnerista.

Los centroizquierdistas de Unidad Popular, Proyecto Sur y Libres del Sur, fueron algo más prudentes: cuestionaron también el proyecto oficial porque querían una asamblea de bonistas para ventilar quienes son los acreedores, pero se abstuvieron en la votación. No cambiaron su voto pese a que el gobierno aceptó la creación de una comisión parlamentaria que investigará el origen de la deuda a la que con razón consideran ilegítima.

No se trata de pretender una utópica unidad nacional entre fuerzas que defiendan intereses antitéticos. Pero lo cierto es que el conflicto por la deuda revela que si no se antepusieran intereses partidarios al Nacional, mínimos acuerdos entre fuerzas de origen nacional y popular harían la vida más llevadera para los argentinos.