La delegación de ministros y altos funcionarios que la Casa Rosada envió ayer ante los diputados que integran el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General sostuvo una férrea defensa de la necesidad de aprobar el megaproyecto de ley de emergencia como único remedio para evitar un "colapso" del país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, advirtió que la situación actual es "muy grave", lo que justifica adoptar "una serie de medidas de emergencia para detener la caída y propender hacia la recuperación" y "salvar a muchas empresas de posibles cierres".

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Anticipó que habrá "una nueva revisión tarifaria que busca reducir la carga tarifaria real y "lograr un adecuado equilibrio entre las inversiones que el sistema energético necesita y el gasto de los hogares y las empresas", sostuvo. Confirmó que el Poder Ejecutivo pretende, si se aprueba esta ley, intervenir por un año el ENRE y el Enargas, además de suspender el traspaso de Edenor y Edesur a la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Sobre la suba de los derechos de exportación, Kulfas indicó que el decreto publicado el sábado "adecuó las retenciones que se habían reinstaurado en agosto de 2018, debido a los incrementos que se produjeron en el tipo de cambio".

Por su parte, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, enfatizó que el régimen de regularización de deudas para las pymes del proyecto contempla una quita de capital de la deuda de hasta un 30% y que la primera cuota de la moratoria operará recién a mediados del año próximo. "A lo largo de los últimos años el nivel de asfixie llegó a límites críticos", advirtió.

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que es necesario votar la emergencia para que "el sistema siga funcionando porque está en un riesgo crítico", dado que el país "está bien cerca de entrar en un colapso generalizado", y consideró que una de las prioridades será "garantizar la entrega de vacunas y remedios". En ese contexto, agregó que los trabajadores "sin salud pierden el único activo que tienen los pobres, que es la capacidad de trabajar y estudiar".

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, subrayó que "la emergencia no es un recurso literario, sino una situación real" que se refleja en que todos "los indicadores son malos". Sobre el tema previsional, Moroni aseguró que el Gobierno no dice que "todos los jubilados son ricos", sino que "existe un margen estrecho" del Estado para actuar.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, advirtió que es fundamental aprobar la emergencia para poner en funcionamiento del plan Argentina contra el Hambre, que es clave, ya que el país está "en una emergencia social y en empeoramiento de la situación social".

"Es evidente la emergencia social", ya que "a fin de año vamos a tener un 60% de pobreza en los niños" producto "del desempleo y del sobreendeudamiento de las familias", agregó.