Desde Lima

Tiene las horas contadas. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue interpelado por el Congreso y quedó pendiente de votarse en los próximos días una moción de censura que lo sacaría del cargo. Luego de casi once horas de debate quedó claro que el ánimo de la mayoría fujimorista, que tiene 72 representantes en el Congreso unicameral de 130 bancas, es cortarle la cabeza al ministro. El Partido Aprista del ex presidente Alan García, que con cinco parlamentarios se ha convertido en socio menor del fujimorismo, también respalda la censura. Para aprobarla se necesitan 66 votos. 

A menos de cinco meses de haber asumido el poder, el presidente Pedro Pablo Kuzcynski se enfrenta a una dura derrota que debilitará al gobierno más de lo que ya está.El gobierno aparece cada vez más acorralado por un fujimorismo envalentonado y crecientemente agresivo.

La excusa para la interpelación a Saavedra –que está en el cargo desde hace tres años, viene del gobierno de Humala y Kuczynski lo ratificó en el puesto– fue una denuncia de corrupción en la compra de computadoras por el Ministerio de Educación y la demora en las obras para los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en 2019, cuyo comité organizador depende funcionalmente del sector Educación. Pero la verdadera razón era otra. 

Tumbarse una reforma universitaria que afecta poderosos intereses económicos y políticos de universidades privadas basadas en el lucro, que es llevada adelante por el titular de Educación, ha sido la razón no declarada para impulsar esta interpelación y censura. Golpear y debilitar más al gobierno es otro objetivo.

La noche anterior a la interpelación, estudiantes universitarios se movilizaron para defender la reforma universitaria. Para este lunes, diversos colectivos ciudadanos han convocado a una nueva marcha en defensa de una reforma que busca mejorar la calidad educativa. 

Preocupado por el costo en popularidad de una censura que es vista como un intento de acabar con una reforma universitaria que tiene un importante respaldo, el fujimorismo pretendió convencer durante el debate parlamentario que su motivación para la censura no era la reforma sino los problemas de corrupción detectados en el Ministerio de Educación. Pero no convencieron. Escuchar a los representantes del fujimorismo, con una larga historia y un presente marcados por una gigantesca corrupción, intentar pasar como implacables moralizadores, sonó a una grosera contradicción.  

Un día antes de la interpelación se conocieron los resultados de la prueba PISA, que muestran que el Perú ha abandonado el último lugar que tenía y ha avanzado unos puestos. Eso le daba un arma de defensa al ministro de Educación. Pero la oposición empeñada en la censura no quiso saber nada con estos resultados y sólo atinó a responder calificando las pruebas PISA como “falsas”. 

Fue en la dictadura neoliberal de Alberto Fujimori (1990-2000) que se impuso el lucro en la educación, permitiendo abrir colegios y universidades como un negocio. Un muy rentable negocio sin controles y con beneficios tributarios, que ha crecido de la mano de una precarización de la calidad educativa para aumentar las ganancias. Se han multiplicado los colegios y las universidades privadas de muy mala calidad, pero muy rentables para sus propietarios. 

Importantes fortunas han crecido al amparo de las leyes fujimoristas que permitieron hacer de la educación una mercancía, fortunas que han construido poderosos lobbies, financiado candidaturas –el principal financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori tiene estrechos nexos con el negocio de la educación– o construido partidos políticos propios. Ese poder político del negocio de la educación se siente en el Congreso. 

La reforma universitaria se inició en el gobierno de Ollanta Humala. Aprobada en el Congreso de entonces, el ministro Saavedra asumió la tarea de llevarla adelante. Se trata de una reforma tibia, que no termina con el problema central del lucro en la educación, que se mantiene, y que enfrenta el problema introduciendo mecanismos de control ahora inexistentes para garantizar una infraestructura y calidad educativa mínimas en las universidades. Eso ha sido suficiente para desatar las iras de los poderosos empresarios de la educación, y de sus aliados político, acostumbrados a un negocio sin controles y con grandes ganancias. 

En el Perú hay 142 universidades, de las cuales 51 son públicas y 91 privadas, la mayor parte de éstas últimas constituidas como empresas con fines de lucro. El ex congresista Daniel Mora, principal impulsor de la reforma universitaria, señala que unas 120 de estas universidades no cumplen requisitos mínimos de calidad. Hasta la fecha, solamente siete universidades han logrado la acreditación de calidad al amparo de la nueva ley. 

“La Constitución de 1993 (dada por el fujimorismo luego del golpe de 1992) abrió las puertas del lucro en la educación, lo que ha significado un proceso silencioso, encubierto, de privatización de la educación y una precarización de la calidad educativa. Ahora en Lima y las principales ciudades más de la mitad de los estudiantes van a escuelas privadas, la mayor parte de ellas de muy mala calidad. Se han creado muchos colegios y universidades que funcionan como negocios que dan una mala educación. La reforma no termina con el lucro, pero busca poner estándares mínimos de calidad”, le señaló a PáginaI12 Gloria Helfer, ex ministra de Educación y ex congresista. 

Resta ver si, una vez confirmada la censura de Saavedra, Kuczynski responde reforzando la apuesta por la reforma universitaria nombrando como nuevo ministro de Educación a alguien identificado con la defensa de esta reforma, o vuelve a ceder ante el fujimorismo y nombra un ministro que no se la juegue por la reforma.