La participación en la fiesta antes de firmar la concesión afecta la “integridad”, según la empresa cordobesa. Denuncia trato desigual.
La fiesta, recuerdan fuentes de Ciudad de Córdoba, se hizo antes de que termine el proceso de adjudicación, que es de diciembre del año pasado. Ya la firma presidida por Mariano Llabot, quien firma las presentaciones ante la Secretaría de Transporte, se había quejado de la violación de la integridad por parte de Ersa en mayo del año pasado, cuando pidió la intervención del municipio frente a un intento de compra hostil de la empresa correntina.
Según esa presentación, Ersa intentó participar de la asamblea de accionistas de Ciudad de Córdoba comprándole su participación a un socio de apellido Simonetti, cuando ya se había iniciado el proceso licitatorio.
El 3 de abril, Ciudad de Córdoba contestó una serie de apercibimientos que le realizó Transporte. Jaqueada por los paros de los empleados y con una andanada de rumores que hablaban de la caída de su concesión precaria, la empresa respondió a la Municipalidad que no incumple ninguna condición puesto que no tiene contrato firme y, por lo tanto, no le corren los tiempos para incorporar unidades; y ejemplifica que si por incumplir el número de coches 0 km se la deja afuera, nadie podría estar en el nuevo sistema porque no existen los 60 colectivos articulados que se exigían en los pliegos.
Para Ciudad de Córdoba, el trato desigual del municipio es el culpable de su actual situación financiera. Aunque ubica el inicio de sus dramas en el final de la gestión de Daniel Giacomino –cuando se le retiró el permiso de circulación a 30 coches y se obligó a la firma a comprar 45 unidades cero kilómetro, a un año del vencimiento de su contrato–, es con el gobierno de Ramón Mestre que, entiende la firma, se vio perjudicada por decisiones de la administración, a la vez que hostigada por Ersa para entregar el servicio. “Un juego de pinzas”, resume la empresa.
Según el relato empresarial, Ciudad de Córdoba fue perjudicada al no recibir los 48 millones de pesos en subsidios que obtuvieron Ersa y Autobuses Santa Fe cuando tomaron la exTamse y al ser obligada a arreglar el juicio ganado a la Municipalidad por la tarifa política otorgada durante la gestión Juez, que de los 100 millones de pesos terminó recibiendo 23 millones, en bonos que cotizaron a un 60 por ciento. Siendo la única sin contrato firme, tampoco se le permite acceder al financiamiento bancario, apunta. “Es como una corrida bancaria”, graficó la firma.
La empresa da pelea y advierte
La empresa reclamó a la Municipalidad que le firme el contrato de concesión por 10 años de los corredores que se preadjudicó antes de exigirle coches nuevos. Aún así, exhibió facturas de compras de unidades, “sin tener la garantía” de ser confirmada en la prestación. Además, amenaza con acciones legales por perjuicios, si la sacan del medio.
No hubo respuesta municipal
A pesar de los intentos de este diario por comunicarse con las autoridades municipales, no se consiguió dar con ningún representante del gobierno de Ramón Mestre antes del cierre de esta edición. Se le dejaron varios mensajes al secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, directo responsable del área, sin éxito.
Prensa municipal, a quien también se le encargó la gestión de la respuesta, tampoco pudo contactar a los funcionarios. Pero anticipó que estaban enterados del tema y prometió una versión oficial, que nunca llegó. Aunque era preferible poder dar cuenta de esa visión en estas páginas, es de esperar que contesten en las próximas horas.
Tampoco fue posible dar con voceros de Ersa, la empresa aludida en las denuncias de Ciudad de Córdoba. Esperamos sus respuestas también.
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