El titular de la Cámara, Fabián Hryniewicz, aseguró que la reducción de sanciones para quienes tienen personal no registrado no soluciona el problema de sostener el trabajo legal
En diálogo con La Mañana, el presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, Antonio Fabián Hryniewicz, dijo que la reducción de sanciones para las empresas que tengan empleados en negro, decidida recientemente por el Gobierno nacional, no soluciona el problema de sostener el trabajo en blanco.
En este sentido, señaló que el principal problema de las PyMEs es el costo laboral a posteriori de la contratación, que desalienta la incorporación de personal. A su vez, afirmó que los numerosos juicios laborales también perjudican a las pequeñas empresas.
Además, la CAPyMEF y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitaron a la Nación que se duplique para los emprendedores el beneficio que establecía el Decreto 814, derogado por la reforma tributaria y reemplazado por una compensación gradual.
“La nueva ley fiscal nos quitó a las PyMEs de la región el Decreto 814 de 2001, que permitía tomar una porción de los aportes como crédito fiscal. Para Formosa era del 10,75% y para el Chaco el 11,3%. De este modo, el costo se vuelve a incrementar. La reducción gradual que se fijó para compensar esa pérdida se va a completar en cinco años. Aunque es un incentivo que ayuda, no resulta suficiente para mejorar la actividad de las pequeñas y medianas empresas”, explicó Hryniewicz a este diario.
“La formalización del empleo no pasa solamente por la bonificación que se haga para que un empleador decida ‘blanquear’ a su personal. Además de los aportes patronales, hay que poner límites a las demandas judiciales por reclamos resarcitorios. En la actualidad, un empleado significa un riesgo para el día de mañana. Por un error voluntario, involuntario o inexistente, se realizan procesos judiciales por montos que no tienen ninguna relación con la realidad del historial del trabajador, pero que termina siendo un gran negocio para las firmas de abogados, que llevan a la quiebra a las PyMEs”, subrayó.
El empresario agregó que en esta ciudad y en el interior provincial se da una situación muy particular: muchas veces, el propio empleado no quiere estar registrado, para no perder el plan social que percibe. “Esto es otro problema para el empleador. Y en nuestra provincia, no es tan sencillo conseguir mano de obra. Es un tema complejo, que no se puede solucionar con un acto de voluntarismo legal”, reveló.
Asimismo, el titular de la CAPyMEF indicó que junto con la CAME, pedirá este año a la Cámara de Diputados de Formosa la sanción de una ley que permita adecuar la normativa laboral local a la nueva ley de ART. “La norma es muy beneficiosa. En las 10 provincias que se adhirieron a esa reglamentación, las demandas laborales se redujeron de manera sustancial”, acotó.
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