El beneficio fue incluido en la ley que regula el sistema. Nuevas críticas al concesionario de la autopista tras un pedido del informes por el múltiple accidente a la altura de Maciel.
La Cámara de Diputados votó, sobre tablas y por unanimidad, la exención del pago de los servicios de agua y cloacas y de hasta 5.000 watts de electricidad por bimestre a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia. El proyecto llevaba la firma del socialista Eduardo Di Pollina quien lo inscribió en la necesidad de apoyar a esas instituciones “luego de la quita de subsidios a los servicios implementada por el Ejecutivo nacional”.
El proyecto votado agrega dos ítems a las exenciones ya previstas en la Ley 12.969 dictada en 2009 para regular la organización, misión y funcionamiento de las asociaciones bomberiles en la provincia. Hasta ahora no pagan impuestos, tasas ni sellados provinciales y en la mayoría de los casos el Impuesto Inmobiliario. Ahora se agregan los servicios prestados por Assa o la EPE y en las localidades donde algunos de los servicios estén en manos de cooperativas, éstas deberán hacer la exención previa firma de convenio con el gobierno provincial.
Hoy, en la provincia, existen 141 destacamentos de bomberos con más de 3.000 miembros activos.
La ley en 2009 fue una iniciativa del demoprogresista Gabriel Real que tomó el Frente Progresista. Di Pollina, ayer en el recinto, subrayó que las asociaciones “si bien son entidades que no dependen directamente del gobierno de la provincia, juegan un rol fundamental en el plano de las políticas de protección civil”.
La Ley 12.969 dispuso además de la exención de impuestos, tasas y sellados, la afiliación de los agentes y grupo familiar a Iapos; cupos en planes de construcción de viviendas y reconocimiento económico por antigüedad o incapacidad.
Nuevas quejas por la autopista
El otro tema que demandó gran parte de la sesión de ayer en Diputados fue la situación de la autopista Santa Fe - Rosario a partir del múltiple accidente del pasado 15 de julio donde fallecieron dos personas a la altura del kilómetro 54, jurisdicción de Maciel, departamento San Jerónimo. El tema sirvió de disparador para volver a reclamar al Poder Ejecutivo la respuesta a los pedidos de informes sobre la marcha de la concesión.
Todo se originó al votar tres pedidos de informes presentados por Luis Rubeo (PJ), Rubén Giustiniani y Silvia Ausburger (Igualidad y Participación) y Cesira Arcando (Cambiemos). “Queremos determinar quién tuvo la responsabilidad de evitar el grave siniestro” dijo el primero al recordar que el humo que cubría la autopista procedía de un basural a cielo abierto a la vera de la vía de comunicación. “El presidente de la Comuna de Maciel afirmó haberse comunicado con la empresa concesionaria la tarde anterior al accidente, para avisar de la presencia de ese humo. El hecho vuelve a poner en evidencia la falta de responsabilidad de la empresa concesionaria y la marcada ineficiencia de los órganos de control del gobierno que deberían garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales que tiene hacia la provincia y los usuarios”, afirmó para luego insistir en reclamar la rescisión del contrato debido a los incumplimientos de Arssa.
El justicialista Héctor Cavallero volvió a reclamar que le contesten los pedidos de informes y solicitó que el Tribunal de Cuentas informe sobre lo actuado en el control de la autopista. Ayer mismo, el bloque que conforma Cavallero con Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo envió una carta al Tribunal de Cuentas reiterando el pedido de procedimientos de informes y control sobre la auditoría integral de la concesión de la autopista Santa Fe- Rosario, entre otros temas.
Arcando, a su turno, señaló que “el presidente comunal de Maciel asegura que puso al tanto a la concesionaria de lo que estaba sucediendo y, de ser así, el accidente que se llevó la vida de dos santafesinos se podía haber evitado. Exigimos que la provincia interceda en el caso y que se insten las acciones correspondientes”.
Finalmente fue Giustiniani quien consideró “inconcebible” que un concesionario que no cumplió el contrato de repavimentación siga prestando servicios. “Es un tema serio, hay vidas que el Estado pudo haber salvado”, señaló.
Comentá la nota