Mientras se prepara para reaparecer en la escena pública en pocas semanas, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, puso por escrito su visión de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Javier Milei en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica. Se trata del primer paper salido del think tank de Massa, la Fundación Encuentro, en la que trabaja junto a varios de sus ex funcionarios, entre ellos el ex Aduanas Guillermo Michel, el ex Industria José De Mendiguren y el ex secretario de Finanzas, Eduardo Setti. 

La definición de fondo del documento, al que accedió Página/12, asegura que la liberación de aumentos a prepagas, colegios privados y el desmantelamiento de herramientas de Comercio y Defensa del Consumidor no tiende a favorecer la libertad de los usuarios sino más bien le hace el juego a "aquellos que esperan un Estado agresivamente desregulado". 

El informe refiere que el lunes 29 de enero, el Ministerio de Economía publicó la resolución 51 derogando 59 resoluciones y disposiciones que "van desde el año 1998 hasta el 2023. En ese paquete, afirman, se derogan 15 regímenes informativos que, "lejos de implicar una intromisión directa del estado en la definición de los precios, se establecen con la finalidad de conocer públicamente el costo de los servicios y no tentar a la diferenciación de precios para cada consumidor, ni al abuso de precios, especialmente en donde el mercado es dominado por un puñado de pocas empresas". 

Este es el caso, afirman, de "las Resoluciones 134/98, 313/98, 678/99 y 54/2000 (solo por nombrar algunas) que derogan los regímenes informativos de servicios para entidades financieras, educativas y prepagas respectivamente". "La eliminación de estos regímenes informativos, definitivamente, empeorarán la experiencia de los consumidores a la hora de acceder a bienes y servicios esenciales tales como los alimentos, los servicios educativos y los servicios de medicinas prepagas", explicá el trabajo de Massa y sus equipos. 

Finalmente, y no menos importante -aclaran- el “pack de desregulaciones” cuenta con "5 derogaciones que tendrían un severo impacto en lo que respecta a la Dirección Nacional de Defensa de los Consumidores. Es decir, no se trata de medidas que apunten a la liberalización de los mercados ni brindar mayor facilidad para los consumidores, sino más bien en el descuido de estos últimos a la hora de hacer valer sus derechos establecidos en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor". 

Libertad para empresas, no para usuarios

El informe va punto por punto mostrando cómo los consumidores pierden derechos, beneficios y herramientas en detrimento de las empresas, que se fortalecen y adquieren libertad total para fijar precios. 

Desregulación de información financiera: el trabajo apunta que Milei habilitó que las entidades financieras "podrán cambiar los precios de manera constante y podrán cobrar precios diferenciales y abusivos por consumidor al no ser públicos los precios de los servicios. Y podrán cobrar, además, diferentes Costos Financieros Totales".

Asimismo, destacan que "las entidades que otorgan créditos prendarios para automóviles podrán definir el CFT que quieran y calcularlo de manera tal de maximizar sus ganancias en desmedro de los consumidores. Además, quita transparencia a la estimación del valor de la cuota y otros servicios implicados". 

Colegios privados: "Al dejar de ser público el precio de los servicios brindados por los establecimientos educativos, se pierde transparencia y seguimiento en la formación del precio de un servicio básico como es la educación".  

Medicina Prepaga: "Al igual que en el caso de los establecimientos educativos, las prepagas podrán establecer precios sin ninguna referencia para los consumidores, en un servicio tan esencial como la atención de la salud". 

Supermercados: "Los establecimientos de distribución minoristas dejarán de informar el precio de alimentos y productos básicos. Por lo cual, se pierde la posibilidad de brindar referencia al consumidor y, en caso de abusos de precios, se pierde la posibilidad de intervención por parte del estado". 

Las entidades aseguradoras: "dejarán de estar obligadas a informar cuatrimestralmente el valor mensual de los premios de los seguros automotores que ofrecen al mercado y el valor asegurado de los automotores. De esta manera, los consumidores quedarán expuestos al cobro de precios abusivos y a la dificultad de comparar precios entre diferentes aseguradoras". 

Se elimina el Programa de Defensa del Estudiante: "que tenía como objeto brindar asistencia integral a los consumidores de servicios de turismo estudiantil y la protección de sus derechos en tanto usuarios de especial vulnerabilidad en ocasión de contratar los servicios turísticos pertinentes para la realización de su viaje de fin de curso, así como la difusión del marco normativo vigente y la prevención y solución de conflictos entre los actores del mercado relevante.

Así, los estudiantes quedan expuestos a posibles engaños por parte de las agencias de viajes de egresados, al no tener el cuidado establecido por el programa derogado". 

Se elimina el Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios: "que monitoreaba la producción y comercialización de pasta celulosa y de papel para diarios. La Secretaría de Comercio pierde la posibilidad de monitorear la cadena de valor de un insumo clave para el acceso a la información de los ciudadanos como es el diario papel. Esto podría implicar la orientación a la venta del insumo a una o pocas empresas con fines políticos". 

Carne: "Se deroga el régimen informativo de comercialización que tenía como objeto informar el último día hábil de la semana de cada mes calendario la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacunos comercializados, su precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de tales productos. Así, Comercio pierde la posibilidad de intervenir en la cadena de valor de la carne.

Sin esta Resolución, el precio de la carne queda completamente liberado al juego de la oferta y demanda". 

“Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE): "que implicaba que ciertas empresas deban informar los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedio. Este sistema fue creado porque se habían observado diversas situaciones y recibido múltiples denuncias vinculadas a posibles acaparamientos injustificados de materias primas, negativas de venta de insumos y bienes finales irrazonables, así como la discontinuidad en la producción de mercaderías y provisión de servicios sin motivos concretos; asimismo desde diversos sectores y cadenas de valor se han reportado aumentos irrazonables e injustificados de precios de insumos y bienes finales. (Con su derogación) se elimina la posibilidad de intervención de la Secretaría de Comercio en situaciones de estrés o especulación en la cadena de valor de bienes básicos.

Durante la pandemia muchos comercios retuvieron el stock de productos vitales como el alcohol en gel y la lavandina, sabiendo que al corto plazo el exceso de la demanda iba a presionar sus precios al alza. Este sistema colaboró con la transparencia de las cadenas de valor en un contexto de alta especulación".