El affaire que terminó con la eyección del gobierno nacional de Matías Kulfas no solo entorpeció un –tibio- intento de moderar los términos del debate entre albertistas y cristinistas: desde el punto de vista  bonaerense, cayó justo en la antesala de una posible decisión de la Corte con potencial para complicar las finanzas de Axel Kicillof. Además, reenvió la mirada a la interna oficialista en momentos en que el radicalismo aprovecha el debate legislativo por el régimen jubilatorio del Banco Provincia para enviar un mensaje de resistencia a la avanzada bonaerense de Mauricio Macri.

Si hay un funcionario que Axel Kicillof resistió desde siempre, ese es Kulfas. No solo por las genuinas diferencias de mirada sobre el manejo de economía que el ahora exministro de Desarrollo expresó en su libro “Los tres kirchnerismos”, donde criticó duro la gestión del actual Gobernador en el ministerio de Economía. También, por el modo en que gestionó la política de precios, en la que se enfrentó antes que a Roberto Feletti a Paula Español, una economista que responde a Kicillof. De eso habló varias veces el Gobernador con la Vicepresidenta y buena parte de la tirria del kirchnerismo con él tiene que ver con esas charlas, aunque el episodio que desencandenó su salida responda a otra lógica.

La decisión del Presidente de echar a Kulfas demuestra lo que el acto de YPF también puso sobre la mesa: no está dispuesto a gobernar sin Cristina Fernández, aunque persistan con ella las diferencias de fondo sobre el manejo económico. Lo de Fernández es, en ese contexto, una apuesta a una convivencia distinta, que pareció avalada desde el kirchnerimo. Por eso, la designación del sucesor de Kulfas –a la hora de cerrar esta nota, el sábado por la tarde-noche aún sin confirmar- adquirió un significado peculiar e imprevisto.

Es para remarcar que Kicillof, a quien no le habían pedido por su ministro de Producción, Augusto Costa -eterno candidato  sucesiones en el equipo económico nacional- cruzara los dedos para que ese llamado nunca llegara. Más allá de quién sea el elegido, el Gobernador no quiere entregar a un funcionario cuya mudanza sería leída como si él mismo pusiera un pie en el control de la economía. De hecho, a Kicillof lo preocupa otro flanco de ese mismo frente: la posibilidad de que la Corte dicte la orden de “no innovar” en la causa por la retracción de coparticipación a la CABA. La incógnita en Provincia es si eso significará  la pérdida del 1,8% de adicional del reparto que recibió cuando se tomó aquella decisión y que usó para desactivar el planteo salarial con armas y en la calle que le había hecho nada menos que un sector de la policía provincial.

Si la Corte falla en el sentido en que temen en Provincia, la decisión sobre los fondos quedará en manos del Presidente. Eso explica la participación de Kicillof en el armado de un proyecto de ley para ampliar el Máximo Tribunal que todos creen destinado al fracaso: el verdadero objetivo fue plantar un mojón sobre el que pivoteen las críticas políticas a ese fallo. Es un paso  acordado con el Presidente, a quien una agenda que incluya a los gobernadores siempre le conviene. Pero ese apoyo en beneficio propio tiene algo de paradójico: Kicillof acaba de resignarse a una medida económica que no quería tomar y que anunciará la semana que viene porque una decisión previa de Nación no le dejó otro camino. Es el nuevo aumento de la electricidad para La Plata y el interior –cooperativas incluidas- que será igual al que regirá para el AMBA, en promedio del 20%, para totalizar un incremento algo superior al 40% teniendo en cuenta la suba de marzo.

Como el ruido interno sonó más fuerte esta semana en el oficialismo, quedó solapada la pelea en Juntos. Pero eso no quiere decir que no exista. El dictamen para avanzar con la derogación de la ley jubilatoria del Banco Provincia lo prueba. Como suele suceder, el diablo está en los detalles: el OK se logró con el massismo y el FdT, y votaron el contra el PRO y la UCR, pero en este último caso sin adherir a los fundamentos que impusieron sus socios políticos. Fue un mensaje del radicalismo para el Mauricio Macri, que frustró con su posición ultra opositora un acuerdo para avanzar con esa reforma al esquema que había impulsado María Eugenia Vidal.

La cuestión es si esa señal de la UCR se transformará, en caso de llegar el proyecto al recinto, en algún tipo de movimiento que asegure el voto a favor de una nueva ley para los jubilados del Banco. Tres datos colaterales: 1) no todo PRO está de acuerdo con Macri (a quien un grupo de delegados bonaerenses visitará el lunes para plantearle el estado del debate) 2) La Bancaria está a punto de comenzar una campaña de “escrache” contra los legisladores que traban la norma. 3) Todo se da en medio de  versiones de otro acuerdo, esta vez para designar a dos jueces de la Corte bonaerense. Uno sería para la UCR  y otro para el kirchnerismo, que impulsa a Marisa Herrera, la hermana de Paloma, la bailarina.