Es cierto. El presidente de la República, Mauricio Macri, dos de sus hermanos, y su padre, forman o formaron parte de sociedades radicadas en paraísos fiscales. Que están vinculadas a posibles negocios sospechosos en Brasil. Estos datos fueron descubiertos gracias al caso conocido como “Panamá Papers”, la divulgación a través del periodismo de miles de documentos de firmas comerciales creadas por el estudio jurídico con mayor “reputación” en esas experiencias laborales, Mossack & Fonseca: están involucrado en varios de los principales casos de corrupción internacional, como el de las cuentas bancarias de ocultas de Augusto Pinochet, el del financiamiento irregular del Partido Popular (PP) de España, o el de la “La Ruta del Dinero K”. Macri es investigado en la Justicia por el rol que pudo haber tenido en un pool de empresas creado por su padre, Franco. El 17 de febrero, el juez de esta causa, el doctor Sebastián Casanello, recibió un análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre esas compañías bajo sospecha. Es una radiografía de estas “sociedades M”. Los resultados son favorables al Presidente. Entre otras conclusiones, la UIF afirma que “de las participaciones accionarias en las empresas antes mencionadas (propiedad o atribuidas a los Macri) no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos”.

El fiscal del expediente es Federico Delgado. Ahora, serán los investigadores judiciales quienes determinarán cómo seguirán con esta pesquisa. Tras más de un mes de acusaciones y denuncias sobre posibles conflictos de intereses de la familia presidencial con el Estado, al menos en el caso “Panamá Papers” Macri logró conseguir un aval oficial que podría exculparlo de haber cometido delitos con compañías vinculadas al holding creado por su padre.

Él mismo Mauricio Macri reconoció que fue director de una de estas firmas, pero se defendió diciendo que hace muchos años dejó de tener algo que ver con esa trama de negocios.

Las empresas que fueron investigadas por la UIF a pedido de la Justicia son Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.

Clarín accedió a esa documentación gracias a fuentes involucradas en el devenir de la causa. La información reproducida en esta nota está en poder de Casanello desde hace poco más de dos semanas.

En resumen, la UIF dejó asentado que Macri fue director de Kagemusha S.A., una firma registrada en la ciudad de Panamá. Agregó que el titular de la compañía sería Francisco Macri, el padre del Presidente (en todo el informe los verbos están redactados en modo potencial).

En el resto del directorio, según su inscripción, estaban también uno de el hermano del jefe de Estado, Gianfranco Macri; el padre de ambos, Franco, que ocupó dos roles en esta empresa; un empresario con problemas con la Justicia panameña, Rodrigo Arosemena; y un influyente abogado caribeño, fallecido, llamado Gianfranco Benedetti.

La UIF afirmó que Kagemusha “no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontrándose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales”.

Respecto a Fleg Trading LTD, la UIF dice que se trata de una empresa inscripta en Brasil en el año 2002, con “capital nulo”. Y agrega que también fue radicada en Bahamas, un paraíso fiscal. Se especifica que la firma fue “dada de baja” en el 2009 debido a la falta de pago de la cuota para mantenerla activa.

La UIF desligó al Presidente de Fleg Trading LTD: “la persona responsable de la firma habría sido Mariano Macri identificado con el número 227.778.298-02”. Y en otro párrafo se suma que el hermano del Presidente “no sería socio o responsable de ninguna empresa en Brasil”.

La UIF hizo esa aclaración porque el fiscal Delgado pidió al organismo que analice si a través de la sociedad Fleg Trading se transfirieron 9 millnes de dólares a SOCMA Americana S.A. (propiedad de los Macri) como pago por “el 99,9% de las acciones de Owners Do Brasil Corporations.

Esas supuestas operaciones financiera, según la tesis de Delgado, podría ser el eslabón de una cadena de pagos entre una red de sociedades comerciales que podrían haber sido usada para “blanquear” dinero ilegal.

La UIF es rotunda en su réplica a la Justicia: dice que “no está acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de nueve millones de dólares hayas sido efectuado”.

En su escrito, el organismo estatal anti-lavado es levemente crítico de los requerimientos que le solicitó el fiscal Delgado. Entre otras conclusiones, la UIF asegura que de la “vida social” de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD “no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal” al Presidente.

El ente, a cargo de Mariano Federici, se excusó ante la Justicia de expedirse -porque no es “competente”- sobre otra acusación que consta en esta causa contra Macri. El fiscal considera que el actual jefe de Estado omitió informar en sus declaraciones juradas como funcionario su participación en las off shore investigadas. La UIF, en ese punto, no da un veredicto. Sin embargo, también sí deja entrever que considera probable es que no haya habido delito vinculado a esa otra variable del expediente.

Desde la oposición acusan a la UIF de jugar para el Gobierno. Días atrás trascendió otro informe que era relativamente favorable para Gustavo Arribas, el jefe de Inteligencia.

Quien impulsó la denuncia contra Macri fue el diputado Darío Martínez, del FPV. Después de casi un mes de noticias judiciales adversas, y de exposiciones públicas a la defensiva, el Presidente encontró algo de sosiego en la causa de Panamá Papers.

Al menos por ahora.