La diputada Mariana Baudino (PJ) sostuvo que " la Ley 26.364 no sólo define los conceptos de trata de un modo amplio, sino que presta especial atención a las víctimas, otorga garantías mínimas para el ejercicio de sus derechos, entre los que menciona el derecho a asistencia psicológica y médica gratuita, alojamiento y alimentación, capacitación laboral, protección frente a posibles represalias, prestar testimonio en condiciones especiales, entre otros; realiza varias modificaciones al Código Penal, en las que incorpora la tipificación de estos delitos".

Además crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funciona dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y se integra por representantes de los tres poderes del Estado Nacional, de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las organizaciones no gubernamentales.

También crea un Comité Ejecutivo integrado por representantes de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Es el encargado de la ejecución del Programa Nacional, y entre sus principales funciones pueden mencionarse la de diseñar protocolos de actuación, asegurar a las víctimas el pleno ejercicio de sus derechos, llevar adelante un Registro Nacional de Datos vinculados con los delitos de trata y explotación de personas, y coordinar con las Provincias la implementación del Sistema Sincronizado de Denuncias, que resulta de gran importancia, ya que  asigna el número telefónico 145 en todo el territorio nacional a fin de receptar denuncias. Las llamadas recibidas serán archivadas en el Ministerio Público Fiscal por un plazo no menor a diez años.

"Creemos que la Ley Nacional es lo suficientemente amplia para dar un tratamiento integral al flagelo de la trata de personas, por lo que entendemos que nuestra Provincia debe adherir a ella", dijo Baudino.

Antes de terminar, destacó "el trabajo iniciado por usted, señora vicegobernadora, con comprometidas campañas desde el año 2013".

Por su parte la diputada radial Lidia Duperou llamó "a diseñar programas y crear los organismos que lleven a la práctica el espíritu de esta ley" e instó a "seguir trabajando en proyectos de ley que contemplen las particularidades que necesita La Pampa".

La diputada Sandra Fonseca recordó su proyecto de ley de creación de un programa provincial y se preguntó: "¿qué política pública, qué funcionario, con qué recurso se va a ocupar de una víctima que sea rescatada?".

Cargó contra "funcionarios machistas que necesitan que les abran un poco la cabeza porque durante muchos años creían y tenían que reglamentar la prostitución" y nombró como "paradigmático el caso del intendente de 25 de Mayo que primero aprueba una ordenanza y después facilita su violación". También valoró "enormemente el trabajo que lleva adelante la vicegobernadora dando charlas" y reclamó "que respeten también mis derechos humanos y den tratamiento a mis proyectos".

El diputado Luciano Di Nápoli recordó que "hay en Santa Rosa una oficina nacional que atiende la problemática", resaltó las "más de siete mil víctimas que fueron rescatadas en todo el país en el último año", reveló que "la ley se refiere también a la trata de persona por explotación laboral" destacando el trabajo de Renatea para variar esta situación y de "Norma Durango, Sandra Fonseca y Lila Duperou junto a Mónica Molina, en su momento desde la municipalidad".

Intervino nuevamente Baudino para resaltar que "cuando al Poder Ejecutivo le pedimos por escrito información respecto a esta temática, jamás la pudimos obtener", que "un programa provincial sería lo ideal pero no es viable política, técnica ni económicamente", que "trabajo social hacemos todos, sobretodo los peronistas" y que "no se trata de un proyectito sino un proyecto que invito a votar". Finalmente el diputado Daniel Lovera reclamó "capacidad de diálogo, de consenso y humildad porque en esta temática todos los aportes son importantes, como lo dice la vicegobernadora".

Ley de talles

También unánimemente diputadas y diputados aprobaron la ley de talles, que establece que "los comercios y proveedores que vendan u ofrezcan indumentaria como actividad principal deberán tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas del género al que se dedican, y dentro del rango de edad en el que se especializan, tomando como parámetro los establecidos por las normas IRAM, de la serie 75300" y que "las empresas o industrias radicadas en la Provincia de La Pampa que se dedican a la comercialización y/o producción de indumentaria deberán confeccionar y/o poner a disposición de los consumidores de esta jurisdicción todos los talles de indumentaria correspondientes al cumplimiento por parte de los comerciantes y proveedores".

La diputada Carmen Bertone, en nombre del autor de la iniciativa, el diputado Pedro Etchalus, dijo que "complementariamente a lo que el artículo 6 de la Constitución Provincial establece, acerca de que "Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No se admite discriminación por razones étnicas, de género, religión, opinión política o gremial, origen o condición física o social…Las normas legales y administrativas garantizarán el goce de la libertad personal, el trabajo, la propiedad, la honra y la salud integral de los habitantes" es que surge la iniciativa de presentar este proyecto de Ley de Talles a la Cámara de Diputados de La Pampa , que pretendemos se instale como una medida que apunta a conformarnos como una sociedad más inclusiva e integradora y que atiende a personas que pueden verse discriminadas por su condición o apariencia física distinta de lo que los cánones de la moda y lo "bello y bueno" establecen como deseable.

"Por su parte el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes somos iguales ante la ley, y esta igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas; y en el artículo 42 estipula que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en una relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno", precisó..

Fonseca felicitó a Etchalus por su iniciativa porque "propone un abordaje integral, desde los derechos humanos y con perspectiva de género". Y el diputado Martín Berhongaray marcó que a su entender "no s ediscute el tema de fondo porque no se habla de sobrepeso ni de obesidad".

La ley que modifica a la Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, fue aprobada por unanimidad por legisladores y legisladoras y así, la localidad de La Maruja se incorporará al conjunto de municipios que tienen cinco concejales titulares; Caleufu, Parera y Santa Isabel, contarán con seis concejales titulares y Catriló tendrá ocho concejales titulares.

Unánime fue la aprobación de la resolución por la que se expresa satisfacción por la reglamentación y puesta en vigencia de la ley nacional que aprobó el "Régimen del Trabajo Agrario".

El diputado Berhongaray dijo que "resulta por demás razonable que aquellos hombres de campo que a lo largo de toda su vida han desarrollado su actividad laboral a la intemperie, expuestos a condiciones climáticas adversas determinadas por el excesivo frío, calor, humedad, vientos y sequía, cuenten con un régimen previsional diferenciado respecto de otros trabajadores que desarrollan sus tareas en situaciones ambientales más favorables".

Recordó que "no obstante su entrada en vigencia, durante algún tiempo la Unidad de Atención Integral de ANSES se rehusó a aceptar la realización de trámites en el marco de la nueva Ley Nacional, argumentando que la norma en cuestión no se encontraba reglamentada, lo que en En la práctica ello comportó un impedimento para acceder al beneficio de la jubilación anticipada reconocido por el artículo 78° de la Ley Nacional número 26.727" .

Celebró que "con fecha 21 de marzo de 2013 el Poder Ejecutivo Nacional procedió a aprobar la reglamentación de la Ley 26.727, obligando a readecuar la normativa específica aplicable a cada actividad productiva regional para la plena implementación de todos los institutos consagrados en la norma nacional.

A raíz de ello ANSES comenzó a aplicar, entre otros estándares, el nuevo régimen jubilatorio que fija una edad unificada para trabajadoras y trabajadores rurales de 57 años, sustituyendo así los requisitos de edad establecidos en la Ley 24.241. También reviste particular importancia el beneficio que consiste en que sólo deben acreditarse 25 años de servicios con aportes, en lugar de los 30 años requeridos por el régimen jubilatorio ordinario.

"Esta ley nacional implicó un gran avance en el reconocimiento integral de los derechos de los trabajadores rurales, definiendo las tareas propias de la actividad, brindando protección al empleo temporario, regulando el trabajo a destajo, limitando la jornada laboral, ampliando los supuestos de solidaridad con relación a la cadena de subcontratación, estableciendo licencias especial, prohibiendo el trabajo esclavo e infantil, eliminando restricciones respecto al derecho de huelga y en materia de convenciones colectivas de trabajo", añadió.

Finalmente dijo que "uno de los beneficios de la inclusión de La Pampa en la Región Patagónica está dado por el denominado "adicional o plus patagónico" aplicable también a todas las jubilaciones nacionales, incluidas las correspondientes a los trabajadores rurales, que les reportará a muchos un ingreso similar y en casos superior al percibido por un trabajador en actividad.

"Tengamos presente que en la actualidad más de 50.000 pampeanos están cobrando el plus patagónico. En virtud de la Ley Nacional 26.727 ese plus patagónico sobre la jubilación ordinaria del 40 % lo podrán percibir quienes se jubilen anticipadamente", insistió.

Lovera celebró la iniciativa pero reclamó la aplicación "de una ley del año '93 que determinaba que se destinen al ANSSES aportes de los trabajadores que por distintos programas se beneficiaron con una jubilación anticipada".

También unánime fue la aprobación de la resolución que le solicita al Poder Ejecutivo Provincial que incluya en el Presupuesto 2015, la construcción de una escuela primaria y salón de usos múltiples en el barrio "Plan Federal Zona Norte" de General Pico. 

Lovera dijo que en ese barrio hay 1.131 viviendas que albergan alrededor de cinco mil personas de las que estimamos uno dos mil niños en edad escolar y que, desde que se le adjudicaron las casas mantienen obligatoriamente su escuela de origen que en algunos casos se encuentran a más de 5 kilómetros de su asentamiento nuevo. Las más cercanas son la 264 del barrio Carlos Berg y la N º 233 del barrio Don Bosco, ambas saturadas por alumnos de esos barrios y no tan "cercanas" como se supone que deberían estar.

"¿Necesitamos hablar de las dificultades de estos niños al pretender tener una buena educación? Necesitamos preguntarnos en cuanto ayuda esta falta edilicia a la deserción escolar los días de extremo frío, extremo calor o con las inclemencias del tiempo desatadas? Las respuestas son obvias. Ese barrio cuenta con terrenos ya reservados para ubicar una escuela, que debería haber sido construida con el primer grupo de viviendas. Es imperativo entonces que el Poder Ejecutivo incluya y concrete en el Presupuesto 2015 la construcción de una Escuela Primaria y Salón de Usos Múltiples en el barrio ya mencionado", aseveró.

Por ley, aprobada unánimemente, se aprobó la transferencia a título gratuito a la Comisión de Fomento de Cuchillo-Có, de un inmueble donde funcionará un Centro Social Comunitario. "Resulta importante señalar que la transferencia de dicho inmueble, posibilitará contar con el referido espacio cultural a la comunidad de Cuchillo-Có", dijo el diputado Juan Carlos Olivero.

Por unanimidad se aprobó el Despacho de Resolución elaborado por la comisión de hacienda de esta Cámara, por la que se reestructura el Presupuesto de Erogaciones del Ejercicio del año 2014.

Por ley se derogó la ley 2775 y se suspende por el término de dos años, a partir de la fecha de sanción de esta ley, la aplicación del párrafo 2º del artículo 6º de la ley Orgánica del Poder Judicial.

El diputado César Ballari sostuvo que "esta Cámara de Diputados de la Provincia sancionó con fecha 19 de junio del corriente una Ley que atiende a los mismos objetivos que la presente. Esta Ley buscó suspender los efectos del párrafo 2º del artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 2574, que ha sido objeto de presentación de recursos de amparo referidos a la posible inconstitucionalidad de esta norma, demorando así los concursos de oposición y antecedentes para los cargos dentro del Poder Judicial provincial que se realizan ante el Consejo de la Magistratura".

"Se hace necesario dejar sin efecto esta Ley recientemente sancionada, por cuestiones de técnica legislativa. Asimismo resulta imperante la sanción de una nueva norma que cumpla con el objetivo planteado", dijeron en sus fundamentos.

Se opuso el diputado Hugo Pérez y todo el bloque del Frepam y Fonseca, que reveló que "se suspende la imposibilidad de que un funcionario judicial antes de cambiar de cargo, pase tres años en el que está. Se facilita así el carrerismo donde unos pocos saltan de un cargo a otro, por encima del principio de administración de justicia". 

También diputadas y diputados felicitaron, mediante una resolución unánime, al deportista pampeano Martín Fidel Ríos que recientemente se coronó Campeón Nacional de Boxeo en la categoría "Mediano" y se declaró de interés legislativo al programa televisivo pampeano "El invitado".