La Justicia Federal investiga en 22 provincias argentinas, entre ellas Entre Ríos, una estafa millonaria contra el PAMI con datos de afiliados fallecidos. 

Si bien el proceso se encuentra en una etapa preliminar, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, confirmó que el viernes pasado se realizaron 36 denuncias en 35 jurisdicciones federales de todo el país por una defraudación millonaria por un monto superior a los cinco millones de pesos.

El diario Uno de Paraná intentó obtener información por parte del director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Entre Ríos, Claudio Ledesma, pero el funcionario pidió reserva sobre el caso porque recién se están dando los primeros pasos en la pesquisa. Es tan reciente el proceso que los acusados del delito aún no fueron comunicados, según indicó una fuente extraoficial.

“Las maniobras habrían acontecido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017 en diferentes localidades del país, a través de la dispensa en farmacias de 14.872 unidades de medicamentos e insumos, mediante la utilización de datos correspondientes a 811 afiliados que se encontraban dados de bajas como beneficiarios del INSSJP”, indicó el sitio fiscales.gob.ar, perteneciente al Ministerio Público Fiscal.

Como se adelantó son 22 las provincias y 758 las farmacias donde se habría cometido la maniobra, por la cual se realizaron o simularon compras por un total de 14.872 unidades de medicamentos e insumos, utilizando los datos de beneficiarios que estaban dados de baja en el padrón de PAMI por fallecimiento, para obtener un beneficio a costa del instituto. Fue así que se confirmó un fraude por un total superior a los 5.300.000 pesos.

Pasos preliminares

Todo parecer indicar que las delegaciones provinciales involucradas están al tanto de las actuaciones judiciales, como sucede en Entre Ríos, más allá del entendible silencio de las autoridades con el fin de no entorpecer la investigación.

El caso quedó al descubierto tras la denuncia formulada por la Gerencia de Asuntos Jurídicos del PAMI ante la UFI-PAMI, donde se detalló que luego de un relevamiento llevado a cabo por la Subgerencia de Auditoría de Medicamentos sobre los afiliados a la Obra Social Nacional que fueron dados de baja en razón de su deceso durante 2017, se encontró que 811 de ellos presentaron consumos con posterioridad a la fecha del deceso.

Si bien el mecanismo fue desplegado a lo largo de todo el país, la unidad fiscal señaló que, entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y el conurbano bonaerense se agrupa el 47,74 por ciento de esos consumos (7.057), llevados a cabo durante el 2017.

Las dispensas ocurrieron en 758 farmacias repartidas en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Chubut, San Juan, Tucumán, Catamarca, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz.