Por: Ramiro Melucci.

El Indec terminó de componer la foto del deteriorado paisaje social que había hacia el final del gobierno de Alberto Fernández. Mar del Plata sumó el año pasado 50 mil pobres y 25 mil indigentes, y culminó en la cima del ranking de la desocupación, con 4000 desempleados más que el año anterior.

Las estadísticas siempre pueden edulcorarse. Se puede argüir, por ejemplo, que la ciudad está por debajo del promedio nacional de pobreza. O que la ubicación en lo más alto del podio de la desocupación obedece a una cuestión estacional. Lo que no puede obviarse es que los índices empeoraron. 

Sobre ese friso ya ajado el gobierno de Javier Milei comenzó a esculpir su ajuste. Los recortes de personal contratado en el Estado que anunció y empezó a llevar a la práctica la semana pasada dejaron en Mar del Plata, de manera provisoria, más de 100 despidos.

La motosierra pasó por la Anses, el Inidep, el ex Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Centro de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social, el Senasa y el ex Inadi, entre otras dependencias.

Mientras llegaban los avisos por correo electrónico en la previa del fin de semana extralargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le pidió al intendente Guillermo Montenegro que se expida “ante la gravísima situación” que genera la ola de despidos. El gobierno municipal optó por el silencio y deslizó un aviso: se reunirá con aquellos sectores que en medio del drama “no intenten hacer política”.

Lo más parecido a una respuesta oficial que recibieron los gremialistas fue una provocación en redes sociales del concejal Julián Bussetti, del PRO: les aconsejó a los despedidos revisar la bolsa de empleo privada que el municipio tiene en su página web.

Hasta su aparición despojada de empatía (que varios en el oficialismo festejaron en reserva), el concejal que más había despertado la indignación de parte de los estatales había sido el radical Daniel Núñez. Por un episodio que se remonta a más de una semana. Los trabajadores del Centro de Referencia asistieron a la comisión de Salud del Concejo Deliberante en busca de la aprobación de una resolución que su presidente, el exarticulador del CDR Diego García (Unión por la Patria), redactó para repudiar el cierre de esa dependencia. No sólo se fueron sin nada porque el oficialismo no aportó sus votos: también escucharon a Núñez decir que siempre que fue al CDR lo encontró cerrado.

“No sé en qué momento fue, porque no estuvo cerrado ningún día, ni siquiera en pandemia”, le respondió García, que minutos antes había pronosticado “una tragedia” social por la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad que, ante la eliminación del CDR, no serán asistidas. “La Municipalidad no los va a poder atender”, advirtió.

Lo más parecido a una respuesta oficial que recibieron los gremialistas fue una provocación en redes sociales del concejal Julián Bussetti, del PRO. Varios en el oficialismo la festejaron en reserva

En el municipio admiten que la situación se torna cada vez más compleja. Preparan “la base de datos de los comedores que funcionen como tales” para entregarlo a la Nación, pero aseguran que no hay que dirigir la mirada únicamente a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. También en este aspecto aspiran a una tarea conjunta con actores privados, Cáritas y las iglesias evangélicas. “Como en la pandemia, que funcionaron los Comités Barriales de Emergencia”, ejemplifican.

A los efectos de la motosierra se le suman los de la licuadora de ingresos que afecta al sector privado. Montenegro mantuvo una reunión con empresarios hoteleros y gastronómicos que en el entorno del jefe comunal calificaron de “dura”. Uno de los principales reclamos aludió a la tarifa de Obras Sanitarias. El intendente reconoció que “hay que atender la coyuntura” y se comprometió a evaluar medidas, pero también les hizo a sus visitantes un pedido: “Empecemos a pensar alternativas para cuando esto levante”. Refería a experiencias turísticas que innoven y vayan “más allá de lo tradicional”. Hasta solicitó dos mesas distintas: una para analizar la salida a la crisis, la otra para pensar “hacia adelante”.

Para los próximos días agendó un encuentro con el Foro de la Construcción. Ese ámbito, que nuclea a todos los actores de la actividad, viene de lanzar cuestionamientos y reclamos al Gobierno nacional, al provincial y al municipal. Al local le exige mayor celeridad en la aprobación de planos: una “solución similar” a la que el municipio les dio a los comercios a través de las habilitaciones exprés. En la Municipalidad se muestran predispuestos al diálogo, pero de entrada aclaran: “No es lo mismo”.

Uno de los focos de atención son las pymes. El explosivo aumento de tarifas en un contexto en que ya se incrementaron todos los costos y decrecieron los ingresos puede dejarlas sin margen para la subsistencia. En el municipio declaran la intención de “estar cerca”, arrimar algunas soluciones y, sobre todo, actuar como “lobistas” del sector ante la Provincia y la Nación.

En ese paisaje delicado, al gobierno local se le presenta el desafío de que la Municipalidad siga funcionando. No sólo por la necesidad de sostener la prestación de servicios a pesar de la caída de la recaudación. También en sentido literal: el Sindicato de Trabajadores Municipales amenazó con un paro por 48 horas si la comuna no mejora la oferta de recomposición salarial. Pide un aumento del 35% para abril; el municipio le ofreció un 10%.

Sin bombardear los puentes de diálogo con el gremio que conduce Antonio Gilardi, en la mesa chica del jefe comunal juzgan “irracional” el pedido. Consideran que la aspiración lógica de todo trabajador (empatarle a la inflación) es hoy “imposible” para la Municipalidad.

El intendente reconoció que “hay que atender la coyuntura” y se comprometió a evaluar medidas, pero también les hizo a sus visitantes un pedido: “Empecemos a pensar alternativas para cuando esto levante”.

Una de las grandes apuestas del municipio para salir del pantano es el arreglo y construcción de pavimentos con lo que recauda de la tasa vial. Cuando las estaciones de servicio terminen de presentar sus declaraciones juradas, en la comuna estiman que en el primer mes se habrán recaudado $ 450 millones. La licitación para el fresado y recapado de 42.000 metros cuadrados de calles de pavimento asfáltico y el bacheo de 14.000 metros cuadrados de pavimentos de hormigón es por más de $ 2000 millones. Una cuarta parte de lo que se prevé recaudar anualmente.

Parece mucho, pero en el Ejecutivo calculan que para arreglar todas las calles de Mar del Plata y construir las que hacen falta se necesitan “dos presupuestos y medio” del municipio: unos $ 500 mil millones. El mensaje es claro: habrá mejoras, no milagros.

El asunto estuvo en boca de los canales nacionales de noticias en la semana que pasó. No porque Mar del Plata haya dado motivos, sino porque también Quilmes, la tierra de la camporista Mayra Mendoza, se apresta a cobrar la tasa vial a través de las estaciones de servicio. El Concejo Deliberante quilmeño ya aprobó la ordenanza preparatoria. Con votos de Unión por la Patria y rechazos del PRO y el radicalismo. Exactamente a la inversa que en Mar del Plata.

Una de las escenas televisivas se vio el martes a la tarde en LN+. “Tengo la documentación”, anunció Eduardo Feinmann mientras mostraba una copia del proyecto de ordenanza que se discutía en Quilmes. “Parece que se desgastan las calles”, se mofó. Y les habló a los quilmeños: “Por cada 50 mil que cargues te van a cobrar $ 1000 de tasa”. Parecía Ariel Ciano en el Concejo local; sólo había que cambiarle el gentilicio. Esteban Trebuck, que lo miraba extasiado, llegó a comentar: “Puede ser ilegal, puede haber doble imposición”. Lo mismo que en el recinto marplatense repitió Eva Ayala. A la noche volvieron a cuestionar el tributo en TN, uno de los canales que suele visitar Montenegro en sus giras mediáticas.

La política siempre tiene un condimento azaroso: nunca se sabe de dónde puede venir el golpe.