Un jurista muy prestigioso, brillante, filósofo del derecho, quien a pesar de que murió muy joven en Bolivia, influyó muchísimo en toda una generación de estudiosos, Carlos Nino, escribió en 1993 un libro cuyo título fue Un país al margen de la ley. Probablemente inspirado por lo que era en aquel año una gran discusión, que tuvo como desenlace una reforma constitucional, que tenía que ver con la calidad institucional en la Argentina bajo el menemismo, Nino ya hablaba de un país que tenía enormes dificultades para manejarse con lo que es la esencia de la democracia. Lo que se inventó hace tres siglos en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, como régimen de convivencia, supone que cada uno puede pensar lo que quiere, puede adherir al contenido que quiere, porque en algunas cuestiones, frías y formales, como son las reglas, nos hemos puesto de acuerdo.

La esencia de la vida en común, en un Estado de Derecho donde se respeta el pluralismo, es la posibilidad de consensuar reglas. Hoy en la Argentina, aunque el problema viene de hace tiempo, hay una enorme discusión, un conflicto entre poderes alrededor de la interpretación de reglas. Eso es lo que está pasando en la relación entre el kirchnerismo y la Corte.

Estamos hablando de un país con niveles altísimos de corrupción desde hace muchísimo tiempo. Un país donde ha avanzado inquietantemente el tráfico de drogas, sobre todo el que daña a los más pobres. Un país donde hay una cantidad de huecos en el sistema judicial por falta del personal designado, como pasa en la Cámara Federal en lo Penal Económico -que decide en las cuestiones de narcotráfico- donde de seis jueces, hay solo tres designados. O, como pasa en Santa Fe, que es noticia todo el tiempo con motivos justamente del tráfico de drogas y la violencia, que hay vacancias impresionantes que no se pueden cubrir tanto en los tribunales federales de primera instancia como en los tribunales orales, entre otros. En ese país, ¿cuál es la disputa?

Es muy concreta: se ha agravado una discusión referida a quién maneja la Justicia. Esto es lo que se está discutiendo básicamente entre Cristina Kirchner y quienes la siguen o rodean, y la Corte Suprema de Justicia, además de todo un sector de la política que respalda la posición de la Corte, alrededor de quién conduce y cómo se organiza el Consejo de la Magistratura. Es decir, estamos en presencia de una discusión de primera magnitud acerca de quién determina la organización de la Justicia, además en una región como América latina, donde la independencia del Poder Judicial está permanentemente amenazada. No es, por lo tanto, una discusión fuera de contexto. Hay todo un trasfondo que explica el dramatismo de esta disputa. Hay que aclararlo para no perderse en cuestiones de detalles técnicos, que son muy importantes si uno los pone en la perspectiva de la discusión sobre valores, sobre una concepción de la vida en común.

Acá hay un problema antiguo. Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, que está de moda porque le toca presidir el Consejo de la Magistratura a partir de este lunes, hace dos años señaló algo muy importante para entender lo que está pasando. La Constituyente que sesionó en el año 1994 en Santa Fe, de la que Rosatti y también Juan Carlos Maqueda formaron parte, dejó la Constitución a medio hacer. El exjuez Zaffaroni, que también fue constituyente, señala muchas veces que el Congreso recibió una delegación de la Constituyente para que termine la Constitución. Entre esas cosas que quedaron a medio hacer, una fue el diseño del Consejo de la Magistratura. Rosatti dice que hubiese sido ideal que se ponerse de acuerdo en la Constituyente para definir cómo debería estar constituido ese organismo. Pero no pudieron.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Es una institución nueva, que se introduce en la Constitución del ‘94. Hasta ese momento, para designar a un juez bastaba con que el presidente lo propusiera y que el Senado lo aprobara. Se crea el Consejo de la Magistratura para, entre otras cosas, asesorar al presidente en la designación de los jueces, proponerle ternas, ejercer la disciplina sobre el Poder Judicial, ejercer las facultades administrativas sobre la Justicia, y sancionar a los jueces. Este organismo fue motivo de reformas desde que se creó. Hubo una primera ley, después una segunda ley promovida e impulsada por Cristina Kirchner, y ella misma intentó reformarlo de nuevo con aquel proyecto que llamó de democratización de la Justicia, que fue un proyecto abortado por la Corte, que lo declaró inconstitucional. No es casual que haya todo el tiempo una fractura alrededor del Consejo de la Magistratura, porque de lo que se trata es de una disputa de poder para controlar a los jueces.

El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires realizó una impugnación a la ley que había impulsado en 2006 Cristina Kirchner como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El Colegio de Abogados le reclamó a la Corte que mire el tema, porque esa organización está distorsionada en favor de los políticos y no respeta en el equilibrio que, en términos abstractos, plantea la Corte cuando crea el Consejo de la Magistratura. La Corte declara inconstitucional la ley impulsada por Cristina Kirchner, que es la 26.080, y para no dejar un vacío que impediría administrar la Justicia hasta en el pago de los sueldos, determina que adquiera vigencia la ley en cuya sustitución venía la ley impulsada por la actual vicepresidenta. Es decir, declara esa inconstitucionalidad de la ley ideada por la entonces senadora y quedan repuestos artículos de la ley anterior, que es la 24.937 de 1999.

Esa ley anterior, que se restaura, tiene un concepto principal y es que el Consejo de la Magistratura debe orbitar en el Poder Judicial. Hay toda una discusión constitucional alrededor de esto. Hubo constituyentes que sostuvieron que el Consejo es como un órgano del Poder Judicial, y esto se refleja en que esa ley de 1999 establece que el presidente del Consejo de la Magistratura va a ser al mismo tiempo el presidente de la Corte. Esto, por su puesto, le da un enorme poder ese juez, al igual que a la Corte, que además ya regula la constitucionalidad de los fallos inferiores, y que tiene facultades de superintendencia, de administración, que compiten con las del Consejo de la Magistratura.

No se le da todo el poder al presidente de la Corte, pero él puede coordinar los poderes preexistentes del máximo tribunal y del Consejo, frente a la Justicia. Esto por supuesto reduce el poder de la política que se ha expandido en el Consejo de la Magistratura. Hay que ver bien este problema, porque muy probablemente no estaba en la cabeza de quien fue el principal promotor de esta institución, Raúl Alfonsín. El Consejo de la Magistratura supone que va a haber representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso, abogados, académicos, jueces. Lo que vemos con el paso del tiempo es que finalmente las selecciones de abogados, de académicos y en alguna medida de jueces no se pueden realizar sin el sostén de los partidos políticos. Quiere decir que la política está solapadamente representada en los delegados de los abogados y los académicos, lo que implica entonces un enorme poder de los partidos y dentro de los partidos de los que más se interesan, que no siempre son gente transparente. Tienen una gravitación especial en la designación y sanción de jueces en la organización del Poder Judicial en general.

Esta reposición de la ley anterior que hizo la Corte le devuelve poder a la Justicia sobre este poder de la política. Esto afecta especialmente a Cristina, al kirchnerismo en general y a ella en particular. Primero por algo que ya dijimos; a alguien que tiene una autoestima que no hay que subrayar ni aclarar, que le declaren inconstitucional una ley impulsada por ella, la ofende especialmente. En segundo lugar, y acá hay algo muy importante, que está en disputa desde hace muchos años en la Argentina y reaparece en esta discusión, es que se pone en tela de juicio una concepción ideológica. Cristina Kirchner, y toda una corriente política junto con ella, entienden que en la vida pública de un país -y esto está en la raíz del populismo- no hay nada inapelable salvo el voto. Aquel que es votado, que ejerce una representación popular, no puede someterse a nadie que lo juzgue. La Justicia, igual que otras instituciones como los mercados o la prensa, se deben inclinar frente al que tiene el poder político porque tiene la representación popular. En el fondo, esto se reduce a que la voluntad del que manda termina siendo el máximo poder. Detrás de esto hay toda una tradición caudillista, en América Latina y en la Argentina.

A Cristina Kirchner la agravia que haya un poder superior en la organización de la Justicia que proviene de alguien que no fue votado directamente por el pueblo, como el presidente de la Corte. Esto se lo dijo ella a los jueces del tribunal oral que la juzgó, en una de las tantas audiencias en las que participó. En aquel momento lo hizo desde la presidencia del Senado, no desde su casa, como una ciudadana común y corriente. Ella se presentó como encausada desde un lugar de poder y les preguntó a los jueces: ¿A Ustedes quiénes los votaron para poner en tela de juicio mi conducta, que ha sido juzgada por el electorado y será juzgada por la Historia? Esos son los dos únicos tribunales a los que este tipo de concepción respeta.

Lo que hay es una discusión que va más allá de lo anecdótico, que se trivializa diciendo que es solo búsqueda de impunidad, aunque haya algo de eso. Hay algo de mayor alcance, todo un diseño de la vida de un país. En este punto es donde se tocan Cristina Kirchner con otras orientaciones políticas similares: Venezuela, Nicaragua o Rusia.

Hay otro problema que sí la afecta a ella como persona que está imputada en muchísimos casos. La vicepresidenta considera que hay transgresiones formales en los juicios que se le siguen y ha recurrido a la Corte, seguramente por consejo de sus abogados, una y otra vez. El máximo tribunal no se pronunció en muchos temas. Pero en otros similares ha considerado que no es su función corregir procedimientos de causas en curso. Recién con una sentencia definitiva analizará si se respetaron o no las garantías constitucionales.

Esto ha sucedido muchas veces. Concretamente, pasó con un recurso de Julio De Vido hace un par de años, y nuevamente a finales del año pasado, cuando la Corte rechazó un planteo muy parecido a los que hace Cristina Kirchner. de los abogados del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, recientemente condenado por corrupción. Como en otras oportunidades, el máximo tribunal le pidió que no acuda con cuestiones procesales, sino cuando lo hayan juzgado definitivamente. Fue un 16 de diciembre, el mismo día en que se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley que regula el Consejo de la Magistratura que ahora está en discusión.

A partir de la declaración de inconstitucionalidad se abrió un procedimiento. La Corte mandó a que, provisoriamente, rija la ley anterior. Por lo tanto, es necesario cubrir las vacantes porque la ley anterior establece que los consejeros deben ser 20 y hoy son 13. Por lo tanto, los distintos estamentos representados en el Consejo de la Magistratura deben nombrar a los miembros que faltan hasta noviembre, cuando hay que elegir a todos de nuevo. Los académicos hicieron su elección y los abogados la suya.

También el Congreso tiene que nombrar a representantes que faltan, que deben ser un miembro del bloque minoritario en el Senado y en la Cámara de Diputados. Surge un problema porque, a diferencia de los abogados, los jueces y los académicos, las autoridades del Congreso, a la cabeza de las cuales está Cristina Kirchner, no aceptaron el fallo de la Corte. ¿Por qué no? Porque sostienen que, si una ley se declara inconstitucional, no puede ser sustituida por una norma anterior derogada.

Este argumento de los kirchneristas del Congreso lo adopta también el juez Lorenzetti en un voto propio, que redacta cuando se declara la inconstitucionalidad de la ley. Primer problema: el constitucionalista Manuel García Mansilla leyó la ley declarada inconstitucional y encontró que en ningún momento derogó la norma anterior. Es decir, para una cantidad de juristas, la ley anterior no fue derogada, solo se sustituyeron algunos artículos. ¿Por qué prestan atención a estos detalles? Porque cuando el Congreso ha querido derogar leyes usa la palabra “derogar o deróguese”. Habría ahí un error de Lorenzetti, que entiende sustitución por derogación.

Hay otro jurista, Alberto Garay, justamente el presidente del Colegio de Abogados que se presentó ante la Corte para pedir esta declaración de inconstitucionalidad, que menciona que hubo otra ley que regulaba las subrogaciones, qué juez reemplaza a otro magistrado ausente. Esa ley también fue declarada inconstitucional y la Corte repuso una norma anterior que, a diferencia de este caso del Consejo de la Magistratura, sí había sido derogada para que no hubiera un vacío legal. Lo más interesante que destaca Garay es que, en ese caso, Lorenzetti se pronunció favorablemente. Habría un criterio selectivo por parte de este magistrado que, a algunos, los lleva a pensar que no le gusta que se reponga la ley anterior en el caso del Consejo de la Magistratura porque el que será su presidente es su máximo enemigo, Horacio Rosatti. Como dijo un viejo cardenal en Roma alguna vez, “el derecho es un acordeón”, que se va adaptando según cada caso y los intereses políticos que están en juego.

Esta situación pudo haber sido evitada si Cristina Kirchner hubiera hecho lo siguiente: llamar a la oposición, a Sergio Massa, y dirigirse a la Corte pidiendo que no los obliguen a poner ahora a sus representantes y que, en cambio, les otorgue 90 días más -el plazo de la Corte vencía el viernes pasado- para sacar una nueva ley. Esto hubiera puesto en un problema a la Corte, porque no se le puede negar atención a un pedido así. Pero no eligieron ese camino. Fueron por otro, deliberadamente conflictivo. Cristina sabe de derecho constitucional. Se dedica a esto desde hace 40 años y fue presidenta de la comisión de esta especialidad en el Senado. Acá hay una decisión política de ir al choque. No es la consecuencia no buscada, es el objetivo no accidental.

¿Qué hizo el kirchnerismo? Le pidió a un diputado de Paraná, Marcelo Casaretto, que se presente ante un juez, Daniel Alonso, y le pida que le ordene al Congreso no designar a los representantes en el Consejo de la Magistratura, según la obligación que impone el fallo de la Corte. ¿Un diputado reclamaría en nombre de toda la Cámara? ¿Por qué? Si la oposición no está de acuerdo. Segundo, ¿un juez de primera instancia se convierte en una especie de tribunal de alzada de la Corte? Y un dato curioso: este juez depende del bloque mayoritario del Senado, o sea, de Cristina Kirchner, para que lo nombren camarista en Rosario en pocos días, si es que se lo cumplen.

Ante esto, el máximo tribunal se pronunció de manera muy dura. Es raro encontrar un fallo tan áspero como el que emitió hoy [por ayer] en el caso del juez Alonso. Dice que se levantó “en contra de la Constitución y las leyes” y pide que sea investigado por el Consejo de la Magistratura para ver si es susceptible de que se le realice un juicio político. Nota al pie: es el mismo Alonso que le pidió a la Justicia provincial que le dé un caso de corrupción relacionado a la familia Urribarri para tratarlo en su juzgado federal y, seguramente, garantizar algún nivel de impunidad.

Seguramente Alonso será nombrado camarista por el Senado, salvo que Alberto Fernández retire el pliego. La Corte pone en un problema al Presidente: ¿va a mantener el pliego de un juez que, según sus integrantes, se levantó en contra de la Constitución y las leyes? Es un gran signo de interrogación de un problema que le impone, seguramente de manera involuntaria, Cristina Kirchner a Alberto Fernández.

Como vemos, este curso de acción que se siguió va deliberadamente a buscar un conflicto, como hizo Martín Soria, el ministro de Justicia, cuando pidió una reunión con los miembros de la Corte, los insultó, se levantó y se fue. Juan Martín Mena, el segundo de Soria, subordinadísimo a Cristina Kirchner, adelantó que “no vamos a permitir” lo que ha hecho la Corte. Daría la impresión de que se está armando el discurso político para justificar lo que podrían ser condenas en casos que a Cristina Kirchner la preocupan desde su propia situación penal.¿Qué hará Sergio Massa? El presidente de la Cámara de Diputados estuvo muy cómodo toda la semana durante un viaje oficial a República Dominicana para intensificar las relaciones bilaterales. Él ya tiene el nombre de la persona que tendría que designar, una diputada radical, Roxana Reyes, nada menos que de la provincia de Santa Cruz. No es casual que a Cristina Kirchner, que está especialmente irritada con esta situación, la enfrenten con alguien que se opone al kirchnerismo en su casa matriz. A su vez, está en el senado el cordobés Luis Juez, que también fue designado por la oposición. ¿Podrían la diputada Reyes y el senador Juez ir a la Corte y decir “nosotros tenemos derecho a integrar el Consejo de la Magistratura; por lo tanto, ejecute su sentencia y desígnenos”? Se abriría todo otro conflicto, que no sé si alguien está estudiando en este momento. Mejor no dar ideas.

¿Qué estamos viendo? Se trata de algo muy interesante y es una especie de dictadura de una minoría. Alexis de Tocqueville escribió en el siglo XIX, un tratado monumental, en donde una de las preocupaciones que alimentaba era que había que prevenir las dictaduras de las mayorías. En cambio, ahora habría una dictadura de una minoría, muy combativa, muy militante, que lidera Cristina Kirchner, que tiene capacidad de bloqueo para que no suceda nada de lo que ella no le interesa que suceda. Doy a continuación una serie de ejemplos: el hecho de no nombrar a los representantes del Consejo de la Magistratura o no designar al procurador que nombró Fernández, quien propuso a Daniel Rafecas apenas llegó al poder; el Senado no se lo aprobó, esperando que haya una nueva ley para el procurador, que es el que dirige a los fiscales que deben investigar la corrupción. Otro ejemplo: hace 12 años que no está designado en la Argentina el Defensor del Pueblo, porque en el Congreso no se ponen de acuerdo; es el funcionario que debería intervenir en la discusión de las tarifas. Toda la conducción del Banco Central y la conducción de la AFI, de los servicios de inteligencia, todavía no tuvieron acuerdo del Senado, tal vez porque fueron designados por Alberto Fernández. Otro detalle, cada vez que se produce una vacante en la Corte, el Poder Ejecutivo está obligado a iniciar en 60 días la designación de un nuevo juez. No lo han hecho con la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Deberían haberlo hecho cumpliendo con un decreto que firmaron Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Gustavo Beliz. Pero ni ellos cumplen los decretos que ellos mismos firmaron.

Esta lógica que, como dice Jorge Yoma, se caracteriza por la idea de que “lo que no domino lo bloqueo, se traslada al Poder Ejecutivo, que es una incógnita. Guzmán hace reuniones raras, porque algunos van y otros no van, en Chapadmalal, y decide que va a haber un aumento de tarifas, que es el que pactó con el Fondo. Logra el consenso de todos menos del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que se ha opuesto antes al aumento de tarifas. Y no sabemos qué sucede con María Soledad Manin, que es del equipo de Basualdo y tiene que implementar las audiencias públicas en el ENRE. Guzmán dijo algo que Alberto Fernández respalda: “Vamos a gobernar con los que se subordinen con nuestro plan económico”. Pero no quiere decir que el que no se subordina se va, sino que queda ahí, insubordinado. Hasta ahora es así. Es un contraste extraordinario entre el concepto del poder y la autoridad que tiene Cristina Kirchner, que con un piolín y dos palitos es capaz de bloquear toda una república, y el concepto de autoridad o la falta de autoridad que tiene el Presidente. En un escenario de alta inflación, parece diseñado a propósito, para que haya más inflación.

Lo mismo pasa con la política exterior. Hoy el Presidente dijo algo que ya levantó una polvareda internacional. Dijo: “Tenemos que designar un embajador en Venezuela”. Está prácticamente designado Oscar Laborde, lo mencionó Alfredo Leuco en El diario de Leuco. Hay una idea en Alberto Fernández que supone que si se es amigo del país, hay que designarle embajador. España tuvo siempre embajador en Venezuela, y a veces fue importantísimo en la lucha por los derechos humanos, como fue el caso de Jesús Silva, que tuvo recluido en la embajada a Leopoldo López. Igual que el embajador de Chile, Roberto Ruiz Piracés, que también ha tenido en su casa a disidentes. El Chile de Piñera. O el de Boric, que dice que los derechos humanos deben ser respetados de modo universal. Alberto Fernández dice “como ahora han cambiado las cosas en Venezuela debemos designar embajador” y se lo propuso a un desconcertado Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. ¿Qué cosas cambiaron en Venezuela? ¿Quién le dijo a Fernández que cambiaron las cosas en Venezuela? Hay 240 presos políticos, esto se lo recordó hoy a través de redes sociales la encargada y responsable de Human Rights Watch en América Latina, Tamara Taraciuk. En un mensaje le dijo que “hay 240 presos políticos, algunos de los cuales son militantes de derechos humanos que están con problemas de salud y siguen en las cárceles del chavismo”.

Hay una causa abierta en la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos: ha habido un relevamiento de casos de violación de derechos humanos por un comité de Naciones Unidad. ¿Qué es lo que cambió en Venezuela Alberto Fernández? Lo mismo le preguntan desde Estados Unidos. Vamos a ver qué contesta en junio cuando tenga que ir a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Va también en calidad del presidente de la Celac, donde es presidente por unanimidad, gracias a Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no están invitadas a la Cumbre. ¿Cómo va a manejar esa situación ambigua a escala internacional? No lo sabemos, pero es el mismo desorden, la misma situación caótica en términos de la autoridad y el poder que hay en la Argentina.

En este contexto, Guzmán viaja a Washington y debe explicarle a Georgieva que ya, antes de empezar, no puede cumplir con lo pactado con el Fondo. Primero, porque tenía que aprobar el viernes pasado un nuevo presupuesto, no pudo hacerlo y probablemente no pueda lograrlo porque no tiene el consenso en el Congreso. Segundo, por algunos números que se anunciaron hoy para compensar a la gente de bajos ingresos: como calculó Fernando Marull, un bono por dos meses de 18.000 pesos para alrededor de 7,8 millones de monotributistas, que da un gasto de 141.682 millones de pesos. Además, 12.686 millones de pesos para trabajadores de casas particulares y 61.000 millones para jubilados que cobran la mínima. Quiere decir que, de lo acordado con el Fondo, se entregará a todas estas categorías un monto de 217.774 millones de pesos. Son 1980 millones de dólares, o 0,34% del PBI.

En este contexto es importante la relación de Alberto Fernández con EE.UU., donde será leída la declaración sobre Venezuela. Desconcierto afuera, desconcierto adentro. Los gobernadores peronistas ya no saben con quién hablar. Hoy los del Norte Grande terminaron charlando con Massa en el Congreso. En los próximos días, habrá una reunión de los del Norte con los del Centro. Media Argentina pidiendo soluciones al Presidente o a aquel que los escuche. No hablan con Cristina Kirchner, que charla con muy poca gente. Tampoco con Alberto, que no quiere recibir presiones.

Dispersión del poder. También en la oposición. Este martes va a haber una reunión importante del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, inquieto porque no entiende tampoco cuál es el rumbo que le impone Gerardo Morales a su partido. El gobernador de Jujuy sigue en su eterno idilio con Massa, tal vez buscando otro tipo de configuración para la oposición.

Esta es la Argentina bajo el imperio de una minoría, un país fuera de la ley.