En el país libertario de Milei, la presión impositiva al campo creció frente a 2023

En el país libertario de Milei, la presión impositiva al campo creció frente a 2023

La participación de los impuestos sobre la renta agrícola cerró el año pasado en 64,3% en promedio, 5,4 puntos por encima del 2023, y el segundo más alto de los últimos cinco años, según el índice FADA.

Por

Cristian Carrillo

 

El dólar atrasado, un aumento de los insumos, retenciones sin modificar y caída de precios se alinearon en una tormenta perfecta para el sector agropecuario, que apostó a un gobierno libertario que asumía para bajar impuestos; al menos para los sectores concentrados. En cuanto al agro, no sólo nunca llegó la eliminación de los derechos de exportación, una situación que mantiene el acuartelamiento del productores contra el Gobierno, sino que la apreciación de la moneda les generó un incremento de los costos medidos en dólares que hace en muchos casos poco redituable la actividad. Incluso, para el pequeño productor que no cuenta con campo propio la rentabilidad es negativa.

 

La medición de diciembre 2024 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 64,3 por ciento para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada 100 pesos de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, 64,3 pesos es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales”, señaló el informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

La entidad suele lanzar informes machacando sobre la alta carga impositiva que mostraba el sector en los últimos años, con patrocinio detrás de empresas como el grupo Los Grobo –el mismo que debió defultear vencimientos de deuda por la situación de la actividad—.Esta vez la comparativa de FADA muestra un gobierno que promete baja de impuestos pero deteriora la rentabilidad del sector de muchas formas. “Mientras que el promedio ponderado (de carga impositiva) de cultivos a nivel nacional es de 64,3 por ciento, la participación del Estado en soja es del 68,5 por ciento; maíz, de 56,6 por ciento; trigo, 69,5 por ciento y girasol, 59,1 por ciento”, señaló el documento.

Los impuestos que Milei no toca

El grueso de la suba se dio en los últimos meses del año, donde la inflación en dólares golpeó con mayor fuerza al sector. El índice de diciembre es 2,8 puntos porcentuales más alto que el de septiembre previo, que había marcado 61,5 por ciento. “El trasfondo de este aumento sigue siendo la caída de precios, a lo que se adiciona la pérdida de efecto del dólar exportador, ambos hacen aumentar la participación del Estado sobre la renta agrícola”, dice el documento del think tank agropecuario. De esta manera, se ubica en el segundo nivel más altos del último lustro: el índice en 2019 marcó el 60,5 por ciento; en 2020, el 59,5 por ciento; en 2021, el 63,2 por ciento; en 2022, el 67,2 por ciento y en 2023, el 59 por ciento.

Tras la devaluación de diciembre de 2023, cuando abultó las ganancias del sector exportador y aceleró la liquidación del agro, el Gobierno implementó una tablita cambiaria (crawling del 2 por ciento mensual) con una inflación que superó ampliamente ese guarismo, lo que fue quitando competitividad al sector. A esto se sumó que el extra que le otorgó el gobierno con el dólar blend (80 por ciento de tipo de cambio oficial y 20 por ciento de precio del dólar de contado con liquidación).

Para diciembre 2024, el tipo de cambio oficial es de 1016,8 pesos por dólar, mientras que el dólar exportación asciende a 1030,8 pesos por dólar, un 1,37 por ciento de mejora. “En septiembre la mejora del tipo de cambio con dólar blend era del 6,3 por ciento sobre el oficial”, destaca el informe de FADA. Por su parte, el dólar exportador ajustado por inflación es un 2 por ciento menor a la medición de septiembre 2024 y un 28 por ciento menor que al inicio de 2024.

Costos, precios y retenciones

En cuanto a los costos de insumos, medidos en dólares oficiales, se muestran valores estables. Lo mismo sucede con labores y fletes. Al compararlos con un año atrás, en el caso de las labores, se encuentran entre 106 y 160 por ciento más caras, mientras que los fletes se encarecieron un 119 por ciento, frente a una inflación interanual cercana al 118 por ciento. En dólares, presentan un incremento interanual del 40 por ciento en promedio.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 45 por ciento de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 55 por ciento están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 59 por ciento.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 47 por ciento de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 53 por ciento. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 56 por ciento.

Los precios, con mayor producción global para la campaña, en comparación a la anterior, niveles de stock mundiales y menor demanda de China, comenzaron a caer, principalmente en los primeros meses de 2024, encontrándose actualmente por debajo del promedio de los últimos cinco años. La caída de los precios, aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de lo que fue la sequía, hacen reducir el valor bruto de la producción.

En este contexto, con precios debilitados, sumado a la pérdida de efecto del dólar exportador, generan una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola, con un menor valor de la producción. “A ello se le suma la permanencia de los Derechos de Exportación”, suma el informe de FADA. Este jueves el economista Orlando Ferreres calculó que, producto de las retenciones y el atraso cambiario, el dólar que tendría que recibir el sector agropecuario debería ascender a 1.607 pesos. Por lo pronto, el Gobierno asegura que no hay atraso y que las retenciones no es momento de eliminarlas.

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