Fue un espectáculo inhumano y cruel. Sucedió en las vísperas de las elecciones presidenciales y significó el derrumbe de varios paradigmas del kirchnerismo. Uno de ellos consistía en que no se debe hablar de la inseguridad para no estigmatizar a la supuesta delincuencia que impulsa la crisis económica. Dicen que tampoco se debe debatir sobre el tráfico y consumo de drogas en un país estragado por los negocios y las adicciones de sustancias ilícitas. Y que, por el contrario, se debe reivindicar la violencia armada de los años 70. Confundir lo correcto con lo incorrecto o leer al revés las lecciones de la historia condenó a los argentinos a vivir en un mundo donde fueron posibles seis muertes violentas en apenas tres días, entre el miércoles y el viernes últimos. El país ingresó de pronto en una potencial guerra civil, sobre todo en Rosario y en el conurbano bonaerense, aun cuando el mismo clima se vive en cada uno de los conurbanos que rodean a todas las capitales provinciales. Hay más supersticiones con pésimos resultados. ¿Ejemplo? El kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años; desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, la dirigencia gobernante convirtió a las fuerzas de seguridad en un enemigo del que debe desconfiarse y al que es mejor reducir hasta la inexistencia. Las consecuencias son tangibles.

Sin duda, la muerte más impactante de los últimos días fue la de Morena Domínguez, en Lanús, porque se trató de una niña de 11 años, de condición humilde, cuya vida fue arrebatada cuando estaba por ingresar a una escuela. Cayó abatida por un par de lúmpenes que, según la versión de los vecinos, habían estado drogándose durante toda la noche y necesitaban dinero fácil y urgente para comprar más droga. A Morena le robaron la mochila con un celular barato. Un día después murió en Morón el cardiocirujano Juan Carlos Cruz, de 52 años, que nació en un barrio también muy humilde y vivía entre pobres. Lo mataron cuando no le quiso entregar a un grupo de ladrones las llaves de su modesto automóvil. Al día siguiente, Nelson Peralta, de 56 años, cayó muerto a balazos en Guernica, cabecera del partido Presidente Perón, cuando trató de impedir que una banda de delincuentes ingresara a su casa por la ventana del dormitorio. Era un profesor de Educación Física jubilado, que vivía mal, como viven todos los jubilados. El viernes fueron fulminados también por balaceras al voleo un remisero y un changarín en Lomas de Zamora. No se trata, como es fácilmente advertible, de una lucha entre distintas clases sociales, sino de una guerra de pobres contra pobres. El sexto muerto fue Facundo Molares Schoenfeld, de 47 años, que murió de un infarto cuando la policía trataba de reducirlo en medio de una manifestación de la izquierda en pleno centro de la capital del país. Molares Schoenfeld había pertenecido a las FARC, el viejo grupo guerrillero colombiano, organización armada de la que llegó a ser uno de sus jefes y en cuyo nombre cometió atentados y un espectacular secuestro. Fue gravemente herido de bala por la policía de Bolivia en los acontecimientos que terminaron con la presidencia de Evo Morales. Esas heridas le dejaron a este profesional de la revolución una enfermedad crónica en el corazón. El oficialismo ignoró las otras muertes y se detuvo solo en la de Molares Schoenfeld; los medios de comunicación oficiales, sobre todo la televisión estatal, pusieron especial énfasis en la inverosímil culpa del precandidato presidencial de la oposición Horacio Rodríguez Larreta. Nunca hicieron referencia a la enfermedad prevalente del manifestante. Molalres Schoenfeld libró una mortal refriega con la policía capitalina, que está bajo la jurisdicción del jefe porteño y precandidato. El oficialismo trató en el acto de sacar réditos electorales de esa circunstancia. En la mañana del viernes, grupos de izquierda convirtieron al centro de la Capital en un escenario de furia, fuego y descontrol por la muerte de Molares Schoenfeld. El kirchnerismo y la izquierda hicieron su primer ensayo de unidad para combatir a Juntos por el Cambio.

Un aspecto grave del conflicto es la frivolidad con que el oficialismo trató el escándalo de la inseguridad. El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, se desvinculó de la muerte de Morena Domínguez y señaló: “No tengo por qué meterme en ese caso”. Mal que le pese al ministro, cualquier episodio de inseguridad en el país es de su incumbencia, aunque la jurisdicción sea de otro. El responsable directo de combatir la inseguridad en Lanús es el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que sorprendió con otra superficialidad: “La inseguridad es fácil de resolver”, aseguró horas después del crimen de Morena. Si es así, ¿por qué Berni no resolvió la insoportable inseguridad en el conurbano bonaerense después de casi cuatro años de gestión al frente del ministerio pertinente? ¿Acaso insinúa que quiere resolverlo, pero que no lo dejan? ¿Puede suponerse que así lo entendió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien por primera vez le respondió públicamente a Berni? El conurbano bonaerense es un conglomerado poblacional con innumerables facetas, con vastas zonas bajo el poderío delincuencial del narcotráfico y definitivamente abandonado a la buena de Dios. Compite con Rosario por el liderazgo del delito en el país. En la ciudad santafesina se registraron ya 168 muertes violentas en lo que va de 2023, casi una muerte por día. Rosario fue noticia nacional (e internacional) cuando el narcotráfico atentó contra la familia política de Messi, pero luego dejo de serlo, a pesar de que nunca cesó ahí la letanía del crimen. También hubo en Rosario indiferencia de las autoridades nacionales, sobre todo porque administra esa ciudad un intendente, Pablo Javkin, de la coalición opositora de Juntos por el Cambio.

La muerte de Morena sucedió en Lanús, donde gobierna Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio. El kirchnerismo estaba a punto de usar políticamente esa coincidencia cuando sucedieron las muertes del médico Cruz en Morón, gobernado por el kirchnerista Lucas Ghi, un heredero político del hipercristinista Martín Sabbatella, y la del docente jubilado Nelson Peralta, en Guernica, cuya intendenta es la también oficialista Blanca Cantero. Lo primero que debe subrayarse es que la seguridad no está bajo la jurisdicción de los intendentes. Algunos alcaldes tienen en la provincia de Buenos Aires oficinas que monitorean la situación de la seguridad en sus distritos, pero estas carecen de facultades para enfrentar a los delincuentes o para usar armas de fuego. El monopolio de la fuerza está en poder absoluto de las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales; es decir, del Presidente y de los gobernadores, no de los intendentes. La segunda responsabilidad en cuestiones de seguridad (o una responsabilidad paralela) le corresponde a la Justicia, llena de funcionarios colonizados por una doctrina excesivamente garantista. Para ser precisos: es una doctrina más bien abolicionista del Código Penal que garantista. La puerta giratoria existe en la provincia de Buenos Aires; de hecho, la mayoría de los delitos que se cometen en su territorio son perpetrados por personas que estuvieron presas, fueron rápidamente liberadas y que deberían seguir presas.

Los Kirchner se negaron siempre a reconocer al narcotráfico como un problema nacional. No hay registro de un solo discurso del matrimonio presidencial (ni de Alberto Fernández) que haya nombrado al narcotráfico como un conflicto serio. Voceros kirchneristas han explicado durante 20 años que el narcotráfico es un problema de los Estados Unidos que no tiene por qué ser importado por la Argentina. Ningún kirchnerista entendió nunca que el tráfico y el consumo de drogas pueden ser un problema norteamericano, pero son también un problema argentino, y lo son de manera creciente. La devastación del narcotráfico fue denunciada ya varias veces por la conducción de la Iglesia y por la propia Corte Suprema de Justicia.

Acción u omisión tienen su precio en el ejercicio de la política. La obsesión de los Kirchner por convertir en héroes a los protagonistas de la violencia de los años 70 solo habilitó la violencia actual. La falta de una acción responsable de parte del Estado frente al desorden en el espacio público terminó con otro muerto. Y la indiferencia oficial frente al delito y el narcotráfico concluyó abruptamente con seis vidas en un infame puñado de horas.