La reunión de hoy en la Casa Rosada, en la que la mayoría de los gobernadores firmaron un Pacto Fiscal con el presidente Mauricio Macri, no trajo acercamientos entre San Luis y la Nación. Y otra vez el problema central fue el desconocimiento del gobierno nacional de la deuda que mantiene con la Provincia, razón por la que el Ejecutivo puntano rechazó firmar el documento. De todas formas se abrió una instancia de diálogo: en una reunión que se realizaría en diez días en Buenos Aires, el gobierno provincial buscará soluciones a sus planteos y reclamos.

En la reunión del mediodía con los mandatarios provinciales, Macri logró el compromiso para bajar déficits, eliminar impuestos internos, y la eliminación de los juicios de los distritos en contra de la Nación. Allí apareció el contrapunto insalvable con San Luis.

La Provincia ya tiene un juicio ganado con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a fines de noviembre de 2015, por la quita de la coparticipación federal: la Nación debe pagar unos 18 mil millones de pesos a valores de hoy. Además hay otros 14 juicios en trámite del Ejecutivo puntano contra la administración nacional.

Para hacer "borrón y cuenta nueva", como pretendía con el nuevo Pacto Fiscal, Macri y sus ministros ofrecieron a las provincias 5 mil millones de pesos a pagar en 2018 y otros 12 mil millones en 2019, todo en bonos a diez años. De ese total, a repartir por los coeficientes de coparticipación, a San Luis le tocarían poco más de 2 mil millones. El gobierno puntano reclamó 42 mil millones para levantar todos los juicios.

El vicegobernador Carlos Ponce representó al gobernador Alberto Rodríguez Saá (expuso hoy en Barcelona). Acusó al gobierno nacional de ejercer "una suerte de discriminación" contra la administración puntana.

Acompañado por la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, Ponce se quejó de que dos horas antes de la reunión, recibieron la condición de que debían desistir de las demandas contra la Nación por los montos en bonos. "Ésa fue una de las razones por las que San Luis no pudo firmar este acuerdo. Con todo este acuerdo le resolvieron o acomodaron las cuentas a la provincia de Buenos Aires, que reclamaba el 10% de Ganancias. Hoy se está llevando 105 mil millones".

Explicó que con la compensación ofrecida por la Casa Rosada, San Luis recuperaría casi el cinco por ciento de todo el monto reclamado.

Para el vicegobernador puntano, hubo una "cuestión política" detrás de este tratamiento discriminatorio hacia San Luis. "Es más, hasta por momentos sentí que hubo aprietes con respecto a que no firmábamos este acuerdo. Si no firmábamos, era como que la provincia de Buenos Aires iba a venir contra San Luis. Fue una situación incómoda y no se entendió todo el esfuerzo que estaba haciendo San Luis".

Por la tarde, Ponce y Zabala Chacur se reunieron con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, a quien le presentaron una agenda de temas en los que el gobierno puntano busca avanzar. Además el vicegobernador le aclaró a Frigerio, tras el reclamo en la reunión matutina de que "no hay diálogo con San Luis", que la Provincia está dispuesta a dialogar, y le recordó los pedidos de audiencia al Presidente hechos por el Gobernador y el senador Adolfo Rodríguez Saá, que no fueron atendidos.

Obviamente el reclamo central fue la deuda de la Nación. "Quedó claro que primero hay que definir el cumplimiento por parte de la Nación del fallo firme de la Corte, para después poder hablar de los otros juicios y buscar una solución. Las posibilidades están abiertas; el propio Frigerio me ratificó que está la posibilidad de que después San Luis pueda firmar el Pacto Fiscal", dijo Ponce.

El vice agregó que también propusieron hablar de temas como el decreto 699 de Promoción Industrial, obras que están inconclusas, la devolución de fondos por otras obras nacionales que fueron finalizadas por la Provincia, y la cesión de una parte del parque Nacional Sierra de Las Quijadas para restituir las tierras que reclaman los pueblos originarios, entre otros.

El compromiso fue retomar esta agenda en diez días, en la Casa Rosada. Y los tiempos apremian: el próximo martes vence el último plazo que la Corte Suprema le dio a la Nación para presentar una forma de pago por el juicio que ya tiene sentencia.