El proyecto costó 10 millones de pesos y fue llevado adelante con el aval del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante. El mismo consta de una página que intenta articular a estos distintos organismos para agilizar trámites, aunque actualmente no funciona y probablemente tampoco lo haga en el futuro. Entre ellos se encuentra la Autoridad del Agua (AdA), cuyo presidente es Pablo Rodrigué, y la dirección provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT).

El gestor de este proyecto fue Bernardo Herrero, un consultor privado vinculado a Cambiemos que no solo es jefe de Asesores de AdA sino que también está directamente relacionado a “Go! International”, una consultora fantasma que se encargó de desarrollar el sistema Bizagi para AdA.

Bernardo Herrero y Pablo Rodrigué sostienen diversos negocios juntos, en una vinculación política y económica de público conocimiento, con directo aval de la gestión provincial. Uno de los negocios más escandalosos que mantendrían en conjunto es el inmobiliario. Por solo citar un ejemplo, para montar un country privado o una industria se requieren permisos de utilización de agua (por parte del AdA), el certificado de aptitud ambiental (OPDS) y el certificado de factibilidad de urbanizaciones cerradas y cambio de uso de suelo (ambos se expiden en DPOUT).

Al estar estos organismos articulados dentro del proyecto P3, la consultora de Herrero se encargaría de mediar y facilitar los trámites a cambio de una generosa suma.

Además, Dante Galeazzi, quien fue designado por la gobernadora María Eugenia Vidal como director de provincial de Ordenamiento Urbano en junio de 2017, es yerno Eduardo Constantini, del principal desarrollador urbanístico de Nordelta.

Ante estas maniobras escandalosas, DPOUT fue reubicada nuevamente en la jefatura de Gabinete y se designó a Agustín Sánchez Orondo como nuevo director

Como si esto no fuera poco, también logró ingresar a la administración bonaerense un familiar deIgnacio Sánchez Sorondo, abogado de Eidico, firma conocida en Luján al quedar involucrada en el escándalo que en 2013 cubrió la fallida aprobación del COU, con una zonificación a medida de un proyecto que pretendía impulsar en la ciudad.

El caso más conocido de denuncia contra la empresa radicada en Tigre se relaciona con el emprendimiento San Sebastián, de Pilar, denunciado por ocupar el valle de inundación del río Luján.

A todo esto, Agustín fue el vicepresidente de AdA en el escándalo de Luján.

El P3 no sólo es un negociado sobrevalorado para los desarrolladores de software, sino que encubre un gran escándalo inmobiliario que, todavía, pareciera no haber pasado el filtro de Vidal.