RP.- El municipio apeló el fallo del juez Árias que prohíbe la instalación de cámaras de seguridad en cercanías de las escuelas. ¿Qué postura tomaron al respecto?

Esta medida es absolutamente contradictoria al paradigma con que nos obliga la normativa vigente. Vigilancia no es sinónimo de seguridad. Claramente, según el municipio, para garantizar la seguridad hay que resignar algunas libertades. Y lo que nosotros decimos es que esos son principios con los cuales no estamos de acuerdo.

En nuestra historia, y en la de otros países del mundo, estas medidas han llevado a situaciones nefastas. La función del estado es garantizar seguridad pero defendiendo y protegiendo derechos, no resignándolos. Cuando admitimos que para estar más seguros tenemos que resignar algunas libertades, como el derecho a la imagen o a la libertad de tránsito, estamos entrando en un paradigma con el cual nosotros no estamos de acuerdo.

RP.- ¿Qué creen que tiene que hacer el gobierno municipal?

Acá el desafío que tiene que tomar el estado es brindarle seguridad a los niños, niñas y adolescentes, pero sin vulnerar sus derechos.

El municipio dice que no tiene intención de vigilar a nadie ni de estigmatizar, ni mucho menos de proveer esas imágenes constituyendo prontuarios en las comisarías. Si realmente es así, no entiendo por qué el municipio va a apelar el fallo. Si efectivamente no se quiere vulnerar derechos, no se quiere vigilar a los niños, no se lo está poniendo como potencial sospechoso de una comisión de delito, entonces no hay motivos para apelar el fallo del juez.

RP.- El oficialismo ha fundamentado la utilización de las cámaras como un sistema de prevención. ¿Ustedes sostienen que no sirven?

No pasa por una cuestión de cámaras sí, o cámaras no. La verdad es que es una discusión que no se está dando en este momento. El propio juez admite que hay lugares en donde es factible la instalación de cámaras y pueden ser útiles, como los lugares de tránsito de público.

No estamos demonizando las cámaras. Acá lo que estamos discutiendo es la orden precisa de un juez que está pidiendo que no se vigile a los niños y niñas que van a las escuelas, porque se está incurriendo en una vulneración de derechos que resulta mayor de la que supuestamente se quiere proteger.

RP.- ¿Qué proponen desde tu espacio para cuidar a los niños en las salidas de las escuelas?

Hay una ley vigente en la provincia de Buenos Aires y no se está implementando. El desafío es implementar esa ley que ya está y crear los mecanismos necesarios que apuntan a preservar los derechos de los niños, con operadores de calle y actores sociales que trabajen en esta temática.

Pero suponer que la cámara de vigilancia reemplaza la presencia del estado, es algo con lo cual no estamos de acuerdo. La cámara de vigilancia puede servir para otras cosas, pero no para brindar seguridad.