Lázaro Báez acumula deudas y despidos, pero la Justicia todavía no pudo ponerlo en aprietos. La investigación principal, en manos del juez Sebastián Casanello, conocida como la “ruta del dinero K” arrastra un talón de Aquiles jurídico: la falta de un delito precedente. Las investigaciones abiertas sobre evasión fiscal, a través de la compra de facturas truchas, mantenían una luz encendida. Pero el polémico juez Norberto Oyarbide decidió apagarla. El magistrado sobreseyó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en la que estaba acusado de encubrir a Báez. La decisión, según fuentes judiciales, no fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán.

La decisión de Oyarbide, en un expediente que habían iniciado las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, podría tener un efecto devastador. Ocurre que Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto, que ahora perdería vigencia por el efecto de cosa juzgada. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión.

Si eso ocurre, el juez de la ruta del dinero K quedaría impedido de investigar la estructura de encubrimiento estatal a favor de Báez. Además, la causa podría emigrar a Bahía Blanca, donde están radicadas las empresas que le habrían facilitado las facturas a Austral Construcciones. Se trata de Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios, tal como había revelado el diario La Nación.

Las causas donde se investigaba el encubrimiento de la maniobra de evasión, en este caso el delito precedente, eran la llave para imputar a Báez por lavado de dinero. Casanello había resuelto ese laberinto de otra manera: cuando procesó a Leonardo Fariña y Federico Elaskar los vinculó con las denuncias de narcotráfico de Juan Suris.

La denuncia de Alonso y Bullrich había tenido un fuerte impulso del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien llegó a decir que había “indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez”. Y le apuntó al entonces titular de la AFIP, un hombre que tiene una fuerte protección en Comodoro Py. “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles”, sostuvo por entonces el fiscal Moldes.

El actual presidente de la AGN también estaba acusado de haber desarmado la regional de la AFIP en Bahía Blanca, a la redujo a “agencia”, justo cuando se investigaba la venta de facturas truchas.

Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.