Las viejas tragedias no se rinden ni ante una pandemia ni dejan de existir porque que se las corra del foco de atención. Son antiguas, duras y no paran de golpear. Las muertes de tres niños wichi en Salta muestran que la urgencia de esas comunidades no llegan a ser atendidas. Con un año y tres meses, el miércoles 25 un bebé de la comunidad de Las Vertientes Chicas, a 50 km de Santa Victoria Este, murió por deshidratación a causa de un cuadro de vómitos y diarrea, mientras que un niño de año y medio murió por desnutrición en Santa María. Sólo en 2020 ya murieron por causas evitables trece niños indígenas en esa zona.

Pedro Lozano, secretario de Obras Públicas del municipio de Santa Victoria Este y referente, le dijo a la periodista Álvarez Chamale de El Tribuno que “se necesita más presencia de los agentes sanitarios para pasar la información a los médicos. La casa está a 50 km del hospital y no había forma de llegar. El niño tuvo mucho vómito, se deshidrató. Es gente que no tiene qué comer, la semana pasada estaban repartiendo bolsones por la zona pero no llegaron a esta comunidad. Pasa que hay dos comunidades que se llaman Las Vertientes, una que está al este de Santa Victoria Este y otra que está al sur. Esta es la que no recibe nada y donde más gente se muere"

Algunos referentes se quejan de que los agentes sanitarios no llegan a esas comunidades y que no hay supervisores que estén alertas de ese trabajo. El viernes 27, la hermanita de cinco años del bebé de Vertiente Chica también falleció, antes logró ser trasladada al hospital de Santa Victoria Este y por la gravedad del cuadro en el traslado al hospital de Tartagal finalmente murió.  

Ya en enero el gobernador Gustavo Sáenz, sucesor de Martín Urtubey, declaró en los departamentos de Rivadavia, San Martín y Orán la emergencia socio sanitaria. Sin embargo, tres muertes infantiles en tres días evidencian los problemas para gestionar esa emergencia. Desde el gobierno provincial expresaron su dolor y una suerte de autocrítica por parte del ministro Ricardo Villada que, en conferencia de prensa, relató que se ocuparon del tema con el gobernador para hacer una evaluación: “Vamos a fortalecer la presencia de los agentes sanitarios en la zona. El control debería haber sido mucho más estricto y no lo ha sido. Como consecuencia no hubo seguimiento y esto fue lo que ocasionó, seguramente, la falta de atención a los niños”. 

Desde enero, el fiscal de Tartagal Pedro Cabot se encuentra investigando la posible comisión de delitos por parte de funcionarios estatales, el 8 de marzo le explicó a Tiempo estaban analizando cada caso en particular, “porque en los fallecimientos hubo distintas personas que intervinieron. Están los médicos, los encargados de traslados, enfermeros y agentes sanitarios, y también están los de la organización de cada comunidad que se encargan de los controles, y el reparto de la mercadería. Tenemos que ver qué ocurrió en cada situación”.