La “Gestapo” antisindical, que operó durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y que fue bautizada de esa manera por el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, no se limitó a aquella reunión tan sonada en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) a mediados de 2017, ni a la participación del propio Villegas y otros funcionarios menores. La organización dedicada a armar causas judiciales contra sindicalistas parece haber tenido una existencia prolongada. Al año siguiente, altos funcionarios del gabinete de Vidal, incluido su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, se reunían asiduamente con un juez federal, con el entonces titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y con los hermanos Mahiques.

Esas reuniones parecen haber formado parte de una etapa posterior en la que ya no era necesaria la intervención de Villegas o de empresarios, sino que se conformaban con representantes del ámbito judicial, tanto de la cartera a cargo de Ferrari como de los sistemas penitenciarios federal y provincial, y del propio Poder Judicial.

Además del exministro, se sentaba a esa mesa el entonces subsecretario de Política Penitenciaria de la gestión Vidal, Juan Baric, responsable máximo del cableado de alcaidías para espiar a detenidos, entre los que iban a estar los representantes sindicales Pablo y Hugo Moyano. Baric no sería castigado, sino premiado por esa acción: Mauricio Macri le asignó un cargo de juez federal en La Pampa.

También estaba en esos cónclaves el segundo al mando de Ferrari, el exviceministro Adrián Grassi, quien sí había estado presente en la reunión en la sede del Bapro cuya filmación se halló entre los videos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Otros participantes eran el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses, y el subsecretario técnico y administrativo del Ministerio de Justicia, Santiago Ávila. Los casos de Ávila y Areses son llamativos por una cuestión adicional: aún hoy ambos siguen en sus puestos, por razones difíciles de entender.

¿De qué se hablaba en esas reuniones? ¿Sería Grassi el nexo entre los distintos estamentos de la “mesa judicial”, que incluía a Villegas, a empresarios y a agentes de inteligencia? ¿La presencia del juez tenía que ver con la necesidad de recabar instrucciones y brindar informes?

El círculo de la “Gestapo” vidalista parece expandirse con la inclusión de funcionarios como Ávila y Areses, quienes en principio no figuraban en la lista de miembros de esta “mesa judicial”, y del propio Ferrari, aunque la presencia de su viceministro en la ya famosa reunión en el Bapro no dejaba mucho espacio para pensar que no tuviera conocimiento de lo que se cocinaba en las sombras por parte del gobierno bonaerense durante esos años.