Además del juicio donde está sentada la expresidenta Cristina Kirchner, hay un proceso oral que se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py que concentra la atención de muchos actores de la política. Es el de la causa conocida como Oil, donde se acusa al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, de defraudar al Estado mediante la implementación irregular de planes de pago para el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a la empresa Oil Combustibles.

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 3 y que tendrá una nueva audiencia este jueves, todavía tiene un largo camino por delante.

Esta causa tuvo sus momentos de alta tensión, en primer lugar, cuando López y De Sousa quedaron detenidos con prisión preventiva por orden del juez Julián Ercolini, por supuestas maniobras de "obstrucción de la labor de la Justicia". Luego, cuando quedaron libres por una decisión de la Cámara Federal. Poco después, cuando fueron detenidos nuevamente.

Pero ahora, desde el comienzo del juicio, cada una de las audiencias se vive con una dosis de tensión, convocatoria y expectativa que escapan a lo habitual.

Mientras los acusados se entusiasman con una eventual excarcelación e insisten en que se dará por probada su inocencia, las partes acusadoras se mantienen firmes en su hipótesis.

Y aunque en el banquillo de los acusados hay tres personajes de peso -por su protagonismo en la gestión anterior o por sus vínculos con Cristina Kirchner-, también son figuras importantes en el entorno de Alberto Fernández y de la expresidenta quienes llevan adelante sus estrategias de defensa.

De Sousa tiene como abogado al reconocido penalista Carlos Beraldi, quien se ocupa de los frentes judiciales de Cristina. López es representado por Fabián Lertora, y Echegaray designó a León Arslanian y Martín Arias Duval.

Se trata de figuras estrechamente ligadas a quienes encabezarían un eventual gobierno kirchnerista. Hasta se especuló, semanas atrás, con el nombre de Arslanian como un posible ministro de Fernández. El candidato presidencial mantiene, sin embargo, estricta reserva sobre los nombramientos que haría en el ámbito de la Justicia.

En la causa conocida como Oil se acusa a Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa de defraudar al Estado Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera

El propio Fernández tuvo que aclarar que una factura a su nombre detectada durante un allanamiento al Grupo Indalo había sido "librada por error", que había sido anulada y "jamás cobrada".

También acude a las audiencias el exjefe de gabinete Aníbal Fernández, que integra el equipo de abogados de Cristóbal López en cuestiones de derecho civil.

Este juicio comenzó el 13 de junio y desde su inicio mantiene una alta convocatoria. La sala de audiencias se ve colmada en cada fecha por la asistencia de trabajadores del canal C5N -señal perteneciente al Grupo Indalo-, por colaboradores de los acusados que se encuentran detenidos y por sus familiares.

Las últimas cuatro audiencias estuvieron abocadas a la declaración indagatoria de Ricardo Echegaray, a quien se lo acusa de haber adjudicado planes de pago particulares a la firma Oil a sabiendas de que -según la hipótesis acusatoria- en ese entonces (2010), la empresa no se encontraba en una situación financiera hostil, y que con esa maniobra el Grupo Indalo se hacía de recursos para financiar a otras empresas de su órbita.

Echegaray lleva adelante una defensa técnica y a su vez política, que luego deberá ser sometida a las preguntas del fiscal de juicio y de los abogados de la AFIP, querellante en el expediente. Según dijeron fuentes judiciales a este medio, se percibe como "muy firme" lo que sostiene el extitular de la AFIP, pero luego deberá ser cotejado con el material del expediente y evaluado.

En su declaración se hace énfasis en cuatro cuestiones: que los planes de pago eran legales, que no fue él el responsable de su certificación, que la gestión de Alberto Abad hizo caer los planes de la firma Oil para quebrar la empresa, y que, como los planes de pago eran una "política de Estado" del kirchnerismo, así se los brindaron a muchas compañías de otros rubros.

Echegaray dio los nombres de esas empresas e hizo énfasis en que la firma Iecsa, que entonces pertenecía al primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, también recibía planes particulares. También apuntó contra el actual titular de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Por otro lado, mientras las partes acusadas e incluso a través de algunos medios se transmitió que el resultado del peritaje contable sobre el estado de la deuda de Oil Combustibles "derrumba" la hipótesis acusatoria, fuentes judiciales que intervienen en la causa afirman que ese material -que indica que al finalizar el período analizado no había deuda líquida exigible- no refiere directamente al objeto procesal y que no se investiga el delito de evasión, sino cómo se otorgaron los planes de pago a la firma.

Cuando finalice la indagatoria de Echegaray y sus respectivas preguntas, llegará el turno de De Sousa y López para declarar. Fuentes de su entorno dijeron a este medio que ambos -cada uno por su lado- preparan extensas declaraciones, que podrían extenderse durante todas las audiencias restantes del año. También deberán declarar los testigos. Entre ellos, los funcionarios de la actual gestión de la AFIP, sobre quienes Echegaray ya dijo que "falsearon información".