Compromiso Federal, acompañado por el Frente Progresista Cívico y Social, justificó su rechazo en que el veto al presupuesto, que no fue total sino parcial, se realizó de manera incorrecta y hasta inconstitucional. Al respecto, Delfor Sergnese señaló que el veto parcial, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, solo puede realizarse si “no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado”.

“El decreto es ilegítimo y modifica sustancialmente el espíritu de la ordenanza que este Concejo Deliberante sancionó”, dijo Sergnese sobre el artículo que Ponce vetó, el cual le ponía un límite del 5% en la reasignación de partidas. “Queda una frase totalmente distintas y radicalmente opuesta a lo aprobado por el Concejo Deliberante. Esto es un absurdo, una ilegalidad. No está facultado el señor Intendente para modificar las ordenanzas y redactarlas de otra manera”, dijo el concejal, durísimo con Ponce.

Acto seguido, se redactó un proyecto de comunicación para informarle al Poder Ejecutivo Municipal que el veto no fue aceptado y que por favor publique la ordenanza promulgada por el Concejo. Esto fue aprobado, con el voto de Compromiso Federal y de los radicales, por 9 votos contra 5.

Y básicamente lo mismo ocurrió con el veto parcial a la tarifaria. “Esta modificación hace una acción legislativa en el sentido de que también modifica el objeto, porque lo que está avanzando es sobre lo que este cuerpo consideró la forma en que se calcula el tributo”, dijo Marcelo Amitrano. “El veto altera absolutamente el objeto y la forma de sanción que este cuerpo le dio a este artículo”, dijo, por su parte, la concejal radical Claudia Rocha. Y así fue como el veto, al igual que el anterior, fue rechazado por 9 votos contra 5.

Lo que sorprendió del tratamiento de los vetos fue la súper pasiva actitud de los concejales de Frente Para la Victoria, a quienes se los vio tan derrotados desde el comienzo que ni siquiera se molestaron en defender los vetos y proyectos de Ponce.

Lo que es más, cuando llegó el momento de debatir el proyecto de emergencia económica, José Luis Dopazo rápidamente pidió que se pase a votar el tema, sin argumentar nada a su favor. Obviamente, esto no se le pasó por alto al concejal Sergnese. “¿Sin fundamentos, concejal? Concejal, esfuércese un poquito y explique”, le dijo el hombre de Compromiso Federal al presidente del bloque Frente Para la Victoria.

“Creo que es sobreabundada la cuestión. Son los mismos fundamentos que se han dado en la provincia de San Luis para aprobar la emergencia económica”, fue la más que tibia respuesta de Dopazo a la provocación de Sergnese.

De igual manera, se terminó generando un debate, durante el cual saltó el famoso juicio Arancibia – Bernáldez, el cual ha agobiado a todas las gestiones municipales desde 1974 y que le podría costar al municipio alrededor de 30 millones de pesos. Al respecto, Dopazo recordó que este caso se inició durante una dictadura militar y que ha tenido en vilo a varias gestiones, incluyendo varias pertenecientes al oficialismo provincial.

“El sentido es armonizar el interés general con el interés individual, buscando priorizar el interés del colectivo social, de la comunidad. Debemos declarar el Estado de emergencia desde esa óptica”, dijo al respecto el concejal radical Francisco Guiñazú, quien esta vez no acompañó a Compromiso Federal.

El radical señaló que hay fallos del Superior Tribunal de Justicia que dicen que las leyes de emergencia económica son inconstitucionales, pero que no aprobar este proyecto significaría “sacar el escudo protector que tiene la ciudad de San Luis”.

Sin embargo, el plan de Compromiso Federal no era rechazar la emergencia económica, sino limitarla a tres meses en vez de un año. Esto se debe, señaló Sergnese, a que “el Poder Ejecutivo Municipal no sabe cuántos juicios tiene, pero pide la emergencia económica en base a la cantidad de juicios”.

“Primero habían dicho que eran 7 juicios en el presupuesto, y después nos informan que eran 12, por un valor de 4,5 millones de pesos más intereses, incluido el juicio este de Arancibia - Bernáldez. Después salió a hablar de que debía 40 millones pero acá al Concejo informaba cuatro y medio”, dijo el opositor, ejemplificando su afirmación.

Un afiladísimo Sergnese continuó su alocución dando un informe sobre los juicios en los que la Municipalidad ha sido demandada, asegurando que la cifra asciende a 301, 81 de los cuales estuvieron en trámite durante 2014. “Señor Intendente, tómese estos tres meses, mande a los abogados municipales que tiene a controlar un poquito los juicios”, chicaneó el edil.

Finalmente, el proyecto se sometió a votación y hubo un empate 7 a 7, con Compromiso Federal por un lado y el Frente Para la Victoria, los radicales y el comunista Gustavo Rojas por el otro. Por ende, le tocó desempatar a la presidenta del Concejo, Zulema Rodríguez Saá, quien lo hizo a favor de Compromiso Federal, limitando la emergencia a hasta el 31 de marzo de 2015.