Ahora, sin Ciudad de Córdoba como prestadora del servicio, la comuna también benefició a las privadas haciéndose cargo de manera completa de más de 800 salarios correspondientes al mes de julio pese a que esos empleados ya pertenecen formalmente a las dos firmas. Con el argumento oficial de evitar posibles medidas de fuerza por parte de los choferes luego de que Ciudad de Córdoba informara que no podría pagar los sueldos, la gestión del intendente Ramón Mestre asumió el costo. Se hizo cargo de abonar parte del adelanto que quedó debiendo la empresa, una suma fija de 1.100 por chofer, y ayer depositó el resto de dinero para completar los sueldos. Si bien la secretaría de Transporte no informó el monto erogado en ese concepto, se estima que la Municipalidad abonó casi unos nueve millones de pesos sólo en sueldos, siempre suponiendo que, parte de lo ya percibido por los trabajadores entre el 20 y el 22 de julio en concepto de adelanto, haya sido pagado con recursos de Ciudad de Córdoba y no con fondos también de las arcas municipales. Esta decisión política es una de las tantas que favoreció al grupo de Juan Carlos Romero (propietario de la correntina Ersa) desde que pisó suelo cordobés. Cabe recordar que hace un año, además de entregarle las líneas que explotaba Tamse de manera directa y antes de que se lleve adelante la licitación, el municipio le otorgó un subsidio por 48 millones de pesos que fueron entregados en seis meses. Un beneficio exclusivo para Ersa y Autobuses ya que en ese momento Coniferal ni Ciudad de Córdoba percibían aportes municipales no reintegrables. Además, de manera inmediata, la UTE que funcionaba con permiso precario, comenzó a percibir los subsidios nacionales (unos 13 millones de pesos mensuales) que hasta entonces pertenecían a la Tamse. Luego, y tal como lo reveló este medio, se conoció que las nuevas prestadoras cobraron por algunos meses fondos nacionales correspondiente a ocho colectivos articulados que, en la práctica, eran operados por la empresa estatal. Recién cuando este diario junto con el programa ADN dieron a conocer esa irregularidad, el municipio reconoció que se trataba de parte de un acuerdo con las privadas. Aunque meses después el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, admitió que ese dinero no había sido retornado aún a las arcas municipales. Justamente, por ese supuesto desvío de fondos el intendente Mestre fue denunciado penalmente ante la Justicia. 

Con la salida de Ciudad de Córdoba del esquema de transporte público, el grupo Romero se queda  con aproximadamente el 70 por ciento de los servicios del transporte urbano de pasajeros. Un pronósitico que muchos anticiparon cuando el empresario desembarcó en esta Capital en el año 2011 a través de Lusa, la empresa que creó para hacerse cargo de la mitad de la recolección de residuos en la ciudad.Desde entonces, se sostuvo que el verdadero objetivo del empresario era pujar por la concesión del transporte; rubro que conoce bien ya que es uno de los principales prestadores del país.