El procesamiento que el juez Martín Bava acaba de dictar contra Mauricio Macri es el único que pesa sobre el expresidente. Las otras causas que tiene abiertas avanzan a paso lento en los tribunales federales de Comodoro Py.

Macri las adjudica a una “persecución del Gobierno” contra él, su familia y sus exfuncionarios. En ninguno de estos casos, todos ellos radicados en Comodoro Py, el expresidente fue indagado.

Municiones a Bolivia

Es una de las últimas causas iniciadas contra Macri y funcionarios de su entorno. El expresidente está imputado en este expediente, acusado del presunto contrabando de municiones a Bolivia. La causa se inició por una denuncia del Gobierno, que acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, en medio de la caída de Evo Morales y de la represión de las fuerzas armadas y de seguridad contra las protestas en La Paz. En la causa está probado que las municiones argentinas salieron del país en un avión militar, sin que la Fuerza Aérea las declarara en el manifiesto de vuelo.

Correo Argentino

El expediente judicial en manos del juez Ariel Lijo por la propuesta de pago que hizo la empresa Correo Argentino al Estado. Es uno de los que más preocupa a Macri, porque la compañía pertenece al holding de su familia. El expresidente está imputado en la causa pero no fue citado a indagatoria.

Lijo sí indagó, en marzo de 2019, al exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, al presidente de la firma Correo Jaime Kleidermarcher y al abogado de la compañía Jaime Cibils Robirosa. Dos años después, esa causa todavía no tuvo definiciones.

El juez Lijo pidió el informe sobre el patriminio de los Kirchner

Lijo recibió en febrero de este año el resultado del informe realizado por la Dirección de Asistencia Judicial y Delitos Complejos que depende de la Corte Suprema de Justicia (Dajudeco), que el juez había ordenado para determinar si el Ministerio de Comunicaciones aceptó una oferta abusiva en favor de la empresa de los Macri. Las conclusiones arrojaban que el acuerdo resultaba perjudicial para el Estado. Cibils Robirosa y Kleidermacher objetaron el informe, pidieron ser sobreseídos, archivar el caso y eventualmente realizar un nuevo peritaje contable.

Lijo hizo lugar a una parte de ese planteo y ordenó en marzo un nuevo estudio al equipo de especialistas en quiebras. La causa, por ahora, no tuvo definiciones sobre la situación procesal de Macri ni de su entorno.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi instruye el expediente donde se investiga si una estructura de sociedades vinculadas a la familia Macri compró los parques eólicos y los vendió obteniendo fuertes ganancias, utilizando como “fronting” a la firma Isolux-Corsan, que atravesaba una difícil situación financiera y había obtenido la concesión de los parques. El último eslabón en esa cadena de sociedades era Lares Corporation SPF, cuyo beneficiario final es Gianfranco Macri.

La Justicia busca reconstruir la estructura que se utilizó para invertir en los parques eólicos. De Giorgi envió exhortos internacionales para conseguir información sobre las sociedades, pero también intenta determinar la ruta que siguió el dinero invertido.

La primera medida quedó trabada por la falta de respuesta de España, donde está registrada Usir Internacional SA, una escala previa a las sociedades en Luxemburgo, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Sobre los fondos, el juez Martínez de Giorgi recibió hace más de un año información sobre una cuenta en Nueva York donde se movió dinero usado para la compra de los parques eólicos.

Peajes

En la causa por las supuestas irregularidades en la concesión de peajes, la Cámara Federal revocó los procesamientos exprés a exfuncionarios del macrismo que había dictado el exjuez Rodolfo Canicoba Corral. Ese caso quedó en manos del juez Daniel Rafecas, que ahora subroga el juzgado 6. Antes, durante su subrogancia en ese juzgado María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba y dictó la falta de mérito de los exfuncionarios Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Bernardo Saravia Frías.

Archivo

Se investiga en este expediente el proceso de renegociación de los contratos a las firmas AUSOL SA y Grupo Concesionario Oeste en el marco del cual los exfuncionarios “tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública”. La empresa Ausol perteneció a la familia Macri hasta que, en 2017, Sideco vendió su participación a Natal Inversiones, que ya controlaba un porcentaje de la empresa.

Presiones al Grupo Indalo

El expediente que preocupa al entorno de Macri y que más movimientos tuvo durante el último mes fue el que iniciaron los empresarios del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián de Sousa. Apuntan contra Macri, el parlamentario del Mercosur Fabián “Rodríguez Simón”, el empresario Nicolás Caputo, el extitular de la AFIP Alberto Abad y el exjefe de asesores presidenciales José Torello.

Fabián Pepín Rodríguez Simón.Enrique García Medina

La jueza María Servini pidió la captura internacional de Rodríguez Simón en esta causa, cuando el abogado informó que no regresaría a la Argentina mientras continuara la persecución -según sus palabras- en su contra. Las medidas de prueba ordenadas por Servini motivaron una serie de planteos de parte de los acusados, que objetaron la incorporación de las comunicaciones del expresidente y sus interlocutores a la causa. Macri buscó, a través de su abogado Pablo Lanusse, impedir que la jueza incorporara sus llamados a la investigación.

Espionaje Ilegal

La causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri avanzó, con un fuerte aval del kirchnerismo, mientras estuvo en los tribunales federales de Lomas de Zamora, en manos del juez Juan Pablo Augé y de la fiscal Cecilia Incardona.

Los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani están procesados por maniobras de inteligencia ilegal durante el gobierno de CambiemosArchivo

El expediente fue derivado a los tribunales federales de Comodoro Py y quedó en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Ya están procesados como responsables de una asociación ilícita los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a decenas de exagentes y exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal. En esta causa recibió la falta de mérito el secretario privado de Macri Darío Nieto, un hombre de su máxima confianza y a través de quien se buscó ligar al expresidente a las maniobras ejecutadas desde la AFI contra decenas políticos y periodistas, entre otros. Esa decisión judicial todavía debe ser revisada por la Cámara Federal porteña.

Mesa Judicial

La jueza Capuchetti también tramita la causa que investiga a la “mesa judicial” del gobierno macrista, en la que por supuestas presiones a jueces del fuero laboral fueron denunciados Macri, su exjefe de asesores José Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario general de Presidencia Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías, Gustavo Arribas, el expresidente de Boca Daniel Angelici, el exjefe de Gabinete Marcos Peña y el exministro de Trabajo Jorge Triaca.

Una de las últimas medidas adoptadas en esta causa motivó fuertes críticas de la oposición e incluso el llamado de atención de la Procuración General de la Nación, porque el fiscal del caso, Franco Picardi, pidió incorporar un informe realizado a partir de un rastrillaje por las redes sociales de los implicados. El informe fue calificado como un caso de ciberpatrullaje.