Por: Ana Gallego González.

Teléfonos y televisores inteligentes, cámaras de fotos, ordenadores y una larga lista componen el conjunto de artefactos tecnológicos que todos hemos comprado, usado y desechado alguna vez por el deseo de obtener un modelo superior o cuando llega su fecha de caducidad. La obsolescencia programada tiene que ver con la vida útil de los productos, de manera que estos se diseñan para que, en un espacio corto de tiempo, dejen de funcionar. Es un fenómeno con consecuencias devastadoras para el planeta en el que vivimos.

Hablando en cifras, la Asociación Mundial de Estadísticas de Residuos Electrónicos advierte que, solo en 2019, se produjeron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos y tan solo un 17,4% de ellos fueron recogidos y reciclados de forma apropiada. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar dónde va el porcentaje restante de productos que no se reciclan? La respuesta se encuentra en los países más pobres del mundo. Los cementerios de desechos electrónicos continúan proliferando en dichos países albergando todos los restos, tanto de las antiguas como de las nuevas tecnologías, provocando una situación cada vez más contaminante.

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La imagen representativa que se obtiene de un vertedero de basura electrónica es la de una espesa humareda negra que prolifera de las hogueras prendidas para quemar residuos electrónicos provenientes, principalmente, de Europa y Estados Unidos. Debajo de ese manto de humo se encuentran los principales damnificados, los trabajadores del vertedero que, en su mayoría, son adolescentes e incluso niños que intentan sobrevivir. Su principal objetivo es seccionar las piezas de los dispositivos y obtener metales como el cobre.

Las disyuntivas en torno a la existencia de este vertedero de residuos electrónicos son diversas. Por un lado, la falta de otros trabajos que proporcionen ingresos estables a los trabajadores y la inexistencia de infraestructuras para el tratamiento de dichos residuos electrónicos, de forma que minimicen el impacto medioambiental y los efectos nocivos para la salud.

La manipulación inadecuada de desechos electrónicos implica también una pérdida considerable de materias primas que, por otra parte, escasean y son de gran valor

James Fugar, portavoz de Medioambiente del Puerto de Tema en Ghana, cuenta que muchos de los aparatos electrónicos provenientes de Europa son clasificados como de segunda mano, sin embargo, la mayoría de ellos no funcionan, le faltan piezas. Su destino es el vertedero. Propone que se controlen los productos catalogados de segunda mano en los puertos de donde proceden. Es necesario el compromiso de todos los países exportadores de residuos electrónicos para crear infraestructuras en los lugares de destino que garanticen el tratamiento correcto y seguro de esos productos. La manipulación inadecuada de esos desechos electrónicos implica también una pérdida considerable de materias primas que, por otra parte, escasean y son de gran valor.

En lo que respecta al marco legal regulador, en 1989 se aprobó el Convenio de Basilea, un acuerdo global del medio ambiente en materia de desechos peligrosos negociado con más de 170 Estados. Este convenio tiene como finalidad regular los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y obliga a los países a que estos residuos sean tratados de manera responsable con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud. Sin embargo, este acuerdo no se materializa en la práctica y los desechos electrónicos siguen llegando a los países en vías de desarrollo sin control y sin contar con infraestructuras que garanticen el tratamiento responsable de estos residuos.

Se hace, por tanto, necesaria la implementación de una normativa legal que sí regule este tipo de acciones y que se aplique la economía circular, con el objetivo de reutilizar y no extraer nuevos recursos. Fomentar el lema de “los recursos no se extraen, se reutilizan”. La Comisión Europea anunció en 2020 el nuevo Plan de Acción para la implantación de dicha economía circular, el cual fija entre sus prioridades la disminución de los residuos electrónicos y plantea objetivos específicos como el derecho a la reparación y la instauración de un sistema de recompensa para promover el aprovechamiento de dichos recursos. Este plan se complementa con el Pacto Verde, elemento clave propuesto en 2022 por la Comisión Europea que persigue conseguir una economía global con bajas emisiones.

Debemos aplicar el lema de “los recursos no se extraen, se reutilizan”

En lo que respecta a España, el Real Decreto 27/ 2021, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008 y el Real Decreto 110/2015, establece mejorar la gestión de residuos de pilas y acumuladores, así como aparatos eléctricos y electrónicos. Entre los cambios que se introdujeron se encuentra la clasificación como residuo peligroso de materiales que contengan componentes como el litio o el establecimiento de objetivos de recogida estatal de la basura tecnológica, para así poder fijar metas específicas para determinados dispositivos y establecer un seguimiento de los residuos generados por cada uno de ellos. No obstante, a pesar de la actualización de la normativa española y su alineación con el Pacto Verde Europeo, según el informe de The Global E-Waste Monitor de 2020, España sigue produciendo cada año 19 kilos de basura electrónica per capita, fijando un total de 888 kilotoneladas y enviando una gran parte de dichos residuos a países africanos.

Por otro lado, el compromiso y la responsabilidad empresarial son determinantes para apostar por la fabricación de productos más sostenibles, es decir, aplicando la economía circular desde la primera fase de creación hasta la finalización del producto. El ecodiseño representa una nueva era más justa con el ecosistema.

Por nuestra parte, como consumidores, tenemos la obligación de cambiar la tendencia, es decir, no sustituir los aparatos electrónicos con tanta celeridad, intentar su reparación cuando estos se estropeen y, en última instancia, depositarlos en los puntos limpios habilitados para este fin.

Los países de renta alta tienen en sus manos la responsabilidad de tomar medidas para impedir esta lacra. Tenemos que abordar el cambio climático con cooperación global. No debemos estar ajenos a esta controversia que afecta cada día a un gran número de personas y al ecosistema en general. Debemos ser responsables ante nuestros actos, porque lo relacionado con la salud y el medioambiente no entiende de fronteras.