Por Ramiro Melucci.

No hay tregua. Primero fue la ley de pesca. Después la Zona Fría. Cuando la dirigencia política local sacaba pecho por esos triunfos, apareció la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte. Otra bomba a punto de estallar. Tic, tac, tic, tac. ¿Alguien logrará desactivarla a tiempo?

La decisión implica un boleto de colectivo aún más caro de lo previsto en todo el interior del país. En Mar del Plata, el tratamiento del aumento, que comenzó hace menos de 15 días en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, envejeció pronto: la cámara que agrupa a las empresas de transporte de pasajeros (Cametap) ya pide una tarifa plana a $ 1071,35 y el oficialismo reconoce que el estudio técnico de costos del municipio, presentado la semana pasada, es un papel rancio: se calculó sobre la base de la inequidad que imperaba en el reparto con el AMBA, no sobre la eliminación del Fondo Compensador; tampoco contempló el nuevo aumento salarial de los choferes ni el incremento gradual de los impuestos al combustible, que incidirá en el valor del gasoil.

“La incertidumbre es total. En este marco, no queda otra alternativa: vamos otra vez a una delegación de facultades para que el intendente decida con más agilidad los aumentos de boleto”, reveló un referente del interbloque oficialista.

Como se contó el domingo pasado en esta columna, la decisión del Gobierno nacional fue de alguna forma anticipada por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, a los intendentes que lo fueron a ver para quejarse de la distribución asimétrica de subsidios entre el interior y el área metropolitana. El funcionario les confirmó a los alcaldes –entre los que estaba Guillermo Montenegro– que se iba a cambiar el esquema: no se subsidiaría a la oferta, sino a la demanda. Es decir, no se otorgarían los fondos a las empresas para compensar sus costos, sino directamente a los usuarios que lo necesiten. La pista la dieron los propios jefes comunales en las declaraciones que hicieron a la salida de la audiencia: dijeron que no había certezas sobre el envío de fondos. Ergo, el secretario no se las había dado.

Lo que no imaginaban los intendentes era que todo iba a ocurrir de una semana a la otra. Pensaban que Mogetta les hablaba de un cambio de esquema enmarcado en un proceso gradual. Tal vez el funcionario, oriundo de Córdoba (una de las provincias afectadas por el recorte de los subsidios), les dio a entender eso. Pero el Ministerio de Economía –del que depende la Secretaría– lanzó un guadañazo sin siquiera dar detalles de cómo obtendrán el subsidio los usuarios que lo precisen. Pasa una y otra vez: un funcionario dialoguista dice una cosa y otro de mayor rango decide en función del ánimo presidencial. En este caso, fue Luis Caputo ejecutando la represalia contra los gobernadores por la frustrada ley ómnibus.

Gobernadores e intendentes de ciudades del interior, entre ellos Montenegro, entraron en desesperación. Del chat de los alcaldes salía humo el jueves a la mañana. Armaron a toda velocidad un comunicado conjunto en el que advertían que la medida directamente dejaría a sus localidades sin transporte, y amenazaron con ir a la Justicia. Si la decisión la hubiera tomado el kirchnerismo, la palabra discriminación no hubiera faltado en alguna declaración. Difícil conseguir un ejemplo tan claro.

“Vamos otra vez a una delegación de facultades para que el intendente decida con más agilidad los aumentos de boleto”, reveló un referente del interbloque oficialista.

La bomba se activó en una semana que ya venía enredada para el municipio. Sorprendió con el pago desdoblado al personal, que respondió con una retención de tareas. Para que se levantara pronto, apeló a un giro en descubierto del Banco Provincia. Por segundo mes consecutivo. Lo que no sucedía nunca empieza a hacerse costumbre. Ninguna medida de ahorro parece alcanzar en el reino de la inflación.

El gobierno local aduce un cóctel de adversidades. La recaudación no alcanza porque los contribuyentes tienen otras prioridades antes que pagar las tasas. El aumento que se decidió está por debajo de la inflación. Los recursos comprometidos por Nación y Provincia no llegan.

En ese contexto comenzó a regir la tasa vial. Tendrá allí un monto adicional (¿$ 4000, $ 6000, $ 8000 millones anuales?) para destinarlo al arreglo de calles y la construcción de asfalto. Deberá explicar y detallar muy bien la utilización de los fondos, como empezó a hacer el presidente del Emvial, Mariano Bowden, si pretende desterrar del todo la sospecha de que podrían destinarse a otros fines. Aunque se trata de un fondo afectado, no es usual que llueva plata en pleno incendio. El fantasma del Fondo de Promoción Turística, durante años utilizado por las sucesivas gestiones para un destino distinto al original, es un recuerdo recurrente en el Concejo.

Ninguno de aquellos temas fue la comidilla de cada reunión, cada café y cada almuerzo político en el inicio de la semana. Se hablaba en susurros del duelo tuitero que mantuvieron el presidente del PRO, Emiliano Giri, y el del comité de la UCR, Daniel Núñez. A cualquier desprevenido puede llamarle la atención porque el oficialismo se la pasa repitiendo que Mar del Plata es una isla. Que el ensamble del gobierno municipal, compuesto por funcionarios del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo republicano y otros aliados, es un caso digno para exportar. Que la alianza de hierro que forjaron el intendente y el jefe del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, no se rompe por más de lo que pase en el plano nacional.

En medio de esa idílica narrativa oficial, los presidentes de los dos principales partidos que forman la sociedad se dijeron de todo por redes sociales, en una pelea tuvo como prenda de discusión el posicionamiento partidario de cara al gobierno de Javier Milei.

Empezó el radical, que cotejó el decidido acompañamiento del PRO al proyecto libertario con el de La Cámpora a Cristina Kirchner. Siguió el amarillo: les pidió a los integrantes del interbloque oficialista del Concejo que reflexionen si era conveniente seguir compartiendo bancada con alguien que los compara con La Cámpora. Y fue más allá, al recomendar que los radicales debían renunciar a los cargos que tenían en el municipio, gobernado por un intendente del PRO. Núñez le achacó irresponsabilidad institucional por mentar una ruptura. Y luego todo desbarrancó: el radical terminó mandando al proctólogo al del PRO.

Lo que siguió tuvo dos planos. El público y el extraoficial. En el terreno de los medios, ambos volvieron a hablar maravillas de la coalición de gobierno en Mar del Plata. Casi como si no hubiera pasado nada. En el privado, los dos fueron desacreditados como emisarios del mensaje oficial: ni uno representó a Abad ni el otro a Montenegro; patinaron por su cuenta.

La discusión se inserta en un contexto en el que el PRO rumbea hacia una coalición con Milei y la UCR coopera desde una posición más distante. Y en el que Juntos por el Cambio ya no existe como marca en ninguno de los bloques del Congreso de la Nación ni la Legislatura bonaerense.

En Mar del Plata, es verdad que Montenegro sostiene su alianza con Abad. El reparto del gabinete sigue intacto. Los bloques oficialistas del Concejo votan en conjunto. Pero el posible rediseño de la política nacional, con una fusión de bloques en el Congreso, asoma como una nueva amenaza para el engranaje local. En un tiempo en el que, además, la sucesión del intendente empieza a despertar ambiciones, celos, rencores y rencillas personales entre potenciales aspirantes. Otro riesgo político para el segundo y último mandato de Montenegro.